Los mapuches critican norma sobre otorgamiento de personería jurídica



NEUQUEN (AN).- La Confederación Mapuche Neuquina cuestionó la nueva reglamentación del otorgamiento de personería jurídica a las agrupaciones aborígenes, contenida en el decreto 1184 que firmó el gobernador Jorge Sobisch en julio pasado. La organización considera que esa norma vulnera los principios constitucionales que reconocen "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" en Argentina.

Afirmaron que la definición de la identidad mapuche queda como facultad del gobierno y que, según el decreto, no se reconocerá como comunidad a grupos constituidos por menos de diez familias. En cambio, según la cosmovisión mapuche el "loft" -designación aborigen para comunidad- está constituido por el grupo familiar originario.

La Confederación considera que el aspecto más grave del decreto es el que garantiza la seguridad jurídica "de las aliadas estratégicas" del gobierno -las compañías petroleras- dado que se establecen en territorios que históricamente están ocupados por los indígenas.

Según el abogado Carlos Falaschi, en un documento que analiza la norma legal, el texto "sobreabunda en requisitos, muchos de ellos polémicos e incluso peligrosos".

Falaschi dice que uno de los enunciados establece un régimen de reconocimiento de las comunidades a partir del trabajo de campo que se realizará con "todas y cada una" de ellas. El resto de las exigencias implica, entre otras, identidad étnica; lengua autóctona; cultura y organización propias; tradiciones esenciales; hábitat común; núcleo de por lo menos diez familias -algo, que, afirma Falaschi, triplica la exigencia nacional en la materia-; pautas de organización, libro de actas, reseña histórica de origen y agrupamiento. El decreto 1184 establece que una habilitación de nivel nacional "no habilita a peticionar".

En síntesis, Falaschi considera que el decreto es "un chaleco de fuerza" para las comunidades, dado que les exige -a las inscriptas- además regularizar su situación como asociación civil sobre la base de la nueva norma en un plazo de 12 meses. El nuevo marco jurídico, desde el gobierno, pretende poner un dique al florecimiento de comunidades que luego presionan para obtener reivindicaciones, como ocurrió con los casos Paynemil-Kaxipayiñ en Añelo; la escisión de los Puel en la zona de Aluminé, y otros. Los conflictos más resonantes -Loma de La Lata, Villa Pehuenia y otros no resueltos- ocurrieron también a partir del surgimiento de nuevas comunidades.


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