Los morosos del Iadep dispondrán de otra tregua

NEUQUEN (AN).- Los más de mil deudores del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo que acumulan 135 millones de pesos y se ubican entre las categorías 3 y 6 de morosidad, tendrán otra tregua de 60 días para refinanciar sus obligaciones. Todo ocurrirá así si la Legislatura aprueba un proyecto de ley que envió el gobernador Jorge Sobisch sobre la base de la profunda crisis «económica, política y moral» que padeció el país y con «la que se dio de bruces» el régimen de regularización y refinanciación de esas deudas propuesto hace ya dos años.

La mitad de la cartera está en trámite de cobro en la Justicia a partir de las acciones iniciadas desde la fiscalía de Estado cuando se inició el operativo de recupero con el anterior presidente del Iadep -Nicolás Salvatori- y su equipo. En diciembre pasado, antes del recambio de autoridades, el gobierno decidió pasar el Iadep al ámbito del Banco Provincia del Neuquén con la modificación de la ley de ministerios.

Cuando el contador Félix Racco ya sonaba como presidente del BPN, en reemplazo de Luis Toti Manganaro -que pasó a Seguridad y Trabajo con armas y bagajes- el gobierno proyectaba «hacer algo muy amplio» con este universo de deudores.

Ayer Sobisch decidió arremeter contra «la incertidumbre, la emergencia social e inestabilidad económica» que se generaron desde 2001 en adelante en la Argentina y que «ahuyentaron a los potenciales deudores adherentes al régimen». En ese lapso se produjeron nuevos retrasos, aumentaron los legajos de deudores. Según el gobierno, esa situación de mora «hoy estaría mayoritariamente superada» con un trámite rápido y con seguridad jurídica «tanto para el Estado acreedor como para el deudor que quiere cumplir».

El Ejecutivo reconoció «un panorama más favorable» y advirtió que «de ninguna manera el restablecimiento del régimen implica la espera o suspensión» de las acciones judiciales iniciadas.

El proyecto consta de sólo dos artículos y faculta al Iadep a «fijar regímenes generales, especiales y acuerdos particulares de cobro y refinanciación» de las deudas en mora sobre la base de «razones de carácter social o en motivos económicos orientados a un mayor recupero».

Sobisch envió un segundo proyecto para modificar las leyes de amparo y de procedimiento administrativo y «poner un coto y ejercer un mayor control» en relación con los juicios de amparo por mora. Según el texto, esta clase de juicios se convirtió «en una práctica habitual ante los tribunales locales, fuera de toda proporción y fundamentalmente siendo impulsados sin beneficio para el administrado». Se trata de un mecanismo utilizado «no para provocar un pronunciamiento del Estado… sino para generar costas y estipendios profesionales», calculados en 1.300 pesos por caso.

La modificación se gestó a iniciativa de la asesoría general de la Gobernación y con el fin de bloquear la «industria del juicio» que inician trabajadores públicos patrocinados por los abogados de los gremios estatales.


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