Los Callejeros rechazaron todas las acusaciones

Actualizado a las 20:00

BUENOS AIRES (Télam).- El guitarrista y el bajista de la banda Callejeros rechazaron hoy todas las imputaciones que les formularon por el incendio en el boliche República Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre último, a raíz del cual murieron 193 personas.

Al ser indagados por el juez de instrucción porteño Julio Lucini, el guitarrista Elio Delgado y el bajista Christian Torrejón atribuyeron toda la responsabilidad «al dueño» del boliche de Once Omar Chabán -así lo calificaron- y a los funcionarios del Gobierno porteño que debían controlar las condiciones de seguridad.

Con idéntica estrategia a la empleada ayer por el cantante del grupo, Patricio Santos Fontanet, Delgado y Torrejón dijeron que para esa noche pusieron en venta 3.500 entradas porque Chabán les había asegurado que Cromañón tenía capacidad para 4.000 personas.

«Los responsables del control y la seguridad son el dueño del local y los funcionarios públicos. Nosotros somos músicos» fue, según fuentes judiciales, el principal argumento de descargo de ambos imputados en las indagatorias realizadas esta mañana en el tercer piso del palacio de tribunales, en Talcahuano 550.

En presencia de los empleados del juzgado y del fiscal de la causa, Juan Sansone, tanto el guitarrista como el bajista de Callejeros negaron haber incentivado el uso de bengalas, aunque aclararon que era algo común en los recitales, ya que «forma parte de la cultura de rock».

Durante las indagatorias el abogado defensor de los músicos, Mariano Silvestroni, hizo referencia a videos de otros recitales en los que, según dijo luego a los periodistas, se puede observar el uso de esos elementos de pirotecnia.

Las cintas habían sido aportadas ayer durante el interrogatorio a Fontanet, con el fin de demostrar que era habitual su uso en ese tipo de espectáculos. El abogado dijo que, incluso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «fomentaba» el uso de pirotecnia para promocionar otros shows similares a los de Callejeros. «Las imputaciones (contra los músicos) no se basan en ninguna prueba concreta, sino en rumores», expuso Silvestroni al retirarse de los tribunales, ocasión en la que dijo estar confiado en que los músicos no quedarán detenidos cuando Lucini tenga que resolver sus respectivas situaciones procesales. Para hoy estaba prevista la declaración indagatoria del baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, aunque el trámite fue postergado hasta nuevo aviso. También fueron citados a indagatoria para los próximos días el otro guitarrista del grupo, Maximiliano Djerfy, y el saxofonista Juan Carbone, con lo que finalizará el interrogatorio de toda banda. En el marco de la causa se encuentra detenido y procesado Chabán por los homicidios con dolo eventual de las 193 víctimas de Cromañón. El empresario fue beneficiado hace 10 días con una excarcelación, que aún no se concretó ya que se aguarda a que la Cámara de Casación resuelva las apelaciones a esa medida planteadas por la fiscalía de Cámara y las querellas. Además está detenido el colaborador de Chabán, Raúl Villarreal, quien también solicitó ser excarcelado, aunque aún el pedido no fue resuelto. Villarreal debe presentarse a las 10.30 del lunes ante los integrantes de la Sala V de la Cámara del Crimen porteña, Rodolfo Pociello Argrich, Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori, la misma que por mayoría el 13 de este mes concedió la excarcelación a Chabán, para expresar las razones por las que solicitó ser excarcelado. En tanto, acusados de homicidio culposo fueron procesados el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, y el encargado de seguridad del grupo, Domingo Bussi, quienes en un principio estuvieron detenidos y luego fueron excarcelados. Por el mismo delito están procesados seis ex funcionarios del gobierno porteño, mientras que cinco policías de la seccional séptima quedaron procesados, algunos por cohecho y otros por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Respecto de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad, familiares de las víctimas encabezados por el abogado José Iglesias -también padre de uno de los fallecidos- le volvieron a solicitar ayer la intervención a la Capital Federal al ministro del Interior, Aníbal Fernández.