“Las órdenes las daba Sobisch”, apuntó el fiscal Andrés Azar

Juan Thomes

NEUQUÉN (AN).- “Las órdenes eran dadas por el gobernador (Jorge) Sobisch”, aseguró ayer el fiscal Andrés Azar al pedir el sobreseimiento de todos los imputados en la causa Fuentealba II.

En el caso se investigan las responsabilidades conexas al asesinato del docente, que mañana podría ser cerrada.

Tras años en los que desde la querella, que representa a las hijas de Carlos Fuentealba, se insistió sin respuesta en que las órdenes del brutal desalojo de la manifestación docente del 4 de abril del 2007 fueron dadas por el gobernador, ayer finalmente el nuevo fiscal que asumió el caso lo reconoció.

Pero lo hizo para justificar por qué pidió el sobreseimiento de los entonces secretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y del exjefe de la Policía, el comisario general, Carlos Zalazar.

Azar aseguró en su extenso planteo que “las órdenes eran dadas por el gobernador Sobisch y Pascuarelli no tenía facultades para intervenir”.

Y agregó que el secretario “era un enlace con el Poder Ejecutivo” al igual que Zalazar.

Si bien el abogado querellante Gustavo Palmieri había solicitado imputar al exmandatario en la causa, en la audiencia de ayer no se avanzó con los pedidos de la querella dado que el debate se centró en si la causa caducó.

Esa definición será dada a conocer por la jueza Carina Álvarez mañana por la tarde.

Aunque destacar que como las partes no lo solicitaron, no se realizará ninguna audiencia para dar a conocer los argumentos, sino que solo se enviará el fallo por mail.

La magistrada tiene dos planteos opuestos para analizar.

Por un lado la jueza debe evaluar el requerimiento de la querella para que la causa siga viva, en oposición al de los defensores de los policías y la fiscalía que al unísono pidieron el sobreseimiento de los 15 imputados.

Para el fiscal se debe sobreseer a todos los imputados por la falta de pruebas en su contra.

Y entre sus fundamentos planteó, contradictoriamente, que en la acusación realizada por la misma fiscalía no se describió detalladamente los hechos que se le endilgan a cada uno.

Es por esto que solicitó el sobreseimiento por el vencimiento del plazo razonable para que sean juzgados.

Los defensores de los imputados centraron sus argumentos en que la causa venció por el plazo fatal del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se trata del mismo fundamento por el cual se sobreseyó a los condenados en la estafa al BPN, Temux.

Y enfatizaron que no solo se extinguió la acción penal sino que la insistencia de la querella “es una bandera gremial y no judicial”.

Para el abogado querellante, en tanto, la causa no puede considerarse caducada dado que remarcó que se trata de un delito cometido por el Estado y que por ende es una excepción al plazo fatal.

Gustavo Palmieri advirtió además que “si la fiscalía reconoce incongruencias en su propio trabajo debería proponer una corrección, reformular los cargos y no optar por el camino de la impunidad”.

Caso Fuentealba II