Liporaci rechazó la denuncia de Manganaro

Fuentes del Juzgado Federal que encabeza el polémico juez Liporaci aseguraron que la presentación de Manganaro contra la legisladora Sapag “no tiene nada que ver con el tema sobornos”, por lo que desestimaron la denuncia. “Todo parece indicar que se trata de un enfrentamiento político entre ellos”, indicaron.

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BUENOS AIRES (ABA).- Carlos Liporaci -el juez que investiga el affaire de las supuestas coimas en la Cámara alta-, desestimó de plano la denuncia presentada en la causa por el titular del Banco Provincia de Neuquén, Luis Manganaro, contra la senadora nacional Silvia Sapag.

“La presentación de Manganaro no tiene nada que ver con el tema sobornos. A lo sumo, estaría relacionada con algún tipo de evasión impositiva”, dijo a “Río Negro” un funcionario judicial que participa de la investigación.

Señaló además que Liporaci recibió la información, pero consideró en el acto que correspondía rechazar la acusación y remitir el expediente a la Cámara para que sea recaratulado.

– El presidente del banco neuquino afirmó que posiblemente Silvia Sapag hizo acusaciones en la cuestión del Senado para desviar la atención sobre sus maniobras. ¿No es un dato suficiente para que Liporaci profundice esa vía? -consultó este medio.

– No, lo que denunció Manganaro fue una diferencia entre la declaración de Silvia Sapag ante la AFIP y la que hizo en el Congreso, pero no se la puede vincular en modo alguno con la causa de los sobornos”, indicó la alta fuente judicial.

El 29 de noviembre, Manganaro acusó a la senadora Sapag de ser “posible participante de los sobornos que investiga el juez Liporaci”. Su incremento patrimonial -agregó- pudo ser producto de las coimas.

Incluso aludió a un supuesto anónimo en el que se hacía alusión a un crédito obtenido por la senadora Sapag y su ex marido en una fecha relativamente coincidente con el momento en que se negociaba la reforma laboral.

El vocero consultado por este medio, consideró ayer que “todo parece indicar que se trata de un enfrentamiento político entre ellos (por Sapag y Manganaro), porque no se advierte el vínculo entre lo que se denuncia y el pago de una comisión para que se apruebe la ley laboral”.

De todos modos, la acusación de Manganaro contra Sapag quedó en manos del juzgado N 10 a cargo de Gustavo Literas. Pero sólo limitada a la cuestión impositiva.

Cantarero niega

La causa por los supuestos sobornos en el Senado da un paso hacia adelante y dos para atrás. Es lo que puede inferirse del relevamiento efectuado ayer por “Río Negro” entre integrantes de la fiscalía y del juzgado que participan en la investigación.

En la mañana de ayer, se realizó el careo entre el senador Emilio Cantarero (PJ- Salta) y la periodista de “La Nación”, Fernanda Villosio, ante quién -según lo publicado por la cronista- el legislador confesó haber cobrado coimas.

Todo derivó en acusaciones cruzadas. “Ud. sabe en su fuero íntimo que yo dije la verdad”, señaló Villosio mirando a los ojos a Cantarero. Este último la había calificado de “mentirosa” y “experta en operaciones de prensa”.

Durante el tenso careo, el juez Liporaci no hizo lugar al pedido de Villosio de dar lectura a un cuaderno de notas, con fechas y datos.

Por su parte, el fiscal adjunto Federico Delgado se mantuvo en silencio durante toda la audiencia: “Era una palabra contra la otra, es el magistrado el que debe decidir de acuerdo a sus convicciones”, le comentó a esta agencia. Cantarero es el único que (aún cuando haya ocurrido fuera de la sede judicial) se habría autoincriminado, y por eso es el que menos puede respirar tranquilo, advirtió un integrante de la investigación.

Pero la causa sigue en varios aspectos “estancada”. Uno de los fiscales se volvió a quejar ayer de que tanto la Policía Federal como la Dirección Nacional de Migraciones siguen sin ofrecer información sobre los viajes y movimientos de cuentas que los legisladores hicieron al exterior. “Es inexplicable tanta lentitud”, manifestó con cierta ofuscación. (ABA)

Allanan la SIDE por irregularidades en la contratación de publicidad

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaría General de la Presidencia fueron allanadas ayer en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación y pago de servicios de publicidad e imagen por parte del Gobierno a una consultora estadounidense.

Según informaron fuentes judiciales, la causa fue iniciada por el abogado Juan Carlos Iglesias ante la sospecha de que se habría pagado con dinero de la SIDE los servicios prestados por una empresa comandada por Dick Morris, uno de los asesores que diseñó la campaña del presidente estadounidense Bill Clinton.

Policías de la División Delitos Federales ingresaron ayer a la Secretaría General de la Presidencia y solicitaron documentación relacionada con el origen de los fondos con los que se pagó una prolongada campaña publicitaria con el objetivo de mejorar la imagen del gobierno.

El juez a cargo del operativo, Jorge Urso, quien no estuvo presente en los lugares investigados, señaló que el allanamiento en la dependencia que ahora dirige Horacio Jaunarena tuvo “resultado negativo”.

Pudo saberse que mientras se desarrollaba el trámite, Jaunarena almorzaba fuera del edificio y al regresar a la Casa de Gobierno se excusó de formular declaraciones sobre el tema.

Otra diligencia judicial de similares características fue ordenada paralelamente y con el mismo objetivo en la SIDE, sin que trascendiera el resultado del procedimiento.

Los allanamientos fueron ordenados por Urso ante una denuncia del abogado Iglesias, por presunta “malversación de caudales públicos” en la contratación de las consultorías publicitarias “Ikon” y “Triumph”, propiedad de Morris, para la formulación de una campaña destinada a realzar la gestión de Fernando de la Rúa.

En la denuncia están imputados De la Rúa y el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes.

Morris cobró popularidad en la Argentina cuando fue convocado por De la Rúa para asesorar durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia.

(Infosic y Télam)


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