Liberan al militar acusado de matar a una francesa

BUENOS AIRES- La Corte Penal de Apelaciones de Roma ordenó «la inmediata excarcelación» del mayor de Ejército Jorge Olivera, detenido en Italia el 6 de agosto último por la desaparición de una joven franco-argentina, por entender que «no subsisten las condiciones» para su extradición a París y regresaría al país en los próximos días .

El tribunal romano destacó que la defensa de Olivera presentó un certificado que consigna que Marie Anne Erize Tisseau, «la ciudadana francesa de cuyo secuestro está acusado Olivera, habría muerto el mismo año de ese secuestro», cometido en San Juan en 1976.

«La extradición reclamada por la justicia francesa afirma que el único delito del que está acusado Olivera es secuestro de persona cometido en el lejano 1976», indicó la Corte en una resolución de tres carillas, a la que tuvo acceso DyN y en la que fue consignado que el caso está prescripto en Italia y, además, la víctima no estaría desaparecida sino que su muerte está acreditada mediante el certificado presentado por el mayor argentino. En virtud de la decisión del tribunal romano, Olivera retornaría al país en los próximos días.

El gobierno de Fernando de la Rúa supo de la excarcelación del militar -que en realidad fue ordenada el lunes aunque trascendió recién ayer- durante la reunión del gabinete de ministros. Y tomó la noticia con cautela.

Por su parte el nuevo presidente del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja, manifestó su «decepción» por la liberación de Olivera, quien «representa el recuerdo del terror vivido en los tristes años de la dictadura militar».

«Si bien siempre dije que hay una justicia divina para el caso que se demore la justicia humana, no deja de ser un hecho lamentable lo que acaba de acontecer con el tristemente célebre Olivera», sostuvo Gioja, quien fue víctima del ex militar durante la dictadura.

La Corte que preside la jueza romana María Luisa Carnevale indicó en su fallo que la extradición de Olivera a Francia, donde el militar afronta un juicio por el secuestro de la joven Erize Tisseau, «no puede ser concedida» porque «según la ley italiana el delito (que se le imputa al mayor) prescribe en 15 años o, como máximo, en 22 años y seis meses» y el caso data de 1976.

«Se ordena la inmediata excarcelación», refiere la resolución en su último párrafo.

El juez francés Roger Le Loire, que sustancia el juicio por el caso Erize Tisseau, ordenó la captura internacional de Olivera y en agosto pasado consiguió que Italia apresara al militar argentino mientras el acusado se disponía a regresar a Buenos Aires, en avión, tras un viaje de placer con su esposa.

El 10 de agosto pasado, cuatro días después de su arresto en Roma, Olivera cumplió 50 años de edad en la cárcel Regina Coeli, donde colaboró con su estrategia de defensa, ya que es abogado y ejercía la profesión aquí hasta que fue detenido en Italia.

«Es una vergüenza para la justicia italiana que el juez no haya examinado ese papel (el certificado de defunción) a fondo. Además, la única prueba de la muerte es la aparición del cadáver y el análisis de ADN, pero Italia, sobre la base de un documento sospechoso y posiblemente falso otorgó la libertad», se quejó la abogada Sophie Touron, patrocinante de los familiares de franceses desaparecidos en la última dictadura argentina. (DyN)

«Ese certificado no existía»

La llave de la libertad del mayor Olivera fue el certificado que acredita que la joven Erize Tisseau falleció el 11 de noviembre de 1976. Pero la familia de la víctima descree de la legitimidad del documento. De hecho, Marie Anne integra la nómina de desaparecidos en la última dictadura desde que fue secuestrada en San Juan -donde prestaba servicios Olivera- el 15 de octubre de 1976.

Marie Noel Erize, hermana de la chica desaparecida, afirmó que jamás existió un documento que acreditara la muerte de Marie Anne: «Nos toma por total sorpresa que ahora de repente surja un certificado de defunción», dijo. No existía ni existe ese certificado. Nunca apareció el cadáver por lo que sigue desaparecida y dudamos completamente de la validez de ese certificado que se ha presentado en este caso», indicó.

Agregó que «en dos ocasiones mi hermana fue nombrada presidenta de mesa electoral en dos comicios electorales. Por lo tan-to, esto justifica que el Estado argentino no tenía ningún certifica-do, ni podía demostrar, ni conocía nada» sobre el deceso.(DyN)