Las tareas pendientes a 115  años de la creación de la Gobernación del Río Negro

 A partir de 1879 se produce la incorporación efectiva de la Patagonia al territorio nacional argentino. Era el punto de partida de un largo camino. Hasta ese momento existía una reivindicación basada en antecedentes históricos y jurídicos y un proceso de expansión de la frontera argentina hacia el sur que comenzó cien años antes, aún en tiempos de la colonia (1779), con la fundación del «Fuerte del Río Negro y Establecimiento de Nuestra Señora del Carmen».

La ley de Creación de los Territorios Nacionales Nº 1.532 fue sancionada por el Congreso el 16 de octubre de 1884. Dividió los territorios en las siguientes gobernaciones: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Chaco.

Define los límites de la Gobernación del Río Negro. Luego legisla sobre el gobernador y sus funciones; jueces de Paz y autoridades municipales, con sus correspondientes procedimientos electorales; juez letrado; Legislatura, y disposiciones transitorias.

El presidente Roca, en el mensaje con el que acompañó el proyecto de ley remitido al Congreso de 1883, decía: «Tratándose de zonas extensas que serán ocupadas bien pronto por una población laboriosa, y atento el espíritu de nuestras instituciones, es conveniente dictar una ley nacional que establezca las autoridades, fije sus atribuciones, reglamente su ejercicio y garanta (sic) a los habitantes las libertades y derechos declarados en la Constitución Nacional, como acertadamente se ha hecho en los Estados Unidos de Norte América».

Concebidos originariamente como una breve transición hasta que estas tierras fueran colonizadas y ocupadas efectivamente, siguiendo el modelo norteamericano, los territorios nacionales cubrieron sin embargo setenta y cuatro años de nuestra historia institucional.

¿A qué país nos incorporábamos?

Era la Argentina la expresión de una alianza de los terratenientes de la Pampa Húmeda y las oligarquías provinciales con los sectores comerciales e intermediarios vinculados con la exportación de productos primarios y con la importación de manufacturas. Buenos Aires era el nudo de sus actividades y ello produjo una gigantesca concentración económica y poblacional alrededor del puerto. En los centros urbanos las clases medias emergentes del aluvional proceso migratorio comenzaban a luchar por el reconocimiento de sus derechos. Al mismo tiempo nacía un movimiento obrero, en su mayoría inmigrantes de ideas anarquistas y socialistas.

¿Qué lugar nos deparaba esa Argentina a los flamantes rionegrinos? Nos gobernaba un delegado del Poder Ejecutivo nacional y, teóricamente, podíamos ejercer el derecho a voto para jueces de Paz y Concejos Municipales en pueblos de más de mil habitantes, crearíamos una «Legislatura Territorial» al trasponer el umbral de los treinta mil, y adquiriríamos la plena autonomía federal y la categoría de «provincia» cuando nuestra población alcanzara los sesenta mil habitantes. La ley 1.532 era sabia al definir los derechos de los Territorios Nacionales y sus pobladores, pero no lo fue el gobierno central a la hora de hacerla cumplir. La creación de Concejos Municipales fue en la mayoría de los casos tardía, nuestros pueblos llegaron a cuadruplicar el mínimo de habitantes requeridos antes de que el gobierno les concediera el derecho a voto para decidir sobre sus cuestiones locales. Ya en 1912 el crecimiento alcanzado por Río Negro le otorgaba el derecho previsto en la ley para elegir una Legislatura Territorial, que la desidia y la desatención ignoraron.

En cuanto a la provincialización, no cabe duda de que en 1930 Río Negro tenía sesenta mil pobladores. Desde 1908 se habían presentado en el Congreso Nacional más de diez proyectos de ley que proponían la provincialización de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. Decía el diputado nacional socialista Alfredo Palacios en 1937: «Un retardo inexcusable del Poder Legislativo, que consagra su atención con preferencia a problemas secundarios, de apasionamiento político -no rehuyo la responsabilidad que me corresponde como miembro de ese poder- es la sola explicación que puede darse al hecho de que el Congreso no haya incorporado ya como provincias a las cuatro gobernaciones que reúnen, con exceso, las condiciones establecidas en el artículo 4º de la ley orgánica de los territorios federales para tener derecho a ser declaradas provincias argentinas (…) debe apresurarse la provincialización de los territorios, porque es urgente que no haya en el país dos clases de ciudadanos, lo que para mí es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución». Palacios tuvo que esperar veinte años más para la provincialización.

Fueron múltiples las causas que condujeron a tan extrema postergación, con excusas pueriles e insostenibles: «Se dice, también, que la provincialización de los Territorios Nacionales entregaría a éstos a los ruinosos brazos de la política electoralista. Pero es éste un argumento desprovisto por completo de base. La política en su acepción más baja, es un mal general, que azota al país, y que irá desapareciendo paulatinamente, a medida que la cultura cívica del pueblo argentino vaya elevándose. Bajo ningún concepto puede ese pretexto servir de obstáculo para que se cumpla una ley de la nación. Aplicando el mismo criterio, el mejor remedio para curar a las provincias de la politiquería sería convertirlas en Territorios Federales, absurdo que a nadie se le ha ocurrido pensar». (Linares Quintana – 1937).

