Limpiar la casa

Cada vez está más claro. El presidente Fernando De la Rúa, llegó al poder no para destruir lo que hicieron a lo largo de 16 años de ejercicio democrático sus antecesores, el radical Raúl Alfonsín, y el peronista Carlos Menem, sino para tratar de limpiar la casa lo más a fondo posible. De allí las afirmaciones en el primer reportaje que concedió tras su asunción el 24 de octubre a un diario nacional que simpatiza con su gestión.

Dijo que el objetivo de su gobierno es eliminar el déficit fiscal, justificó la aplicación del paquete impositivo e identificó como sus «enemigos» a la evasión, el contrabando, el narcotráfico y el delito. Habló de la «quiebra» estatal y de las consecuencias nocivas que sufre el pueblo cuando las administraciones gastan más de lo que recaudan.

«Eso fue lo que pasó en Corrientes», aseguró refiriéndose a la trágica derivación que tuvo la crisis económica y social en esa provincia litoraleña, antes de disponer la intervención federal y colocar la lupa sobre otros casos similares para prevenir un efecto cascada que malograría las expectativas favorables depositadas en la Alianza.

Fue extraño que en esa entrevista no se le preguntara a De la Rúa, sobre los pedidos del juez español Baltasar Garzón, para que la Argentina otorgue la extradición de 48 militares, policías y un civil, por delitos de genocidio y torturas.

El mismo matutino, en su edición del lunes pasado, basándose en manifestaciones del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, había anunciado que el gobierno no trabaría la labor de ese magistrado, puesto que se había resuelto dar «un giro de 180 grados» respecto de la política de Menem en la sensible materia.

El vuelco no es tal y eso quedó demostrado con el correr de los días. Rodríguez Giavarini, fue reprendido en la intimidad por haber dicho que será la Justicia argentina la que, sin considerar razones políticas, tendrá la última palabra sobre el destino de esos militares.

Luego, dos ministros, el de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y de Interior, Federico Storani, tradujeron con otro discurso los reparos a la solicitud de captura internacional dictada por Garzón. Pusieron así en evidencia los cortocircuitos en el delarruismo.

En las formas pueden apreciarse diferencias entre De la Rúa y Menem, pero no en lo esencial del problema. Hasta ahora, el actual jefe de Estado ni siquiera derogó un decreto del riojano, fechado en enero de 1998, que denegó el reclamo de asistencia judicial proveniente de España.

Al retornar, de visita una mañana, a la Casa Rosada, el ex presidente Raúl Alfonsín – en cuyo turno se enjuiciaron y condenaron a los ex comandantes, y se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -, reiteró que la actitud de Garzón es una locura y criticó la actitud de «coloniaje» que tienen algunos funcionarios de naciones europeas.

Gil Lavedra, uno de los ex camaristas que sentenció a los promotores del terrorismo de Estado en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, no dejó dudas acerca de la voluntad política de De la Rúa. En consideración del funcionario, «son nulas» las chances de que el juez federal Fernando Literas, acepte el pedido de extradición, porque los requeridos o bien ya fueron juzgados o están detenidos por el robo de bebés, delito que se perpetúa en el presente. No dejó de recordar las leyes antes aludidas y el indulto de Menem.

Gil Lavedra, en sintonía con Storani, a quien nadie discute sus origen «progresista» o socialdemócrata, razonó que el gobierno argentino no está dispuesto a convertirse en defensor de los militares procesistas, pero agregó que no es posible juzgarlos dos veces y que la figura de genocidio no está tipificada en el derecho nacional.

«En Chile, (Augusto) Pinochet no fue juzgado. Aquí hubo cosa juzgada», manifestó «Fredi» Storani, por estos días preferentemente ocupado en dar una salida a los ahogos de las provincias y a la reestructuración de las fuerzas de seguridad.

La aplicación del derecho extranjero, la extraterritorialidad, es rechazada explícita o implícitamente por casi todo el arco partidario.

León Arslanián, ex ministro de Justicia y ex camarista que también le bajó el dedo a los ex miembros de las juntas militares, señaló que decidir la entrega o no de esas personas compete a quien representa al Estado. Y arriesgó una opinión: la voz de De la Rúa no será discordante a la de Menem.

El suspenso y la incertidumbre seguirá un tiempo más. Como apuntó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, los organismos humanitarios no necesitarían recurrir a ámbitos judiciales fuera del país, como lo son los de Francia, Italia y España, si se hubiera podido alcanzar «justicia plena» por los aberrantes hechos perpetrados por la dictadura contra los opositores.

Por eso alentó las acciones justicieras de Garzón, mientras Literas calificó de insuficiente la demanda del magistrado español y abrió un paréntesis al tema: demorará un pronunciamiento por lo menos un mes.

Al mismo tiempo, Adolfo Bagnasco, el juez que ordenó en el país el arresto de Jorge Videla y Emilio Massera, intercedió en el debate. Tras calificar de «parches» las movidas de Garzón, propuso avanzar en la conformación de una Corte Penal Internacional que, obviamente, atendería las denuncias de aquí en adelante y no hacia el pasado.

Los ex represores argentinos, salvo excepciones, viven con absoluta normalidad dentro de las fronteras nacionales. Algunos hasta han sido premiados con cargos públicos. Eso sí, no pueden viajar al exterior por temor a ser capturados por Interpol.

En la Argentina, no se ocultan y en la práctica, salvo casos aislados, nadie los persigue.

Hasta algunos generales retirados, cavernícolas que todavía deben estar buscando comunistas debajo de la cama, se permiten la osadía de proponer en el Círculo Militar, la expulsión del ex jefe del ejército, Martín Balza, por su autocrítica acerca de la indigna tarea sucia de sus camaradas de armas cuando las urnas estaban bien guardadas.