Leve suba en el Registro de Deudores Alimentarios de Río Negro

Un total de 268 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios de Río Negro (Redam) en virtud de que no han pagado las pensiones a sus hijos durante los últimos tres meses en forma consecutiva o cinco alternadas.

Las altas y bajas surgen por orden judicial, pero el listado suele difundirlo la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas en el marco de la Ley provincial N° 3.475. La difusión anterior reunía a 253 personas.

La norma establece las responsabilidades que le caben al organismo como llevar los asientos registrales de quienes incumplen y deberá expedir certificados dentro de los 10 días de su solicitud, efectuada por escrito por toda persona física o jurídica que acredite interés legítimo.

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La certificación tiene un plazo de validez de 60 días corridos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, y en el registro actual, figuran morosos de Viedma, Bariloche, General Roca y Villa Regina.

Las personas incluidas en el listado del Registro, mientras no regularicen su situación, no podrán obtener de las instituciones y organismos públicos provinciales, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, participar de concursos ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el Registro como deudores.

Tampoco podrán obtener licencias de conducir expedidas por los municipios. Se exceptúan a quienes soliciten licencia de conducir para trabajar. En este caso se le otorgará por única vez la licencia provisoria que caducará a los 45 días. La autoridad de aplicación gestionará la firma de convenios con distintos municipios de la Provincia a los fines precedentes.

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Tendrán impedido el acceso a viviendas oficiales o a la apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro, emitir tarjetas de crédito o cualquier otra operación financiera o comercial en los bancos y entidades financieras que funcionen en la jurisdicción provincial. La autoridad de aplicación gestionará la firma de convenios con bancos o financieras públicas o privadas para extender a ellos los alcances de este inciso.

Se les prohibirá explotar un negocio, ser proveedores y contratistas de los organismos públicos si se encuentra incluidos en el Registro como deudores o acceder a cargos electivos y a los cargos de funcionario en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autárquicos y empresas del Estado provincial. Idéntico requisito será necesario para ocupar cargos en instituciones regidas por leyes de orden público provincial.