Le ordenan a Sobisch cumplir con la legislación vigente

NEUQUEN (AN).- La justicia provincial le ordenó al gobierno cumplir con la implementación de los programas de contención previstos en la ley 2.302 para los menores que delinquen, y que desde la sanción de la norma no sólo no fueron instrumentados en su totalidad sino que además, en algunos casos, quedaron desmantelados tras las gestiones de diferentes funcionarios del MPN.

El fallo lo emitió ayer el juez Pedro Telleriarte, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado a principios de mes por la Defensoría del Menor y el Adolescente, organismo conducido por Nara Osés, Edith Galarza y Mónica Amiconi.

El magistrado otorgó un plazo de la 30 días al ministerio de Acción Social para que ponga en marcha los programas establecidos en la ley 2302 (de Pro

tección Integral de la Niñez y Adolescencia), cuyo objetivo es atender diversos aspectos de la problemática que atraviesan los menores para intentar que no vuelvan a participar en delitos, pero que desde la sanción de la ley en 2000 no fueron aplicados.

Esta no fue la única omisión de parte del Estado que mencionó Telleriarte en el fallo. Sostuvo además que «el programa de Libertad Asistida, el único existente, sufrió un deterioro en cuanto a su capacidad para dar respuestas a la demanda existente, que no es exagerado calificarlo de desmantelamiento si se tiene en cuenta que los profesionales afectados a éste representan menos de un tercio del previsto originalmente».

Señaló también que «se ha probado que no existe en la actualidad una acción orientada a dar solución a este problema; que la necesidad de contar con esos programas está en conocimiento de las autoridades de Acción Social desde hace mucho tiempo; y que al no suministrarse un tratamiento adecuado a los jóvenes en conflicto con la ley, se incumplen mandatos constitucionales». Agregó que «no puede dejar de apreciarse la falta de precisión en cuanto a las acciones emprendidas, las que a mi entender no revelan la urgencia que el tema requiere e importan una virtual denegación de una tarea que le es exigible al poder Ejecutivo».

De esta forma, la justicia avaló los argumentos esgrimidos por las distintas instituciones y organizaciones religiosas, sociales, políticas, sindicales y de profesionales que se opusieron al proyecto de reforma de la ley presentado por el ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, el pasado 5 de agosto en la Legislatura.

El ministro, durante su exposición ante los diputados, deslizó que la actual norma no brinda herramientas suficientes para tratar de forma adecuada a los jóvenes que cometen delitos.

Sin embargo, quienes alzaron su voz contra la reforma, destacaron que esta imposibilidad surge por la falta de recursos que destinó el Poder Ejecutivo para aplicar todos los programas de contención previstos en la norma.

Sobre esto último, en la resolución de Telleriarte, se menciona el caso de un chico que no fue atendido por el programa de Libertad Asistida pese a haber sido derivado a este ámbito tras cometer un delito. Meses después, reincidió.

Testimonios

Los testigos que declararon ante el magistrado, entre los cuales figuran funcionarios del gobierno del área Acción Social y de la justicia que trabajan con menores, coincidieron en que no están en marcha programas capaces de atender la problemática. Explicaron que si bien mantuvieron encuentros durante el año pasado con Manuel Gschiwnd cuando era subsecretario de Acción Social, (ahora diputado provincial) y con Alicia Comelli (ex subsecretaria de Seguridad, actual diputada nacional), no hubo avances para implementarlos.

Estos encuentros se reiteraron durante este año con el actual subsecretario de Seguridad y mano de derecha de Manganaro, Omar Raimondo. Al igual que sus antecesores, Raimondo se comprometió a evaluar los proyectos pero destacó que existían limitaciones económicas. La orden de cumplimiento con los programas dirigida a los funcionarios de Acción Social, porque este área es responsable de la aplicación de la ley 2302. De todas formas, el gobierno podrá apelar la resolución.

Un caso paradigmático

NEUQUEN (AN).- Un chico de trece años acusado de participar en un delito el año pasado, fue derivado al programa de Libertad Asistida pero no fue contenido por este ámbito y a principios de este año cometió un nuevo delito.

Este caso, fue mencionado en la resolución emitida por Telleriarte como prueba de que «la lesión de derechos es actual para los jóvenes».

Al chico, de 13 años, se lo incluyó en la participación de un delito cometido en septiembre de 2003. Por este motivo se lo derivó al programa de Libertad Asistida un mes después, pero no fue incluido. En marzo de este año, nuevamente quedó involucrado en un nuevo delito.

«El tratamiento omitido bien podría haber servido para prevenir la comisión, por parte del joven, de otras conductas delictivas», señaló el magistrado.

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