Límites difusos

la semana en san martín

En la abundancia nadie se queja. Pero en la escasez, siguiendo a Jane Austen, están disconformes hasta los que tienen más de lo que merecen… La polémica en San Martín de los Andes por la creación de una tasa o “contribución” fiscal para financiar la operación del sistema de videocámaras de seguridad, es apenas la manifestación de un asunto más complejo. El gobierno municipal paga a seis de los 16 operadores del centro de monitoreo, pero aspiraba a que la provincia se hiciese cargo del salario de todos. Recibió un rotundo no por respuesta; que será cada vez más frecuente, cabe presumir, si es cierto que la administración de Jorge Sapag sigue aumentando los gastos corrientes sin engrosar los ingresos (77 millones en rojo al cierre de marzo). Algo parecido le pasa a los números que maneja el intendente Juan Fernández, que en nombre de las urgencias se ha permitido la “descortesía” de recortar las previsiones presupuestarias del Deliberante en un millón de pesos, según denuncia del edil radical Evaristo González. Las cámaras de vigilancia fueron promovidas aquí como un paso en la lucha contra el delito. Ergo, nadie puede eludir que fungen como auxilio de la Policía. La seguridad es un servicio indelegable del estado provincial, sin perjuicio de las intervenciones municipales por coordinación interjurisdiccional. Si todo quedase allí, nada resultaría cuestionable. Pero hay un avance del municipio (de los municipios) sobre las obligaciones que corresponden al estado provincial, no por exceso de atribuciones locales sino por defección de la contraparte. Proveer de adecuado alumbrado público, por caso, es una contribución a la seguridad ciudadana que está en la esfera del municipio; pero ponerle líneas telefónicas y cerco perimetral a un destacamento parece una tarea excesiva (nueva delegación policial de Chacra 30), pues se supone que forman parte de las condiciones de funcionamiento del servicio que competen a la institución. Además, el municipio ya le transfiere a la Policía la mitad del producido por multas de tránsito. Si seguimos así, el próximo escalón será ponerle combustible a los móviles. Entonces: ¿cuál es el límite entre la responsabilidad municipal y la provincial en asuntos tan sensibles como la seguridad? Recuérdese que en esta ciudad ya hubo un intento (no abandonado) de crear una guardia urbana con atribuciones de vigilancia callejera (proyecto del vecinalismo). Ahora bien, no hay en estas líneas prurito sobre si los municipios deben o no suplir las carencias de los servicios provinciales irrenunciables. Esa es una tendencia que viene lanzada desde hace años y no parece tener marcha atrás. Luego y para ser justos, más de una vez los que se quejan de estas confusiones jurisdiccionales nada dicen cuando la provincia auxilia a las comunas que hacen agua. Pero según las proyecciones del municipio, la ciudad atiende asuntos de injerencia provincial que le representan un gasto de 3.500.000 pesos al año, no cubiertos por la desactualización de los valores fijados en los convenios. Incluso hubo reclamos en igual sentido durante la anterior gestión municipal del propio partido provincial. Más allá de discutir si vale crear una tasa de seguridad o bajar el sueldo a los políticos para evitarle esa carga al contribuyente, tal vez habría que redefinir la perspectiva del rol municipal, sentando a la misma mesa a la provincia y a los gobiernos de las ciudades, con la Constitución como único límite. En ese escenario sería inevitable renovar la ley de coparticipación y, acaso, crear nuevos indicadores de calidad de vida y de responsabilidad fiscal, que obliguen a repensar las jurisdicciones como las conocemos hoy. Lo único que tiene de bueno la escasez es que fuerza debates y aguza el ingenio.

fernando Bravo rionegro@smandes.com.ar