Los defensores atacarán la validez de las escuchas

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Las escuchas prueban la relación de Luis Castillo con los otros imputados. NEUQUEN (AN)- «El expediente se va a convertir en un campo de batalla», pronosticó uno de los abogados que tiene acceso a la causa judicial 30.538/02 del juzgado 4, en la cual se investiga el manejo irregular de subsidios y fondos públicos de la municipalidad de Centenario.

A partir de esta semana, los abogados defensores de los 16 imputados, siete de los cuales están presos, comenzarán a descargar sobre el juzgado una pesada artillería de nulidades y cuestionamientos a la investigación. «Usaremos todos los recursos que la ley pone a nuestro alcance», adelantó uno de ellos.

Según trascendió, en el centro de los cuestionamientos estarán las escuchas telefónicas, una de las herramientas más formidables y polémicas que utilizó la fiscalía para estructurar su acusación contra el intendente Luis Castillo y el desocupado Héctor «Zapallito» Molina, entre otros involucrados.

Según pudo saber «Río Negro» consultando diversas fuentes, los defensores atacarán su validez. Su hipótesis de máxima es lograr que las declaren nulas, porque de esa manera quedarán neutralizadas otras pruebas que se obtuvieron gracias a las intervenciones telefónicas.

Como se informó, a través de esta herramienta la fiscalía logró establecer la fluida relación que existía entre Castillo, Molina y otros integrantes del grupo, entre los que figuran un funcionario provincial del ministerio de Desarrollo Social, miembros del gabinete municipal, desocupados, proveedores y hasta un comisario inspector de la policía.

También pudo constatar que se utilizaban dineros de subsidios para solventar gastos particulares de los imputados.

En la justicia hay una larga tradición en el uso de escuchas telefónicas para investigar delitos. Con este mecanismo se han descubierto desde embarques de drogas hasta el paradero de delincuentes prófugos. Pero fue durante la investigación de la llamada «mafia del desarmadero» que adquirieron su mayor protagonismo. Al juzgarse la responsabilidad de la familia Venezia en la comercialización de autopartes robadas, las «pinchaduras» estuvieron en el centro de la polémica.

Los defensores de los Venezia llevaron sus planteos de nulidad hasta la cúspide del Poder Judicial. Y en una sentencia de junio del año pasado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia avalaron toda la investigación (escuchas incluidas) que realizaron el juez José Luis Cartolano y el fiscal Pedro Telleriarte.

Telleriarte es el mismo que ahora acusa a Castillo, Molina, y los otros 14 imputados.

Los abogados defensores suelen criticar con aspereza este mecanismo de investigación, que implica una profunda intromisión en la vida privada de las personas cuando aún no están imputadas formalmente de cometer un delito, sino solamente sospechadas. El debate es nacional e incluso internacional; recrudeció por ejemplo en Estados Unidos después de los atentados del 11 de setiembre, cuando el gobierno propuso facultar al FBI para que realice intervenciones telefónicas sin autorización judicial.

Los defensores, dijeron las fuentes consultadas, no atacarán sólo las escuchas: también cuestionarán la calificación legal empleada por la fiscalía y aceptada, hasta ahora, por el juez Alfredo Velasco Copello.

Como se sabe, la imputación es por «asociación ilícita» y «peculado». La primera de estas figuras nunca es sencilla de probar, y los defensores tratarán de demostrar que como máximo hubo presunta participación de varios sujetos en la comisión de varios presuntos delitos.

Además de estos ejes centrales, los abogados analizarán con lupa cada uno de los papeles secuestrados por la justicia y el modo en que fueron realizados los allanamientos. No dejarán pasar nada por alto.

«Esto es como una guerra, el que comete un error pierde», señaló una de las fuentes. Las batallas comenzarán con fuerza esta semana.

Guillermo Berto

gberto@rionegro.com.ar

Insisten en que Lara debe dar explicaciones en la Legislatura

NEUQUEN (AN)- El diputado radical Ricardo Villar insistió en que el ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara, debe presentarse en la Legislatura para dar explicaciones sobre el escándalo de Centenario.

«Si insiste en evitar que el ministro Lara venga a dar explicaciones a la Legislatura, el MPN demostrará que más que a un colaborador del gobernador estará cubriendo un sistema, sobre el que se acumulan múltiples sospechas de iniquidad, aprovechamiento partidario, foco de corrupción y trama a través de la cual se pervierte el concepto de la asistencia social», indicó el legislador en un comunicado.

Añadió que «si todo fuera trasparente, sería absurda y caprichosa la posición de los diputados del oficialismo de bloquear la invitación que han propuesto los bloques de la oposición, bajo el increíble argumento de respetar la marcha de una investigación judicial sobre el tema».

«No hay incompatibilidad entre un procedimiento en marcha y el que se ha propuesto. Todo lo contrario, se pueden complementar», dijo Villar.

Los diputados opositores, afirmó, «le están ofreciendo a Lara una tribuna, que a la vez es un mecanismo constitucional, desde la cual dar explicaciones a muchos de los interrogantes que la investigación judicial que se realiza en Centenario está planteando, e incluso a muchas de las que se puedan plantear».

Advirtió luego que «si por un lado el oficialismo no envía a funcionarios del área de acción social a explicar en detalle la aplicación de cuantiosos fondos presupuestados para el área, y por el otro tampoco acepta que el ministro venga a responder preguntas de los diputados, la conclusión más lógica es que algo no es tan cristalino como se hace aparecer en los discursos del gobernador y su gente».

Por último, Villar señaló que «es imprescindible que esta investigación que encabeza el fiscal Pedro Telleriarte avance hasta el fondo, porque si bien hoy son los «zapallitos» los que están presos, y los que cargan con todas las responsabilidades de las repudiables maniobras descubiertas, hay que aceptar que para que aquellas «plantitas» existieran, alguien o algunos tuvieron que poner semillas y alimentar su crecimiento. Este ha sido un juego de partes y contrapartes. Es por lo mismo que corren en forma paralela las responsabilidades judiciables y políticas».