Los directores de escuela están obligados a informar

NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia rechazó un recurso de casación presentado por el gremio docente ATEN contra la resolución 163. En consecuencia, quedó vigente esa norma del Consejo Provincial de Educación que obliga a los directores de escuelas a permanecer en los edificios durante los días de paro y a informar los nombres de los docentes que adhieren a la medida.

Además, el CPE podrá seguir adelante con los sumarios que inició contra medio centenar de directivos que se negaron a cumplir la resolución por considerarla anticonstitucional.

A través de un fallo emitido a principios de mes, pero que se conoció ayer, los vocales del máximo órgano de justicia provincial rechazaron el recurso de casación presentado por los abogados de ATEN y cargaron las costas del proceso al gremio.

Los jueces argumentaron que la solicitud efectuada es «inadmisible» por cuestiones técnicas en el planteamiento, y resaltaron que «las meras y genéricas invocaciones de violación de las derechos constitucionales no constituyen, por sí solas, razones suficientes para lograr la apertura» de la instancia solicitada.

Incluso el fiscal del cuerpo consideró que la resolución no es anticonstitucional porque «no violenta el principio de razonabilidad que toda norma debe respetar».

El abogado de ATEN, Mariano Mansilla, indicó que en los próximos días realizará la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. «Vamos a insistir en que esta norma viola el derecho de huelga de los trabajadores que garantizan la Constitución Nacional y los distintos tratados internacionales», dijo ayer a «Río Negro».

El recurso de casación fue presentado ante el TSJ luego de que en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, la justicia resolviera dejar vigente la polémica norma.

La resolución 163 fue sancionada en 2002, cuando el ahora subsecretario de Gobierno, Mario Pilatti, estaba al frente del organismo educativo. Estableció que los directores debían permanecer en las escuelas durante los días de huelga, y además tenían que informar los nombres de lo docentes que se plegaran a esta medida de fuerza.

Varios directivos de esta capital y de localidades aledañas se opusieron a su cumplimiento porque la consideran anticonstitucional. Esta actitud generó el inicio de sumarios contra ellos de parte del CPE.

En total, son 49 los directores que se encuentran en esta situación y que el actual presidente del CPE, Roberto Cacault, prevé sancionar.

En una sesión realizada a principios de julio en el organismo educativo, Cacault arrojó el tema sobre la mesa y el cuerpo colegiado, en los próximos días deberá definir qué castigos impone. Como informó «Río Negro» semanas atrás, las sanciones van desde las amonestaciones hasta la suspensión por 30 días y sin goce de haberes. El cuerpo colegiado, que integra Cacault y donde cuenta con mayoría propia, deberá resolver las penas que impondrá.

El recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación será presentado en un plazo no mayor a los diez días, luego de la solicitud que harán los abogados del gremio en primer término ante el TSJ.