Los Kirchner y la ley

Si bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece reconocer que no le cabe más opción que la de aceptar que la «hegemonía» de la que disfrutó Néstor Kirchner ya pertenece a la historia y que por lo tanto le corresponde actuar como una mandataria democrática normal, el cambio así supuesto podría resultar insuficiente para salvarla de las consecuencias de los errores cometidos por ella misma y por su cónyuge cuando se imaginaban impunes. Al reducirse drásticamente la popularidad de ambos durante la fase del conflicto con el campo que culminó con el voto «no positivo» del vicepresidente Julio Cobos, la pareja perdió una parte sustancial de su poder político. Como suele suceder cuando esto ocurre, diversos jueces y fiscales han reaccionado impulsando causas que andando el tiempo podrían dar pie a un juicio político. Huelga decir que no es la primera ocasión en que miembros de un gobierno que ha gozado durante años de un nivel de aprobación muy alto hayan logrado convencerse de que podrían permitirse lujos negados a mortales comunes, sólo para descubrir más tarde que al modificarse las circunstancias los que antes estaban dispuestos a perdonarles virtualmente cualquier cosa querrían verlos sentados frente a jueces implacables. En nuestro país y otros de cultura similar los períodos de permisividad excesiva suelen alternar con otros signados por el rigor, pero parecería que los Kirchner y ciertos colaboradores pensaban que su popularidad era a prueba del desgaste.

Gracias en parte al juicio de algunos agentes venezolanos que está celebrándose en Miami, además de las secuelas del asesinato presuntamente por narcotraficantes de los empresarios cuyos cadáveres fueron encontrados en General Rodríguez -de los que uno había aportado fuertes sumas de dinero al aparato oficialista-, a esta altura nadie ignora que la financiación de la campaña electoral de Cristina fue, por decirlo de algún modo, extraordinariamente desprolija. Pues bien: según una auditoría de la Cámara Electoral Nacional, hubo tantas irregularidades que recomendó a la jueza María Servini de Cubría rechazar la rendición de cuentas confeccionada por el Frente para la Victoria. Asimismo, seguirán activándose más causas, incluyendo las vinculadas con los negocios privados llamativamente prósperos del matrimonio en Santa Cruz. Pero no sólo se trata de los Kirchner mismos. También se encontrarán en dificultades funcionarios como el ministro de Planificación Julio de Vido, el que según el vicepresidente Cobos debería explicar ante la Justicia lo que sabe de la financiación de la campaña cristinista. Por lo demás, se informa que la ministra de Salud, Graciela Ocaña, podría estar por renunciar a raíz de las actividades de quien en teoría es su subordinado, el recaudador oficialista Héctor Capaccioli, el que en un intento de cubrirse procuró vincularla con uno de los empresarios asesinados, Sebastián Forza, y, como si esto fuera poco, siguen tramitándose en los tribunales los casos protagonizados por la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, la empresa Skanska y muchos otros.

Hace un par de años, el capital político acumulado por el entonces presidente Néstor Kirchner era tan grande que las denuncias que los involucraban parecían meramente anecdóticas, pero comenzó a mermar ya antes del triunfo electoral holgado de Cristina. Conforme a algunas encuestas, dos tercios de la población desaprueban la forma en que la presidenta está manejando el país y apenas uno de cada cuatro la considera rescatable. La caída más precipitada de la imagen kirchnerista se ha dado en el Gran Buenos Aires, en especial el segundo cordón, que hasta hace relativamente poco era su bastión electoral. Así las cosas, de continuar acumulándose las denuncias en contra de los Kirchner y sus adláteres, no contarán con el poder político que en otros tiempos les hubiera permitido tratarlas como si sólo fuera cuestión de las mentiras o exageraciones de adversarios resueltos a dinamitar «el modelo de producción e inclusión» que dicen estar impulsando. Mal que les pese, su destino dependerá de lo que digan los jueces y las decisiones tomadas por los que, impresionados por su popularidad y por el poder de la caja, contribuyeron a hacerles creer que se mantendrían intocables por muchos años más.