Las graves consecuencias que produce la irresponsabilidad

Un lamentable episodio ocurrido hace pocos días con tres alumnos del Colegio Nacional de La Plata volvió a poner en un lugar protagónico los comentarios de la sociedad sobre el consumo de alcohol entre los menores de edad. Este reiterado problema, que no reconoce diferencias sociales ni económicas en la juventud, generalmente es tratado desde la óptica de la salud y la seguridad de las personas, en la mayoría de los casos enfocado hacia la sanción de normas protectoras y a la vez sancionatorias de los responsables, en el ámbito correccional.

No existen dudas sobre la primacía que esos enfoques guardan respecto de los restantes aspectos del consumo de alcohol por parte de menores -tales como su comercialización-, en tanto existen incontables ejemplos de luctuosos sucesos que la falta de control por parte del Estado y de los propios familiares puede llegar a generar en la comunidad cuando ésta no asume las cuotas de responsabilidad propias en el tema.

La noticia emitida por un matutino local señalaba que un bar-pool cercano al Colegio Nacional fue clausurado como consecuencia de la investigación iniciada por la Justicia de Menores a partir del episodio ocurrido en el establecimiento educativo, donde tres alumnos ingresaron a clase en estado de ebriedad y tuvieron que ser derivados a centros de salud por la sintomatología que presentaban. En tanto, dos menores debieron ser internados en el Hospital de Niños y un tercero fue atendido en una clínica privada. La crónica señalaba que cuando estaban por comenzar las clases del turno tarde del martes 3 de agosto pasado en ese colegio una preceptora detectó a dos alumnos -menores de 15 años- que no podían coordinar los movimientos y con un evidente estado de embriaguez. Después de que las autoridades del establecimiento se comunicaron con los padres de los chicos, los adolescentes fueron trasladados al Hospital de Niños, donde quedaron internados en el servicio de Toxicología. Un tercer estudiante, a quien no se le notaron los efectos de haber consumido alguna sustancia que alterara su estado durante toda la jornada de clases, fue hospitalizado por sus padres cuando llegó a su casa. Agregaba la noticia que, aún desconociéndose los resultados de los análisis clínicos que se les practicaron a los adolescentes -por lo que no se sabía a ciencia cierta qué sustancia produjo la intoxicación-, los médicos del Hospital de Niños descartaron que hubieran consumido drogas «de abuso» (ilegales), y de acuerdo con los cuadros que presentaron se presupone que combinaron psicofármacos con alguna bebida alcohólica (presumiblemente cerveza).

Esta noticia, que pronto puede quedar en el olvido -salvo para los afectados y sus familias-, patentiza una cruda realidad que trasciende las modas, esnobismos y «locuras propias» de la adolescencia, que el colectivo social a menudo analiza como «ese paso necesario de aprendizaje de las cosas de la vida» que los seres humanos debemos transitar para recibir nuestros diplomas de adulto. No es cuestión de sancionar leyes «secas» ni aumentar las penalidades de las ya existentes para que estos episodios no se reiteren. La solución radica en asumir las responsabilidades que cada individuo tiene asignadas por su calidad humana y actividad. Como ejemplo anecdótico se recuerda uno de los discursos inaugurales de la XIV Conferencia Nacional de Abogados, celebrada en Santa Fe a fines de octubre del pasado año, cuando se señalaba que no hace falta sancionar leyes más rigurosas, sino que bastaría con cumplir con las que existen para que nuestra sociedad comience a transitar por el necesario camino de la recuperación de la dignidad. Nuestro problema mayor reside en que no se cumplen las leyes. Este comentario seguramente ha sido escuchado o leído cientos de veces por cada persona que ya cuente con algunos años, pero a pesar de ello no terminamos de asumir seriamente que la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes previsibles e imprevisibles, e implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar.

La responsabilidad social y global requiere de todo lo antes mencionado, así como de la justicia, la humanidad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos. Algunos interpretan la responsabilidad como una carga y no logran verla como algo personalmente relevante. Creen conveniente proyectarla como si fuera el problema de otros, tal como considerarse exentos de encontrarse ante un drama como el vivido por los familiares de estos adolescentes, cuya inexperiencia los ha puesto seriamente en peligro. Estas personas no asumen sus responsabilidades, sin embargo, cuando se trata de sus derechos no dejan de reivindicarlos y exigir su satisfacción. Todas las personas cumplimos roles significativos en la sociedad. Este comentario apunta a examinar cuál es el grado de responsabilidad que mantiene hacia la sociedad quien comercializa alcohol o psicofármacos a menores de edad, tras la cortina de un simple acto de comercio o consumo y qué hacemos cuando somos testigos o tomamos conocimiento de esos hechos.

Reitero aquí la inquietud señalada entre los abogados en Santa Fe: ¿que sucedería si las leyes se aplicaran adecuadamente en casos como el apuntado? Debería llamarnos a la reflexión el egoísmo y la falta de solidaridad que aún encontramos en nuestra sociedad. Los chicos intoxicados en este episodio podrían haber sido nuestros hijos o los hijos del mismo comerciante que vendió bebidas alcohólicas a quienes no deberían consumirlas. Entonces, ¿sabemos realmente cuáles son los costos de la irresponsabilidad?

(*) Coordinador del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor