Los municipios neuquinos siguen los pasos del ajuste de Sobisch

Se proponen contener el gasto y aumentar la recaudación de tasas.

NEUQUEN .- Las medidas de contención del gasto público ya reprodujeron el dibujo institucional de la provincia y se extendieron como una mancha de aceite desde la capital hasta las localidades del interior, donde muchos intendentes, aun sin reconocerlo, compraron el ajuste llave en mano que impulsa el gobierno de Jorge Sobisch.

Con un alto grado de evasión -en algunos casos sus sabuesos sólo logran embolsar el tercio de lo previsto, y las deudas prescriben a los dos años-, recursos acotados por el régimen de coparticipación municipal y déficits que, como el caso de Chos Malal, llegan al 37,5 por ciento del presupuesto anual, la tendencia general consiste en congelar la planta de personal, disminuir los gastos corrientes e iniciar programas que sólo difieren en los matices.

De los seis jefes comunales consultados por este diario -dos de la Alianza, uno justicialista y tres del Movimiento Popular Neuquino-, la mosca blanca fue el de Plottier, Sergio Gallia.

Gallia, que se sucedió a sí mismo en diciembre pasado, dijo que el problema de sus colegas y del gobierno provincial es que no hicieron el ajuste. El peronista, autopropuesto como el precursor en el camino del ajuste, aseguró que durante su primera gestión tomó «las medidas que ahora están adoptando» los otros y, como su partido en el nivel nacional, se convirtió en fiscal de la reforma del Estado.

Se diferencia por su posición con los contratados, que representan más del 50 por ciento de los incluidos en planta permanente. La renovación de los contratos es automática con un receso de 30 días en el verano para «tener un respiro en las cuentas».

La masa salarial del municipio equivale a los ingresos por coparticipación municipal -regalías e impuestos federales y provinciales-, pero la deuda con la provincia está casi cancelada.

Cuando Gallia asumió en diciembre de 1995, rebajó los sueldos de la planta política: el intendente ahora percibe 2.800 pesos mensuales -antes 5.400- y los concejales 2.600 -antes, 3.500-, y el sueldo promedio es de 816 pesos per cápita. Como medidas complementarias, introdujo restricciones en el uso de los teléfonos y suprimió las horas extras, que se compensan con francos.

El intendente capitalino, Horacio Pechi Quiroga -Alianza UCR-Frepaso-, eludió opinar «sobre las medidas de ajuste provinciales porque estoy enfrascado en el ámbito municipal», aunque ya aceptó recibir el EPAS de parte del gobierno provincial. Quiroga consideró que la revisión de los empleados contratados «es una cuestión lógica» .

Oscar Koenig heredó la administración municipal de Chos Malal del ahora diputado provincial por la Alianza, el radical Osvaldo Forsetti. De los intendentes consultados es el que mayor carga recibió, porque debe el 37,5 por ciento del presupuesto anual y «siguen apareciendo facturas de proveedores que no teníamos previstas».

Koenig estuvo al frente de la comuna durante la anterior gestión de Sobisch, y se convirtió en el bastión de la lista blanca del MPN en la zona norte. Reproduce los ajustes provinciales -en gastos de funcionamientos, viáticos, compras, sueldos de funcionarios y planta permanente-.

La recaudación efectiva no llega al 45 por ciento de lo calculado, y para lograr más eficiencia proyecta incorporar «promotores que recorran casa por casa» y difundan las necesidades del municipio de percibir los impuestos.

Raúl Podestá, también aliancista pero con apenas una semana en el cargo, dijo que no tomó ninguna medida hasta que finalice el análisis de la situación económica y financiera de la comuna. La deuda heredada representa el 8,3 por ciento del presupuesto total y la recaudación es el 25 por ciento de la prevista, y este año procurará aumentarla diez puntos. Podestá congelará la planta de empleados durante los cuatro años de gestión ya que por un acuerdo con ATE incorporó 29 personas y la semana próxima reingresarán unos 80 trabajadores al plantel de 140 contratados y «todos serán renovados».

Pero en consonancia con Sobisch, Podestá reducirá gastos en vehículos, disminuirá los costos de funcionamiento de la administración pero los sueldos no se tocarán.

En Centenario, Luis Castillo asumió como continuidad de su jefe, el diputado nacional del MPN, Adrián Fernández, pero lo cuestionó implícitamente. Dijo que la gestión anterior tenía 54 cargos políticos «y nosotros entramos con 23». Impulsó una serie de medidas de racionalización -control de gestión en las compras, supresión de vales de nafta-.

Con Diego Rueda -MPN- en Rincón de los Sauces, se aplicará una reducción salarial en la planta política y de los 81 contratos que finalizaron en diciembre se renovaron 60 y se otorgaron cinco subsidios «por edad».

Apremios similares en tres intendencias de distinto signo

NEUQUEN.- En Centenario las deudas con los proveedores están canceladas, pero hay 40 juicios laborales pendientes de la gestión anterior «y dos ya presentaron embargos contra la munici- palidad», dijo Luis Castillo.

Mientras se propone cerrar un acuerdo con uno de esos juicios -36 mil pesos pagaderos en cinco cuotas, otro ya está pago y costó 11 mil pesos al tesoro municipal-, Castillo recordó una deuda de 1,4 millones de pesos por el consumo de energía eléctrica en la planta de agua.

El nivel de recaudación no supera el 38 por ciento pero se trata de «gente que tiene recursos» y no paga «porque no tiene voluntad.

Castillo reconoció la necesidad del ajuste porque «igual que en una casa, no se puede gastar más de lo que entra» porque en el largo plazo «se pagan las consecuencias».

Diego Rueda, de Rincón de los Sauces, dijo que los intendentes «juntan las monedas» para pagar los sueldos. En la localidad petrolera «la recesión de la industria» lleva a un centenar de personas por día a reclamar ante el municipio, pero «no podemos absorber esa mano de obra, porque no reemplazamos al sector privado».

Rueda subrayó que las medidas de acción rápida «siempre causan trastornos», por lo cual «habría que tomar medidas de contención social».

El recién asumido Raúl Podestá, de Zapala -y de signo totalmente opuesto- criticó el ajuste provincial «de la misma manera que lo hicimos con Felipe Sapag», porque el gobierno adopta medidas «sin crear las condiciones» necesarias y luego «los municipios se tienen que hacer cargo» de las consecuencias.

En Zapala, concluyó, «no hay actividad privada» y cualquier conflicto «el municipio tiene que enfrentarlo».


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