Le rechazan el pedido de excarcelación a Chabán

Actualizado a las 20:21

BUENOS AIRES (DyN) – El empresario Omar Chabán seguirá preso por orden del juez Julio Lucini, que hoy denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa por considerar que el acusado mostró un «desinterés absoluto» en la tragedia que se desencadenó en el boliche República Cromañón.

El abogado Pedro D'Attoli, defensor de Chabán, peleará por la libertad de Chabán ante la Cámara del Crimen a través de un recurso de apelación. Chabán, de 52 años, fue detenido en la tarde del 31 de diciembre último, unas 15 horas después del incendio que transformó a Cromañón en una cámara de humo tóxico en la que perecieron 193 personas que habían asistido a un recital de la banda de rock Callejeros.

De acuerdo con la información suministrada a DyN por fuentes judiciales, hubo al menos cuatro motivos por los cuales el juez Lucini rehusó liberar a Chabán: – El empresario está procesado por 193 homicidios simples por dolo eventual. Se trata de crímenes que no admiten la excarcelación, por lo que la defensa planteó un cambio de acusación que Lucini rechazó. – Chabán se habría ausentado del boliche en medio del incendio, sin auxiliar a las víctimas. – No se entregó cuando fue requerido por la Justicia sino que fue detenido por la policía el día posterior al incendio y luego de varios allanamientos. –

Evidenció, según el juez, «un desinterés absoluto sobre los hechos del 30 de diciembre». El abogado D'Attoli sostiene, empero, que Chabán «no tiene consuelo y sí profundo dolor por lo acontecido» en Cromañón, donde casi 200 personas murieron aintoxicadas por humo cuando una bengala desató un incendio en un local que albergaba a unas 3 mil personas y tenía las salidas de emergencia bloqueadas. Tras su arresto, Chabán fue procesado bajo cargos de homicidio simple. Y en idéntica situación se encuentra el productor artístico Raúl Villarreal, sindicado en el expediente como «mano derecha» del empresario en Cromañón.

Asimismo, Chabán afronta ahora una imputación por cohecho, ya que testigos abonaron sospechas sobre una posible connivencia con la Policía Federal merced a la cual Cromañón tenía sus puertas abiertas pese a incumplir normas de seguridad. A diferencia de Chabán y Villarreal, los funcionarios del gobierno porteño y miembros del grupo «Callejeros» a los que la Justicia les adjudicó una presunta responsabilidad en la catástrofe, fueron imputados por homicidio culposo, no doloso. Por eso, no corren el riesgo de ir presos. Familiares de las víctimas de Cromañón han reclamado con insistencia la declaración indagatoria del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que no fue interrogado hasta ahora.

Hoy Ibarra se abstuvo de fijar postura sobre la situación de Chabán: «Yo no me introduzco en lo que son decisiones judiciales», dijo a la prensa en la Casa Rosada, y afirmó que su gobierno «colabora permanentemente con todo lo que necesita la Justicia para esclarecer no sólo lo que pasó en el hecho sino los diferentes grados de responsabilidad». El juez Lucini, en tanto, destacó en la resolución que dejó a Chabán tras las rejas, en el penal de Marcos paz, que después de la vida, «el bien más preciado es la libertad». Pero negó al empresario ese beneficio, requerido 24 horas ante por D'Attoli.

Así las cosas, las chances de Chabán de recuperar la libertad quedaron en manos de los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pocielo Argerich, que no tienen plazos para tomar una decisión una vez que la defensa presente la apelación.


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