Libertad de prensa

Las autoridades de la Unión Europea acaban de hacer llegar una dura advertencia a Hungría, en relación con una polémica ley de prensa que entró en vigor el pasado día 1. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa ha calificado a la ley húngara como un ataque a la libertad de prensa “sin precedentes en las democracias europeas”. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha advertido que “la libertad de prensa es un principio sagrado y un valor fundamental en la Unión Europea”. Un valor que, a la luz de los parámetros europeos, no habría sido tampoco respetado por la ley argentina que regula los servicios audiovisuales. Las disposiciones de la ley de prensa húngara que han hecho saltar las alarmas son básicamente dos. Según esa regulación, las autoridades de ese país podrán poner multas de hasta 750.000 euros por informaciones “no equilibradas” o que sean ofensivas “contra la dignidad humana”. A estos requisitos tan ambiguos se suma el hecho de que la autoridad de aplicación es un órgano conformado por personas nombradas por ese gobierno. Si repasamos la ley de Servicios Audiovisuales recientemente sancionada en la Argentina nos encontramos con un cuadro de disposiciones similar. La autoridad de aplicación, con cinco miembros, está dominada por los representantes del gobierno. Por otro lado la ley somete la radiodifusión a un reglamentarismo tan excesivo que facilita una mayor discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de renovar las licencias o imponer sanciones. No obstante, como suele ser habitual en culturas donde los principios democráticos no están arraigados, lo relevante no es el texto de la ley, sino la práctica o rutina burocrática que determina su forma real de aplicación. Varios sucesos encadenados demuestran que, en nuestro país, el resultado final de las leyes que se aprueban sólo contribuyen a reforzar al Ejecutivo, es decir, a los enormes poderes que goza el presidente. La revocación sin mayores fundamentos de la licencia de Fibertel evidencia que, en la práctica, los poderes del Ejecutivo para cerrar un medio son absolutos. Por otra parte, la política de distribución arbitraria de la denominada “pauta publicitaria” –es decir los fondos que se canalizan a los medios a través de la publicidad oficial– muestra que se utilizan de modo desvergonzado para financiar a los grupos mediáticos amigos del poder. La ley de Servicios Audiovisuales se sancionó rodeada de una caudalosa retórica que afirmaba su propósito “democratizador” y el deseo de fomentar una sociedad de la información en la que se respetara la dignidad de las personas. Sin embargo, el uso partidista de los medios públicos –simbolizado en los contenidos escandalosos del programa “6,7 y 8”– demuestra hasta la saciedad la incoherencia de defender teóricamente la expansión del debate democrático en los medios y recaer luego en unas prácticas donde el uso de la más burda propaganda oficial es el dominante. La izquierda leninista, cuando estuvo al frente del gobierno en las desaparecidas dictaduras totalitarias comunistas, demostró un enorme desprecio por las libertades públicas formales. Ese legado de no reparar en medios ni estilos cuando se trata de consolidar el poder, ha sido heredado por ciertas expresiones de la izquierda populista en América Latina. Constituye un craso error no entender que debido a ese pasado tenebroso –el de las dictaduras comunistas– la izquierda está políticamente obligada a brindar pruebas de su reconversión sincera a una cultura democrática. Por otra parte, con la práctica política de uso partidista de los medios que se sigue en la Argentina se ha perdido una preciosa oportunidad de demostrar que el Estado puede ser eficiente también en ciertas áreas, como lo pone de manifiesto el rigor profesional y la imparcialidad que consiguen medios públicos como el de la BBC en el Reino Unido. De este modo se confirma la impresión de que se proclama la defensa del rol del Estado y luego se lleva adelante una práctica política cínica que termina deslegitimando sus formas concretas de intervención. El resultado contraproducente que generó el uso partidista de los medios públicos de comunicación que tuvo lugar durante el primer peronismo, debiera habernos vacunado contra esa tentación. Algunos dirigentes, bajo el paraguas de una coyuntura económica favorable, se creen a salvo del desgaste que provocan esos enormes desaciertos. Pero el futuro se encargará de poner las cosas en su sitio y se comprobará que el abandono de la ética política, a la larga, en las sociedades democráticas no es electoralmente rentable. Abogado. Periodista

Aleardo F. LarÍa (*)