Los consumidores salen a defender el agua

Los organismos internacionales fijaron una serie de principios en los que se involucra a los usuarios

La calidad de vida y la salud de las personas, incluida su supervivencia, dependen del acceso al agua. En función de este concepto y bajo el lema «el agua es un derecho de los consumidores», los organismos internacionales que defienden a los usuarios lanzaron una campaña en función de la «Declaración de política sobre agua y saneamiento». Se basa en los principios a los que adhieren los organismo nacionales como Procunsumer:

• El agua es una necesidad básica. El acceso a ella se encuentra reconocido en el primero de los ocho derechos de los consumidores aceptados internacionalmente. El acceso a una cantidad adecuada de agua potable es esencial para la propia vida. El agua no es una mercancía.

• El agua, en sí misma, es un bien público, y así debe continuar. Los derechos para extraer agua de fuentes como los reservorios naturales, los ríos y los recursos acuíferos deben ser controlados por las autoridades, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores, los proveedores y el medio ambiente.

• Regulación. Los sistemas de distribución y tratamiento de agua deben estar sujetos a una efectiva regulación por parte del Estado que promueva y proteja el interés público, independientemente de que sean prestados por el sector privado, instituciones públicas o en forma mixta. La regulación debe cubrir el acceso, incluyendo, las políticas de precios, la seguridad, y la calidad del servicio (desconexiones, mantenimiento de la presión, facturación, por ejemplo).

• Información. Los consumidores deberían estar involucrados en el establecimiento y la implementación de estas regulaciones. En primer lugar se deberían fijar las necesidades y los objetivos, y analizar los modelos de gestión posibles que puedan satisfacerlos. La provisión de información adecuada es esencial para que esto sea efectivo.

• Tarifas. Las tarifas, y el uso de cualquier subsidio, deben ser transparentes y equitativas entre grupos de usuarios bajo circunstancias similares. La pobreza nunca debería ser una barrera para acceder a un suministro básico de agua potable y d saneamiento.

• Formas de pago. El pago por la provisión de agua debe ser calculado de manera adecuada, y las formas de pago deberían identificarse y planificarse. Esto incluye tanto el capital como los costos de operación. Pero la recuperación total de los costos a través de cargos a los usuarios no debería ser el único sistema. Objetivos de interés público, como el mejoramiento de la salud pública y acabar con la enorme pérdida de tiempo que para muchas comunidades significa la tarea de aprovisionarse de agua, deben ser considerados y apoyados por subsidios de ser necesario.

• Evitar el derroche. El agua es un recurso escaso, y hacerla disponible a todos, especialmente a los pobres, es un desafío para todos los países. Los consumidores tienen la obligación de respetar el interés público, evitando su derroche, previniendo la contaminación de sus fuentes, y pagando en forma proporcional los costos del suministro.

• El principio de «quien contamina, paga». Debe ser aplicado a los recursos naturales de agua, cubriendo tanto las medidas preventivas como los costos de limpieza, así como a los sistemas de distribución de agua y saneamiento.

Hay que instalar 400.000 nuevas conexiones diarias

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la UNICEF, cerca de 30.000 personas mueren cada día de enfermedades vinculadas a la falta de agua potable segura o servicios de saneamiento adecuados.

El agua también es un recurso natural finito, y su escasez es hoy una real amenaza a la sociedad humana.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que para el año 2025, dos tercios de la población mundial vivirá con problemas de agua.

Actualmente, más de mil millones de personas carece de acceso a agua potable inocua, a pesar de los avances en los últimos 10 años para mejorar la cobertura del servicio (PNUD), y el doble de personas no tiene acceso efectivo al saneamiento.

En muchas ciudades, los sistemas de suministro, distribución y medición son anticuados y sufren de la falta de mantención.

El resultado ha sido una provisión errática o su ausencia en muchas zonas de bajos ingresos con alta densidad poblacional. Muchos consumidores en estas áreas dependen de los vendedores callejeros para obtener su suministro de agua a precios que son hasta un 30% más elevados que los del agua suministrada por redes.

Es ampliamente reconocido que el acceso a servicios básicos de agua y de saneamiento es un derecho fundamental.

Para cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua y al saneamiento el año 2015, se requiere instalar 400.000 nuevas conexiones diarias de agua, y 500.000 conexiones a servicios de saneamiento (Comisión sobre Desarrollo Sostenible, ONU).

Esto demandará una inversión de unos 25 mil millones de dólares por año en el sector agua y saneamiento. Se ha recomendado la participación del sector privado como manera de inyectar capital al sector para mejorar, equipar y renovar el sistema de manejo y provisión de agua.


La calidad de vida y la salud de las personas, incluida su supervivencia, dependen del acceso al agua. En función de este concepto y bajo el lema "el agua es un derecho de los consumidores", los organismos internacionales que defienden a los usuarios lanzaron una campaña en función de la "Declaración de política sobre agua y saneamiento". Se basa en los principios a los que adhieren los organismo nacionales como Procunsumer:

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