Las mínimas condiciones de estudio

«La ordenanza 1.123 es meramente de carácter declarativo, no establece reglamentaciones y deja librado a la buena voluntad del docente, que muchas veces no tiene la formación pedagógica necesaria ni los medios técnicos disponibles, adecuar su metodología de enseñanza en el espacio áulico según los casos de discapacidad que tenga, aunque no está especificado cómo», explica Mariela Pérez, del área de Bienestar de la ESI. Desde el grupo INCA, los alumnos con discapacidades y enfermedades crónicas y los docentes y no docentes que también participan, elaboraron un proyecto que apunta a lograr las adecuaciones académicas e institucionales que sean necesarias para garantizar las mínimas condiciones de estudio que requieren los alumnos que padecen discapacidades y enfermedades crónicas.

La ordenanza 1.123 dispone que «las evaluaciones académicas, parciales o finales, como así también los trabajos o actividades prácticas que deban desarrollar los alumnos de grado que presenten necesidades educativas especiales, originadas en discapacidad, deberán ser adaptadas metodológica y operativamente, por los responsables de la cátedra de que se trate, al tipo y grado de discapacidad que presente el alumno».

No obstante esta normativa deja aspectos sin reglamentar. «No se especifica en qué casos se consideran discapacidades, o cómo debe proceder un profesor cuando hay casos de enfermedades –transitorias o permanentes que en la práctica impiden a un alumno tener un cursado regular», explica Pérez, también docente de Servicio Social.

«Por eso el proyecto (del grupo INCA) trata de clarificar los derechos del estudiante, del docente y establecer una obligatoriedad de la Universidad para dotar de las herramientas pedagógicas para proveer en el aula. Son aspectos metodológicos que no modifican cuestiones centrales de la currícula».

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