Lezcano y Campbell suman imputaciones por los perjuicios en Altec

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El segundo hecho de la compleja megacausa Altec cobró nuevo impulso ayer, luego que el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi rechazara el planteo de prescripción por Haroldo Lezcano, ordenara su procesamiento como coautor de fraude contra la administración pública y ampliara los cargos contra Guillermo Campbell. Este segundo tramo de la investigación, caratulada “Peralta Carlos, Gatti Fabián y otros Diputados de la Legislatura Provincial s/Denuncia” ventiló la sustracción fraudulenta de unos 620.000 pesos mediante la “utilización de facturas apócrifas” detectadas por la AFIP, operación que generó un perjuicio final a la empresa estimado en 1.353.917 pesos. Por su complejidad, la instrucción de este segundo hecho fue separada de la primera denuncia que ya completó la etapa procesal y se encamina a juicio. Gaimaro Pozzi rechazó el planteo de prescripción opuesto por Lezcano, tras recordar que el delito de fraude a la administración pública -tipificado en los artículos 45, 173 y 174 del Código Penal- prevé una pena máxima de seis años y que la declaración indagatoria que dio inicio a ese plazo se realizó el 24 de mayo de 2006. El magistrado también desestimó el pedido de nulidad planteado contra la indagatoria y ordenó el procesamiento de Lezcano como “coautor” penalmente responsable del fraude contra la empresa estatal, al tiempo que amplió los cargos formulados contra el ex presidente de la firma, Guillermo Campbell. La sustracción fraudulenta, producida entre agosto de 2000 y julio de 2003 fue descubierta a partir de una investigación de la AFIP que fue llevada a la justicia años después por legisladores del bloque Encuentro. El procesamiento atribuye a ambos imputados “haber efectuado, pagos por operaciones inexistentes, justificando contablemente dichas operaciones irregulares mediante comprobantes apócrifos o supuestas facturas inexistentes, o que, aún existiendo, se referían a operaciones de venta o de servicios que en realidad no se cumplieron”. Pero además de egresar fondos del Estado provincial sin fundamento, estas operaciones fraudulentas generaron una carga impositiva adicional para la empresa estatal que debió pagar Ganancias por operaciones que no había realizado, más intereses y punitorios por intento de evasión. Cuando la AFIP impugnó gastos por resultar apócrifos o inexistentes, los inculpados aceptaron las objeciones formuladas y en mayo de 2003 rectificaron las declaraciones juradas para acogerse a un plan de facilidades de pago. La pericia contable sumada a la causa señala la salida de $ 623.051 sin respaldo ni contraprestación, a los que se suman $ 140.174 por impuesto a las Ganancias, $ 114.618 por IVA más $ 229.501 de multa. El monto total del perjuicio ascendió a $ 1.107.346. El informe contable advirtió que “como consecuencia de la anulación de las facturas en cuestión, su rectificación y posterior acogimiento al plan de facilidades de pago, la empresa resultó perjudicada en la suma de $ 1.353.917,29.