Ley de Ética Pública, clave

javier lojo

jlojo@rionegro.com.ar

Días atrás en el programa “Periodismo para Todos”, conducido por Jorge Lanata, se relataba con mucha crudeza la impunidad existente en Tucumán luego de casi diez años de gobierno de José Alperovich.

El excelente trabajo periodístico termina por demostrar, en definitiva, cómo la continuidad en el poder genera distorsiones dentro del sistema democrático que terminan afectando los cimientos republicanos de una provincia.

Alperovich es contador público e inició su carrera política como legislador provincial por la UCR en 1995.

En el 2003, sectores del justicialismo tucumano lo propusieron como gobernador ante la ausencia de alternativas dentro de su propio partido. Desde octubre de ese año se mantiene al frente de la provincia.

Lanata mostraba en su informe los efectos generados por esta continuidad en el manejo del gobierno: gran parte de la familia de Alperovich en cargos –claves y secundarios– de la administración pública, la relación de ésta con la patria contratista, funcionarios con dos o más puestos en el Estado, las mansiones de los allegados repartidas en toda la provincia y, esencialmente, la falta de controles sobre cómo y en qué se gasta el dinero que recauda el gobierno.

“Claro, todo esto se puede hacer porque Tucumán carece de una ley de Ética Pública como la que existe en otras provincias del país”, comentaba el sutil periodista ante la atónita mirada de los espectadores del otro lado del televisor.

Sin emitir juicios de valor, Neuquén no está muy lejos de esta foto presentada por Lanata: un apellido ligado al poder político desde hace más de medio siglo, decenas de Sapag en cargos de la administración pública, empresas familiares que trabajan como contratistas del Estado, funcionarios del oficialismo con más de un puesto en la administración y, para no marcar diferencias respecto de Tucumán, sin ley de Ética Pública que permita controlar el accionar de los funcionarios y su relación con los fondos que maneja el Estado.

Todo esto tiene que ver con la economía. Las consecuencias de los actos de corrupción son diferentes, pero siempre graves. Socavan los beneficios de la ayuda extranjera, menoscaban la competencia y acentúan la pobreza. La corrupción, en sus diferentes manifestaciones, se conjuga para entorpecer todo tipo de progreso social y económico de una provincia o un país.

El daño que se inflige es enorme, tanto en términos absolutos como relativos, y en un país donde el 25% de la población sufre carencias este tipo de actos duele aún más.

De ahí la necesidad de que tanto los gobiernos provinciales como el nacional cuenten con verdaderos mecanismos de control amparados por sus respectivas leyes de modo de actuar desde lo legal en la contención de este tipo de flagelos.

Varias son las provincias que cuentan con una ley de Ética Pública; Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro son sólo algunas de las que adhirieron a la sancionada a nivel nacional hacia fines de 1999.

¿Qué es lo que debería promover una ley de Ética Pública para Neuquén?

Entre otros puntos, habría que tener en cuenta:

• Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución provincial, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno.

• Crear una comisión provincial de ética pública que funcione como órgano independiente de los poderes estatales y actúe con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en dicha ley.

• A los efectos de esta ley se entiende por “función pública” toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del mismo o de sus entidades (sociedades anónimas o sociedades del Estado), en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

• El funcionario público tiene el deber primordial de ejercer su función con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.

• Debe asimismo evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

• El funcionario público, mediante el uso de cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.

• La idoneidad –esto es la aptitud técnica, legal y moral– es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.

• El funcionario público no debe, directa o indirectamente, para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas.

• No debe designar parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado.

• El funcionario con un cargo en la administración pública nacional, provincial o municipal o en empresas del Estado –sin importar el porcentual accionario–, aun cuando se encuentre en uso de licencia de acuerdo con la normativa correspondiente, no debe ejercer otro cargo remunerado o ad honórem en el ámbito de la administración pública provincial, salvo el ejercicio de la docencia o de la investigación.

• No debe, durante su empleo y hasta un año después de su egreso, representar, asesorar o patrocinar a terceros que tengan intereses contrarios al Estado provincial o que sean sus proveedores o que, ya no siéndolo, tengan cuestiones pendientes con aquél.

