Los dólares se van

Por razones comprensibles, al acercarse el balotaje los candidatos presidenciales preferirían no tener que hablar todos los días de devaluaciones por venir, pero no les cabe más alternativa que la de hacerlo, ya que, por enésima vez, el tema del dólar –mejor dicho, de la debilidad estructural del peso– preocupa a buena parte de la población del país. Si bien los voceros económicos de Daniel Scioli no pensarían en defender el atraso cambiario que tantos estragos ha provocado en las economías regionales y también en el conurbano bonaerense, tanto ellos como muchos otros oficialistas se afirman en contra de una devaluación del peso porque, aseveran, tendría un impacto negativo en el poder de compra de los asalariados. Estarán en lo cierto, aunque Mauricio Macri entiende que serían escasas las repercusiones de unificar el precio local de la divisa que desde hace décadas es la moneda de referencia nacional: según uno de sus asesores, Alfonso Prat Gay, en la actualidad conviven siete tipos de cambio. Macri dice creer que, si el peso flotara, se ubicaría por debajo del blue y por lo tanto no perjudicaría a nadie. Sea como fuere, es poco probable que los debates que están celebrándose en torno a la cotización ideal del peso incidan mucho en lo que efectivamente ocurra en los mercados cambiarios. Como han tenido ocasión de aprender docenas de ministros de Economía y presidentes del Banco Central, en este ámbito como en tantos otros, el mercado suele tener la palabra final. Que este sea el caso es de por sí alarmante. Puede que exageren quienes dicen que el sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no encontrará nada salvo papeles inútiles, pagarés y así por el estilo, en las bóvedas del Banco Central, pero todo hace prever que estén casi vacías. Todos los días, la entidad se desprende de centenares de miles de dólares, con el resultado de que las reservas formales ya han caído al nivel que tenían en agosto del 2006, antes de que Cristina iniciara su gestión presidencial. Según los números oficiales, la semana pasada cerró con 26.701 millones de dólares en las arcas de la institución, pero parecería que las reservas líquidas llegan a menos de 7.000 millones, puesto que habría que descontar los dólares procedentes del swap con China y otros que pertenecen a terceros. Por lo demás, el gobierno se ha resistido a saldar las deudas con los importadores, lo que puede entenderse puesto que, de hacerlo de golpe, las reservas que en teoría retiene se esfumarían por completo. Es por tal motivo que incluso los partidarios de Scioli han llegado a la conclusión de que será urgente alcanzar un acuerdo con los fondos buitre que, por odiosos que sean a ojos de Cristina y otros comprometidos con el relato nacional y popular, han resultado ser capaces de bloquear el acceso de la Argentina a los mercados de capitales internacionales. Dadas las circunstancias, el próximo gobierno no tendrá más opción que ceder ante sus exigencias, ya que caso contrario le sería necesario depender de lo muy poco que recibirá del saliente. Con todo, nadie ignora que la campaña en contra de los “buitres” que emprendió Cristina ha sido tan exitosa que los costos políticos de un eventual acuerdo podrían ser elevados, sobre todo si los kirchneristas más combativos deciden aprovecharlo para desestabilizar al sucesor de su jefa. Sin embargo, puesto que continuar negándose a negociar con los holdouts le significaría al presidente próximo resignarse a aplicar un ajuste que sería mucho más brutal que el previsto por quienes nos advierten contra el peligro que en su opinión representa el macrismo, es lógico que Scioli ya haya enviado a sus emisarios a Washington y Nueva York para que traten de ablandar a los duros financistas que cuentan con fallos judiciales inapelables en su favor. Aunque el candidato oficialista está esforzándose por brindar la impresión de tener ideas que son radicalmente distintas de las de Macri, sabe tan bien como su rival que, si le toca ser presidente, tendría que reconciliarse lo antes posible con los mercados, poniendo fin al políticamente provechoso pero económicamente ruinoso conflicto desatado por Cristina cuando, para entusiasmo de sus adherentes, rehusó acatar los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa, de tal modo manifestando su desprecio por lo que, al fin y al cabo, es la ley.