Las protestas aíslan La Paz

Actualizado a las 20:20

LA PAZ (AFP) – Miles de campesinos y mineros acentuaron la ocupación de La Paz, en un clima de creciente radicalización, para presionar la nacionalización de hidrocarburos, obligando al gobierno boliviano a hacer un llamado al diálogo por la pacificación del país. El centro de La Paz estaba envuelto en una nube de gas lacrimógeno con manifestantes que pugnaban por entrar a la Plaza Murillo, el centro del poder donde se ubican la casa de gobierno o Palacio Quemado y la sede del Congreso.

Las refriegas se extendieron a todas las calles céntricas, severamente resguardadas por policías antimotines con la orden de defender el Palacio y el Parlamento como si fuese una plaza fuerte, mediante el fuego graneado de bombardas de gas, lanzadas para alejar a los marchantes. Seis personas resultaron heridas de levedad en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, informó la independiente Asamblea de Derechos Humanos (APDHB). En medio de los desórdenes, con rotura de vidrios de automóviles y de ventanales de tiendas, el presidente Carlos Mesa se reunía en la casa de gobierno con sus asesores para analizar la delicada situación política del país, según su vocero, Osvaldo Candia.

El mandatario viajó esta tarde a Sucre, 740 km al sudeste de La Paz, para encabezar los actos cívicos de la capital de Bolivia. A menos de 300 metros del palacio campesinos y mineros gritaban «Mesa, carajo, Bolivia está caliente», pedían su renuncia y exigían la convocatoria a una Asamblea Constituyente. «Nosotros tenemos la mejor voluntad» de ir «otra vez al diálogo y al encuentro» con una convocatoria «a todos», declaró el ministro de la Presidencia, José Galindo. «Hay que conducir las demandas del país, hay que conducirlas buscando la unidad», reclamó Galindo, pieza fundamental del gobierno de Mesa.

«Si todos los bolivianos estamos de acuerdo con ir a ese encuentro donde sea, en la fecha que sea, hay que ir, y nosotros vamos a ir. Si quieren mañana, lo haremos mañana», puntualizó. En respuesta a la convulsión social, el mandatario reiteró en una entrevista al diario español El Mundo que no renunciará a su mandato, fijado hasta agosto de 2007, y que tampoco adelantará las elecciones. «Los movimientos sociales tienen una visión expresada de manera muy parcial y muy radicalizada por pequeños grupos con gran capacidad de vocinglería y de ruido. Pero no son masivos en el contexto de cómo entender un movimiento», dijo Mesa al defender la inversión petrolera en el país.

El presidente dijo que no firmó la reciente ley de hidrocarburos, promulgada por el Congreso, porque no le hace bien a Bolivia, pero que no la vetó «para evitar un descalabro del sistema democrático». Mesa rechaza la nacionalización de los hidrocarburos, que exige la Central Obrera Boliviana (COB), así como organizaciones sociales y campesinas, lo que le ha valido ser calificado como «un neoliberal y sirviente de las transnacionales». Las empresas petroleras califican la nueva ley como «confiscatoria», posición que es la antípoda de la que enarbolan los movimientos de campesinos y mineros que reclaman la nacionalización y ocupación de los campos de hidrocarburos.

La demanda de nacionalización parece haber rebasado las expectativas de algunos de los líderes populares, como el líder de los agricultores cocaleros y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, quien plantea aumentar de 18 a 50% el pago de las regalías por la explotación de los ricos yacimientos de gas de Tarija (sur). Morales llamó a defender la democracia boliviana con o sin el presidente y acusó al líder obrero Jaime Solares de alentar un golpe militar en Bolivia. Solares, máximo dirigente de la COB, declaró estar dispuesto a respaldar a «un coronel o un general», al estilo del presidente de Venezuela Hugo Chávez, que pudiera surgir como solución a la actual crisis política.

El dirigente, que reclama la nacionalización de los hidrocarburos, opinó que las Fuerzas Armadas «tienen que jugar un rol a todo nivel», aunque aclaró que no está buscando un golpe de Estado. La Iglesia Católica , por su parte, expresó su «profunda preocupación» por la crisis. «Estamos viviendo momentos de incertidumbre y de mayor enfrentamiento entre bolivianos», dijo el obispo de la ciudad de El Alto, monseñor Jesús Juárez. Juárez lamentó que «no se ha logrado espacios de real concertación y diálogo», antes de llamar a autoridades, políticos, líderes regionales y de organizaciones sociales a contribuir a la solución de la crisis.