• Salvo la contratación de servicios personales, ninguna dependencia del Estado provincial contratará a personas que hayan sido funcionarios hasta transcurridos dos años desde que hayan cesado en sus funciones como tales.

• Al funcionario titular de un cargo en la administración pública nacional, provincial, municipal o en cualquier empresa estatal –sin importar la participación accionaria– le está vedado hacer cualquier tipo de negocios con el Estado.

• Se deberá abstener de usar las instalaciones y los servicios del Estado provincial para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa.

• La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

Sin dudas, todos y cada uno de estos puntos que se mencionan –entre otros tantos que se enmarcan en las leyes provinciales– sirven para consolidar el modelo de un Estado que apuntale el bien común de toda una sociedad.

Pero claramente van en contra de ciertas minorías ligadas al poder de turno que terminan viviendo de los vericuetos legales que les permiten tomar beneficios desde su posición de poder.

¿Por qué el gobierno neuquino no impulsa una ley de este tipo, cuando de acuerdo con los argumentos mencionados sería muy importante para la provincia la puesta en marcha de un sistema de control como el destacado?

Una de las razones, tal vez, podría ser que caería la mayor parte de las prebendas con que cuenta hoy esta minoría mencionada:

– Los familiares directos en indirectos de un gobernador tendrían limitado el acceso a la planta del Estado.

– Las empresas contratistas ligadas a familiares contarían con un control mucho más estricto a la hora de realizar trabajos para un gobierno municipal, provincial o nacional.

– No sería posible que un funcionario tuviera varios cargos y cobrara sueldos abusivos. Hoy hay una veintena de funcionarios beneficiados con esta posibilidad discrecional que da el titular del Ejecutivo a la hora de nombrarlos en las distintas empresas del Estado.

– Estaría vedado que un funcionario realizara negocios con el Estado, como es hoy el caso emblemático del alquiler de un inmueble a la Justicia neuquina.

– No cabría la posibilidad de que el gobernador nombrara a su prima, Ana Esteves, como vocal del Tribunal de Cuentas, órgano extrapoder que hoy contempla la Constitución para controlar los fondos públicos que utiliza el Ejecutivo.

– Todos los funcionarios y sus familiares tendrían que presentar declaraciones anuales con la evolución de su patrimonio. Esto permitiría detectar cómo vive un funcionario teniendo en cuenta la función que cumple y la remuneración que percibe.

Se podría mencionar una docena más de casos que en forma directa o indirecta terminan, como los ya señalados, por corroer los basamentos de una democracia. La corrupción que existe en Neuquén es estructural y es una pandemia que no llegó con el actual gobierno. Se necesitará una fuerte decisión política para modificar este escenario, si lo que se busca es un cambio de rumbo.

Neuquén cuenta con dos órganos de control. Uno de ellos es la Contaduría General de la provincia, que ejerce un control interno, patrimonial y financiero de gestión de carácter concomitante, asesorando al Poder Ejecutivo. El otro es el Tribunal de Cuentas, órgano que ejerce un control externo y posterior sobre la rendición de la cuenta de inversión. La implementación de una ley de ética pública podría ayudar a eficientizar el trabajo de estos organismos.

Tal vez uno de los problemas que potenciaron este complejo escenario fue la falta de alternancia política en las últimas décadas en Neuquén. Sin dejar de lado el positivo accionar en los primeros años al frente de la provincia, el monopolio político que mantuvo el MPN durante las últimas seis décadas generó estructuras de poder dentro de la administración pública desde donde se confundía (y confunde) el partido con el gobierno y éste con el Estado. Todo era (y es) lo mismo para el gobernador de turno y estas distorsiones, en definitiva, fueron las que terminaron por afectar –entre otras– los resultados de equidad e inclusión que hoy muestra la provincia, con un presupuesto per cápita que se encuentra entre los más altos del país.

un tema todavía pendiente en neuquén

La corrupción,

en sus diferentes manifestaciones, se conjuga para entorpecer todo tipo de progreso social y económico de una provincia o un país