Los extremos de la realidad

La última semana fue más que intensa para Mauricio Macri. El mismo día de la reaparición política de Cristina Kirchner (en el acto armado frente a los tribunales, donde se negó a declarar) recibió la noticia del exterior que más esperaba: la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que permitirá poner fin este viernes al default parcial de la deuda. Y tres días después cerró la semana con el anuncio de medidas de asistencia a los sectores más vulnerables, que debió anticipar ante la evidencia de que la inflación trepó más arriba de la línea de malestar social.

Hay un hilo conductor entre el final del prolongado conflicto con los holdouts y el costo fiscal de las nuevas medidas, entre las cuales sobresale el reintegro del IVA (de 10,5%) en las compras con tarjeta de productos de la canasta alimentaria (con un tope de $ 300) para los jubilados con haberes mínimos y los beneficiarios de la AUH, que ahora será extendida a los monotributistas de escalas más bajas.

Ocurre que el reingreso de la Argentina a los mercados para obtener crédito externo es la clave para sostener la política de gradualismo emprendida por la Casa Rosada para bajar el déficit fiscal y la inflación en cuatro años. Básicamente, la fórmula es financiar el profundo rojo de las cuentas públicas con menor emisión de pesos del Banco Central y mayor ingreso de dólares financieros, para evitar un drástico recorte del gasto público políticamente inviable. O que, de lo contrario, podría desembocar en un “Rodrigazo”, si el BCRA agregara más combustible monetario a la inflación y al dólar. Mientras tanto, paga una tasa interés de 38% anual para las Lebac a 35 días, a costa de enfriar el consumo y la actividad económica, además de acumular un creciente déficit cuasifiscal.

Por ahora, el gobierno se basa en esta política monetaria para pronosticar un fuerte descenso de la inflación en la segunda mitad del año. También prevé para entonces cierta recuperación del consumo cuando se cierren las paritarias y la reactivación de obras públicas paralizadas por falta de fondos. En los papeles, el crecimiento de la economía vendría de la mano de mayores inversiones privadas para generar empleo e ingresos fiscales y reducir el peso relativo del Estado en el PBI. Pero aun cuando el fin del default reabrirá el acceso al crédito externo, tanto para el sector público como el privado, los proyectos están a la espera de que se aclare el panorama macroeconómico. De ahí que se aguarda con expectativa el próximo anuncio del programa fiscal y monetario para el resto del año, para verificar en números cómo se reducirá y financiará el déficit heredado y que el actual gobierno amplió con rebajas impositivas. Estos datos permitirán además proyectar qué ocurrirá con el dólar en los próximos meses.

Al gobierno le cuesta explicar esta secuencia, porque suele dar por sobreentendidos muchos de los costos de levantar las hipotecas que dejó el cristinismo. Sin ir más lejos, Macri reiteró el sábado que la inflación bajará en los próximos meses, pero no hizo alusión a que abril tendrá el mayor aumento mensual de los últimos años por el impacto de los fuertes ajustes simultáneos de tarifas de gas, agua y transporte, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires son de gran magnitud debido al virtual congelamiento de los últimos años. No obstante, varias de las medidas anunciadas buscan atenuar el efecto de la mayor inflación sobre los ingresos de jubilados y de trabajadores informales que no están incluidos en paritarias. Entre ellas, el refuerzo de $ 500 por única vez en mayo en las jubilaciones mínimas y la AUH, incluso con tarifa social.

En la misma línea se ubican la próxima convocatoria del Consejo para aumentar en 30% el salario mínimo vital y móvil (de $ 6.060 a $ 7.800 mensuales en dos tramos) y la compatibilización de planes sociales provinciales con la AUH, para que esos beneficios no sean excluyentes. Paralelamente, se elevaría (de $ 400 a $ 3.000 mensuales) el seguro de desempleo ante los despidos en distintos sectores.

Si bien el costo fiscal de varias de estas medidas ya estaba previsto, en otros casos se financiará con crédito externo que, además, se prevé para la garantía estatal de un amplio plan de inversiones privadas en infraestructura con contratos llave en mano.

En este contexto, el inminente retorno de la Argentina a los mercados externos es una buena noticia. Aunque no exento de riesgos, pese al clima de euforia financiera de los últimos días, con bajas del dólar, repunte de títulos públicos y acciones y caída del riesgo país al nivel más bajo de los últimos ocho años.

Todo indica que la colocación de bonos en dólares a plazos de 5, 10 y 30 años, que se inicia hoy, tendrá una tasa inicialmente alta, cercana a 8% anual. Y que sólo podrá bajar a niveles similares a los de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay (que se financian a un costo de 3,5 a 5% anual), en la medida en que se vayan poniendo en orden las cuentas fiscales y baje la inflación.

El endeudamiento externo puede ser parte de la solución o del problema, como ocurrió en el pasado cuando se usó para financiar gastos corrientes del sector público y se transformó en impagable. Ahora el Congreso se puso los pantalones largos al votar la ley que permitirá normalizar la deuda en default , sin afectar las reservas del Banco Central. Hace una semana en la cena anual del Cippec, que reunió a todo el arco político y centenares de empresarios, el propio Macri pidió un aplauso para los legisladores opositores y los gobernadores provinciales, en reconocimiento a ese respaldo. Para no extenderle un cheque en blanco, la oposición avanza en otro proyecto de ley que obligará al Poder Ejecutivo a requerir autorización del Congreso para colocar nueva deuda y destinarla sólo a financiar obras de infraestructura, un objetivo difícil de verificar.

Aún así, estas prevenciones no evitan el riesgo de un endeudamiento de las provincias por encima de su capacidad de repago o del ingreso de capitales “golondrina” para aprovechar las altas tasas locales de interés, a costa de un deterioro del tipo de cambio en perjuicio de los exportadores.

Entre los interrogantes, el programa de financiamiento externo del Tesoro nacional abrió una nueva incógnita después de que funcionarios del área económica anticiparan desde Nueva York que la colocación de deuda externa de esta semana (para pagarles a los holdouts y a los bonistas rehenes) será la última del año. Aunque descuentan que una parte de los 15.000 millones de dólares a emitir será destinada a cubrir déficit fiscal, los analistas se inclinan a suponer que podrían surgir alternativas al crédito externo caro. Entre ellas, el lanzamiento de un título en dólares para captar ahorros declarados en esa moneda y, más adelante, un blanqueo de fondos no declarados, que no será gratuito como el último de la era K.

Néstor Scibona

Especial para “Río Negro”

nestorscibona@gmail.com

mirando al sur