Los neopiqueteros

Resulta curioso que los cortes de ruta, un método de protesta social esgrimido por el movimiento de desocupados, haya encontrado su vertiente ecologista de la mano de ciertos sectores medios, los que en su momento desdeñaron esta metodología de protesta hasta el punto de la descalificación más eficaz. Los cortes de rutas que en su momento realizaban los «piqueteros» se diferencian de los que ahora se realizan contra las plantas procesadoras de celulosa en Fray Bentos, Uruguay, no por su metodología, sino por su legitimidad de origen. Los bloqueos surgieron en forma natural y espontánea en un contexto de crisis social y una desocupación estructural, como una herramienta de protesta eficaz de los sectores afectados, cuyo único y vital sostén era la legitimidad del reclamo y la comprensión del resto de la sociedad en tal contexto.

Los «neopiqueteros» no surgieron de una situación de crisis social estructural, sino de un desacuerdo o disconformidad por una cuestión específica que halló su raíz política, no ya para sostener su legitimidad, sino para instaurar grados parciales de justificación. Sin lugar a dudas, es un tema más político que social.

Los temas políticos siempre son aleatorios, circunstanciales y muchas veces caprichosos, pueden darse en cualquier momento o lugar si están dadas las condiciones y están sostenidos por los propios actores políticos que comenzaron a surgir de esa «movida» a través del tráfico de influencias. Duran según el interés de la gente en consumirlos o el interés del Estado en mantener a la opinión pública atenta a estos temas, para que pasen desapercibidos otros de los cuales no les interesa que se hable.

La renuencia del gobierno, en general, para instar a las fuerzas del orden para repeler este tipo de protestas tiene que ver con los costos políticos que lleva implícito este plan de acción. Ahora bien, uno se pregunta, ¿para qué están los políticos sino para asumir este tipo de costos? El problema se torna más arduo aún, cuando el propio gobierno, quien es el responsable de las fuerzas del orden y tiene el deber de asumir el costo político de ponerle límites a la protesta, se mostró desde un inicio como promotor o, al menos, patrocinante del neopiqueterismo.

Desde el punto de vista exclusivamente social, no existe una raíz axiológica que les dé legitimidad a los cortes de ruta que se realizan en Entre Ríos contra las papeleras, aunque sí hay una raíz política que la sostiene, que tiene que ver con el propio gobierno argentino que deberá asumir un costo político cada vez mayor si le interesa resolver esta cuestión; difícil e improbable decisión en tiempos electorales.

Sin entrar a indagar en las razones que esgriman los vecinos de Entre Ríos para llevar adelante su protesta, las cuales pueden ser muy válidas, no existe una legitimidad social pura que dé sustento a ese tipo de metodologías.

Me pregunto qué hubiera pasado si la fábrica procesadora de celulosa en lugar de asentarse en Uruguay, lo hubiera hecho en el otro lecho del río, es decir, en la Argentina. Estoy seguro de que en lugar de cortes de ruta, tendríamos un movimiento de actores políticos locales capitalizando electoralmente el fenómeno de inversión ocurrido en la provincia. Y en este punto vuelvo a traer a colación uno de los motivos principales de los cuales no se habla: ¿por qué los capitales extranjeros deciden llevar su inversión al Uruguay y no a la Argentina? La respuesta para mí resulta obvia, aunque quizás no se advierta entre el humo del piquete: seguridad jurídica. La inseguridad jurídica en la Argentina es uno de los temas que siempre se eluden, mientras crece el estupor de la opinión pública en torno de las papeleras, hasta transformarlo en un conflicto entre dos naciones.

Resulta muy elocuente reactivar un método de protesta social para delinear estrategias políticas, pero es un movimiento virtual que durará lo que el marco político determine. Muchas protestas de movimientos de ecologistas se suscitan en el mundo y se desenvuelven dentro del marco que la tolerancia política les proporcione. Diferente es el caso de las protestas legitimadas que surgen de la propia crisis, éstas sí son verdaderos movimientos sociales que instan y forjan los giros de las políticas de Estado, porque sólo las detiene el cambio de las condiciones «sociales» en que fueron concebidas.

Si desde el punto de vista jurídico los jueces en su momento encontraron algún dispositivo de justificación en un contexto de crisis para abstenerse de juzgar un delito federal, como es el corte de rutas, actualmente su inactividad no es propia de una situación social emergente, sino de aquella inseguridad jurídica que mencioné en párrafos anteriores, tema del cual insisto no se habla.

Más elocuente resulta aún que el giro del conflicto ahora exalte el incumplimiento de un tratado, una cuestión cuya elucidación es netamente jurídica, y se pretenda mantener una medida de protesta de tal tenor, impidiendo la libre circulación entre los dos países, garantía constitucional cuyo quebranto también implica el incumplimiento de un tratado.

LUIS VIRGILIO SANCHEZ (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado