Los mayores salarios pertenecen a los órganos de control

PROVINCIALES

La renovada crisis estatal reeditó el debate de los sueldos de las autoridades superiores del Estado rionegrino.

La última radiografia ubica en el liderazgo a los órganos de control, con montos brutos de 70.000 a 55.000 millones y subas superiores al 50 por ciento en el último año y medio.

Igualmente, las próximas cancelaciones harán que los jueces del Superior Tribunal de Justicia regresen al tope cuando cobren con un alza del 10 por ciento. Totalizarán un 42 por ciento desde mediados del 2012.

La mirada pública está centrada en los sueldos del Ejecutivo pero esta semana el gobernador Alberto Weretilneck procuró su desvío cuando renovó su anhelo en la restricción de las remuneraciones de los órganos de control, considerando que “se fueron de lógica”. Aún así, admitió su dilema remunerativo y habló que en enero habrá “gestos” propios frente a la emergencia proclamada.

En abril del 2012, “Río Negro” se ocupó del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones y la Defensoría del Pueblo ya que habían modificado su marco salarial, sosteniendo el desconocimiento el encuadramiento legal existente. Al poco tiempo, el mandatario presentó un proyecto fijando topes a esos organismos pero no prosperó en la Legislatura, que lo devolvió con solicitudes de modificaciones.

En julio del 2012, “Río Negro” realizó un ranking de salarios top, que lideraba la Justicia. Ahora, según los haberes de noviembre, los órganos de control lo están encabezando.

La joven Defensora del Pueblo, Nadina Díaz puntea con un haber bruto de 70.583 pesos -un neto de unos 61 mil- mientras que los dos vocales del Tribunal de Cuentas, Juan Huentelaf y Erika Acosta perciben 63.667 pesos y 62.383 pesos brutos (equivalen 55.000 y 54.000 pesos netos). Un secretario está en casi 40 mil pesos. En cambio, el fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone cobró 55.496 pesos y unos 50.000 pesos en bolsillo.

Esta evolución sorprende, incluso en la comparación entre ellos, ya que su progreso partió de una misma resolución. Un año y medio antes, esos haberes oscilaban de 45.000 a 49.000 pesos brutos. La Defensora subió de unos 45.000 a más de 70.000 pesos, es decir, aumentó un 55 por ciento. Sus pares en el Tribunal de Cuentas crecieron más del 30 por ciento frente al 22 por ciento de Ponzone.

Al asumir en el 2011, el nuevo Tribunal emitió la resolución N° 72/11 y priorizó el concepto de “incumbencia orgánica”, relativizando el impacto de la antigüedad que favorecía a los anteriores miembros por sus años en el Estado y ya estaban en haberes de 50.000 pesos. Con poca antigüedad, los flamantes vocales aplicaron el concepto de “incumbencia” y sostuvieron sus montos por encima de los 45.000 pesos. La FIA -con su resolución 11/12- y, luego, la Defensoría lo imitaron, con sus interpretaciones.

Así, los predecesores radicales lo plantearon y los actuales del FpV mantienen normativas que colisionan con los lineamientos constitucionales y sus leyes. El artículo 162 del CP liga al vocal del Tribunal con el legislador. Su ley 2747 reafirma que su “remuneración será equivalente a la del Legislador”. Igual referencia tiene la Defensoría, según el artículo 5 de su ley 2756. El haber de un parlamentario promedía los 46 mil pesos.

Por su parte, el FIA está ligado a la Justicia y, puntualmente, a un miembro del STJ, según el artículo 165 de la CP.

En el 2012, Weretilneck lo intentó pero bastaron tres meses para neutralizar su plan de restringir el haber de los órganos de control extreno. En julio, la Legislatura lo desactivó y el mandatario no insistió. Aquella iniciativa fijaba ese salario en el 70 ciento de la remuneración bruta de un vocal del STJ. Ahora, Weretilneck parece dispuesto a retomar esa ofensiva.