“Leve merma” ocupacional entre quienes tenían de 5 a 13 años



El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) efectuó una evaluación de la población urbana del país sin distinción de nivel socioeconómico y comprobó que, entre el 2010 y 2012, la tasa de empleo infantil en actividades económicas –incluyendo tareas domésticas intensivas y habituales, propias de adultos, tanto dentro como fuera de sus casas– se redujo del 12,4% al 10,6%”. Esa ‘leve merma’ ocupacional de 1,8% se verificó entre quienes tenían entre 5 y 13 años y fue más importante entre las mujeres que entre los varones”. Por los efectos sobre los ingresos per cápita de los hogares, la “asignación universal por hijo” (AUH) redujo en un 35% la posibilidad de una situación de pobreza extrema. La AUH es publicitada por el gobierno nacional como “la mayor transferencia de fondos estatales a familias en situación de vulnerabilidad” y fue “adoptada” por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en el 2009, sobre la base de un proyecto de la oposición. “En un contexto de vulnerabilidad, la ‘seguridad alimentaria’ no depende sólo de los ingresos sino de varios factores”, explicó el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del ODSA y uno de los autores del estudio junto con la investigadora Ianina Tuñón. Los mismos reflejaban, por ejemplo, “la imperiosa necesidad de usar ingresos en alguna actividad de la economía de subsistencia; la falta de acceso a alimentos en cantidades y a precios adecuados, y problemas de educación”. Sobre los programas, Salvia opinó que “cubren las necesidades más urgentes de una población que no tiene otras fuentes seguras de ingresos. Lo ideal es que el desarrollo productivo y el empleo permitan la inclusión social”, si no de otros factores. Para la UCA, en el 2013, “casi la mitad de los chicos vivía cerca de alguna fuente de contaminación; dos de cada 10 en viviendas con déficit en su calidad, y también dos de cada 10 lo hacían hacinados”. A la AUH se le atribuyó, asimismo, un aumento de la tasa de escolaridad, por la obligación de certificar la asistencia a las escuelas y las coberturas sanitarias. El mayor impacto se notó en “los entornos emocionales favorables y en los hogares donde las madres eran mayores de 25 años”. Entre quienes no percibían la asignación, la situación “empeoró” –afectó más a los varones–, concentrándose en los jóvenes de 13 a 17, o sea quienes deberían concurrir a los colegios secundarios.


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“Leve merma” ocupacional entre quienes tenían de 5 a 13 años