Ligadura y vasectomía: una ley pionera que se cumple a medias

Lleva más de 10 años de sancionada pero aún su aplicación choca con trabas. Hoy está nuevamente bajo la lupa.

El derecho a elegir, la posibilidad –al menos– de optar por lo que cada uno decide para su propio cuerpo, para su salud, debería estar ya fuera de toda discusión. Sobre todo, cuando hay leyes que marcan el rumbo y abrieron un camino propio en todo el país. En materia de salud sexual y reproductiva en Río Negro, si bien las normativas son abundantes y de ‘avanzada’ –según consideran especialistas–, con legislación pionera, más a menudo de lo esperado, su letra sustanciosa no se refleja en la realidad.

La norma que permitió que la provincia rionegrina sea una de las primeras en el país en incorporar métodos de anticoncepción quirúrgica voluntaria –ligadura de trompas de Falopio y vasectomía–, gratuita y al alcance de todas las personas en los hospitales públicos, aún hoy –a más de 10 años de puesta en marcha– funciona “a media máquina”. Subsisten trabas, obstáculos, interpretaciones difusas, escasez –en término de insumos, de profesionales, de capacidad de atención e infraestructura hospitalaria–, que hacen que en la práctica quienes buscan una solución, no la encuentren donde y cuando esperan.

“Cuando una mujer, porque en la mayoría de los casos son las mujeres las que le ponen el pecho a las balas, se acercan porque quieren ligarse las trompas, puede hacerlo, de hecho se están haciendo, pero… demora, desalienta. Deben hacer consultas múltiples, someterse a un comité interdisciplinario que evalúa caso por caso… Regresar, expresar su consentimiento, y de ahí hasta que es derivada a un profesional que acepta hacer la práctica, hasta que efectivamente se le realiza”, comentó un profesional hospitalario roquense.

Es por eso que actualmente están bajo la lupa varios cambios para asegurar una mayor accesibilidad al programa de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana

En la Legislatura provincial ya se encuentra para el estudio un proyecto de modificación de la ley 3.059 que crea en la provincia el Programa de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana que apunta tanto a facilitar los trámites para acceder a los métodos de contraconcepción quirúrgica, así como a la entrega en forma gratuita de las píldoras anticonceptivas de emergencia a quienes no dispongan de obra social o recursos económicos y requieran su uso.

La diputada Marta Milesi, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura rionegrina y quien impulsó la propuesta a nivel nacional, opinó que “uno de los motivos por los que se burocratizó el acceso de la población a las prácticas anticonceptivas de ligadura de trompas y vasectomía tiene que ver con la persistencia de un modelo hegemónico que entra en contradicción con otro más participativo que establece la ley”. (Ver recuadro)

Uno de los puntos más importantes, precisamente, es que se propone eliminar la exigencia del consentimiento informado por equipos interdisciplinarios, ya que la imposibilidad de constituirlos, sobre todos en los hospitales públicos más chicos de la provincia, afectó seriamente la efectiva implementación y aplicación de la ley.

Así también lo reconoció la responsable del Programa provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana, la médica Sileny Wuelke, quien igualmente explicó que las prácticas se realizan y la demanda es sostenida. (Ver aparte)

Si tal reforma prospera, bastará la información dada por el médico interviniente.

En cuanto a la entrega en forma gratuita de las píldoras anticonceptivas de emergencia –las que impiden la ovulación–, la ley establece que la mujer que hace la demanda en un hospital o centro de salud “debe identificarse y dar sus datos personales”.

Sin embargo, esto lleva “a que muchas personas sean reacias a identificarse o brindar información que hace a su vida privada. También conducen a que los médicos rehúsen administrar anticonceptivos a adolescentes o mayores de 14 años sin el consentimiento de los padres”, argumentó Mario De Rege, quien presentó el proyecto, que se elaboró en conjunto con las legisladoras Milesi y María Inés García.

Otra traba para acceder a la medicación es que actualmente la pareja de la mujer está impedida de concurrir al hospital en búsqueda del anticonceptivo porque la ley exige la presencia de la persona a la que se suministrará el fármaco.

Es otro punto que se prevé eliminar “porque impiden el efectivo ejercicio de los derechos a la sexualidad”.

El Programa Nacional en esta materia ha superado todos estos requerimientos. Indica que no puede exigirse pago de ningún tipo, que no es requisito excluyente dar el nombre o el DNI de la persona que lo requiera, que en el caso de los mayores de 14 años pueden acceder al anticonceptivo oral de emergencia sin el consentimiento ni la autorización de la pareja, padres o tutores; que no es requisito ser mayor de edad para poder acceder al mismo; que no es necesario que la mujer certifique no estar embarazada y que tampoco es necesario ser mujer pues los varones también pueden retirar el anticonceptivo de un hospital. (Agencia Roca)

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