Durante los setenta y cuatro años de nuestra vida como Territorio Nacional estuvimos sometidos a los arbitrios de una burocracia nacional lejana, morosa, desconocedora del medio e insensible a sus necesidades. Fuimos colonias interiores de la Argentina centralista. La Gobernación del Territorio, mero agente de las autoridades centrales, tenía un ámbito de acción limitado: cuestiones administrativas, una precaria administración de justicia, una sacrificada Policía territorial y una incidencia menor en la educación elemental. Muchas veces los gobernadores territoriales eran simples advenedizos. Vivían su exilio de Buenos Aires como un castigo o un «premio consuelo» de aspiraciones mayores. Su permanencia en el cargo no dependía de la satisfacción de sus gobernados ni de la eficiencia con que el Estado prestara servicios a los pobladores; las voces de protesta, cuando existieron, llegaban a Buenos Aires como débiles ecos de rincones exóticos para los funcionarios de la ciudad. Pocas fueron las ocasiones en que recorrieron el territorio rionegrino y pusieron pasión en la defensa de sus intereses. Cabe un merecido homenaje a las excepciones en la persona de Adalberto T. Pagano (1932-1943), luego convencional constituyente provincial en 1957.

Los rionegrinos éramos verdaderos ciudadanos de segunda categoría, sin derecho a votar para presidente y vice de la Nación, sin representación en el Congreso Nacional, pero obligados a pagar impuestos por servicios y obras públicas que recibíamos tarde, mal o nunca. Acertadamente se ha dicho que éramos extraños en nuestra propia tierra.

El Estado territoriano era impotente para resolver los desafíos que planteaba la gobernabilidad de un espacio tan extenso y desigualmente poblado. Río Negro emergió desintegrada e incomunicada; cada zona de la provincia evolucionó como una isla: la zona Atlántica, los valles Medio y Superior, la zona Andina, el Sur, crecieron y se poblaron en forma desarticulada. «Islas» pésimamente conectadas, en un territorio con población concentrada separada por amplios espacios vacíos y serias dificultades de comunicación.

La provincialización inconclusa

La segunda mitad de este siglo XX marcó el fin de la época «territoriana». La mirada histórica reivindica para el peronismo sus medidas de ampliación de los espacios de participación social, la incorporación de la mujer al ejercicio pleno de los derechos políticos y el acceso de los trabajadores a los derechos sociales y a su masiva organización gremial. Injustamente no se ha dado el suficiente mérito a la provincialización de los Territorios.

La Constitución Nacional de 1949, derogada luego de la caída de Perón, responde por primera vez a su necesidad de participación y representatividad: asegura la representación en el Congreso Nacional con voz pero sin voto y el derecho a participar en las elecciones para presidente y vice de la Nación, puesto en práctica por primera vez en 1951. Acicateado por sus éxitos electorales en los Territorios, donde prácticamente triplicó los votos de la oposición, Perón provincializó el Chaco y La Pampa, Misiones, y luego, poco antes del derrocamiento en 1955, el Congreso sancionó la ley que creó la provincia de Río Negro y las restantes. Paradoja sangrienta de la historia de los argentinos, la ley de Provincialización no mereció casi ninguna atención periodística por parte de la prensa nacional. Es que el Senado la sancionó casi simultáneamente con el bombardeo de la Aviación Naval a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, que dejaría un trágico saldo en muertos y heridos.

Nuestros primeros pasos como provincia, en el período 1955-1983, los dimos en el marco de la proscripción del peronismo, la inestabilidad política y la aceleración de la crisis económica que signó la vida nacional. Eran años de intolerancia. Sólo tres gobernadores fueron electos por el voto popular: Edgardo Castello, Carlos Nielsen y, en 1973, el justicialista Mario Franco. Ninguno pudo cumplir su mandato, fueron desplazados por interventores enviados por las autoridades de facto que se apoderaban por la fuerza del gobierno nacional. En ese período pudimos ejercer nuestra condición de provincia autónoma sólo diez años sobre un total de veintiocho. Por eso elegimos llamarlo «de provincialización inconclusa».

No pudimos superar los crónicos problemas estructurales de la época territoriana. El crecimiento económico trajo aparejado un sustancial aumento de la población, pero persistió la desintegración provincial agravada por la falta de consolidación y estabilidad del sistema político.

Estabilidad y provincialización

En 1983, la restauración de la democracia nos encontró con un Estado provincial desbordado por demandas insatisfechas, en una provincia desgarrada por localismos arraigados. El desafío rionegrino fue y es construir la unidad y la integración sobre el escenario de la diversidad, convirtiéndola en un valor positivo, pluralista, haciendo prevalecer el interés común.

La estabilidad de la democracia y la vigencia de la autonomía federal son inseparables en la historia reciente de Río Negro.

Sin embargo, el momento actual nos evoca tiempos pasados: centralismo acentuado, deudas agobiantes, crisis de las economías regionales, elevada desocupación que sume en la angustia a quienes no tienen trabajo y a quienes temen no conservarlo, ingentes esfuerzos por sostener la educación y la salud pública, reclamo social por una Justicia independiente, creciente rechazo hacia todos los niveles y formas de corrupción.

Los rionegrinos, como hace ciento quince años, volvemos a tener frente a nosotros tareas históricas, trascendentes: transformación democrática y participativa de nuestro Estado provincial; inserción en el proceso de integración económica regional, con Chile y el Mercosur, proyectados hacia un mercado de trescientos millones de latinoamericanos; políticas sociales activas contra todas las formas de pobreza creciente, que son la otra cara del privilegio y la concentración económica; reforma integral de la actividad política partidaria, que ponga transparencia donde hay oscuridad, establezca férreos controles legales y sociales contra la corrupción, y amplíe las oportunidades reales de participación .

Como dice la canción: «No hay mejor tiempo que el que nos toca vivir».

(*) Sociólogo