Ley penal juvenil: la Iglesia advierte sobre los riesgos de “persecución”

Paralelamente a los tironeos políticos entre oficialismo, massismo y kirchnerismo, la Iglesia se sumó ayer, con críticas, al debate por el proyecto sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen. El Episcopado rechazó la posibilidad de “una ley que convierta a los chicos infractores en casi enemigos sociales”. Mientras, el ministro de Justicia, Germán Garavano, anticipó que convocará para “conversar” sobre la reforma penal juvenil a los diputados Sergio Massa (FR) y Margarita Stolbizer (GEN), quienes ayer reclamaron la apertura de extraordinarias.

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el padre José María “Pepe” Di Paola y depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), difundió, en un comunicado, una serie de consideraciones sobre el proyecto oficial de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, y reclamó que el debate no se concentre en la “persecución estatal” de menores, sino que se incluyan otras perspectivas sociales y jurídicas.

“No puede centrarse solamente en la persecución estatal –a través del derecho penal– de los adolescentes en conflicto con la ley, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, reza el documento, y alerta sobre el riesgo de ir “hacia una ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores en casi enemigos sociales”.

En línea con lo pregonado por el Papa Francisco –a quién cita el comunicado– la CEA pidió tener en cuenta las condiciones estructurales que llevan a los jóvenes a delinquir, entre las que enumeraron la pobreza, la falta de escolarización y la “desintegración de la familia”. “No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir”, reclamó.

Tras el pedido de Massa y Stolbizer de que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias en febrero para tratar esta cuestión, Garavano adelantó que hablará con ambos legisladores, ahora socios políticos, pero advirtió que no se puede “caer en soluciones mágicas y decir que en diez días” se pueden discutir los cambios requeridos. En Presidencia, confirmaron a este diario que no habrá noticias sobre la posibilidad de abrir extraordinarias hasta que Mauricio Macri regrese de vacaciones el próximo lunes.

“Yo voy a conversar con ellos, nosotros estamos abiertos al trabajo conjunto y así se ha demostrado este año, pero hay que tener en cuenta que hay cosas que tampoco uno puede en un segundo, en un minuto o en diez días solucionarlas”, dijo Garavano.

“No podemos mirar solamente la ‘fotografía’ del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la ‘película de su vida’ para atrás”.

Comunicado de la Conferencia Episcopal.

“Hay que tener en cuenta que hay cosas que tampoco uno puede en un segundo, en un minuto o en diez días solucionarlas”.

Germán Garavano,

ministro de Justicia.

Un tema de larga data

La idea de bajar la edad punible no es un debate nuevo en Argentina. Tuvo una chance en el Congreso en el 2009. Tras un acuerdo entre la UCR y el FpV, el Senado le dio media sanción al proyecto, pero fue frenado por el kirchnerismo en Diputados. Se olvidaron, quizás, de que Néstor Kirchner pidió discutirlo y de que Cristina celebró la aprobación en el Senado.