Los nuevos compromisos educativos

Por CRISTINA STORIONI (*), MONICA MONTECCHIARI (**) Y PATRICIA VIDELA PAEZ (***)

Especial para «Río Negro»

Las modificaciones de algunos artículos de la Constitución de la Provincia del Neuquén referidos al tema educativo, realizadas en la Convención Constituyente, son la expresión mas contundente de los nuevos compromisos educativos del Estado y la sociedad neuquina de cara al futuro.

Una de las innovaciones es el establecimiento de 15 años de escolarización obligatoria lo cual constituye una responsabilidad inédita debido a que sólo en esta provincia se ha planteado un trayecto educativo obligatorio de tal magnitud. Otra es instaurar un camino hacia una escuela inclusiva reconociendo los derechos a la diversidad cultural y a la escolarización de las personas con necesidades educativas especiales.

Hasta ahora sólo eran obligatorios: el nivel Primario (artículo Nº 257 de la Constitución del año 1957), el ciclo básico del nivel Medio hasta los 17 años (ley 242 del año 1961) y las sala de cinco años del nivel Inicial ( resolución Nº 1441/96 del Consejo Provincial de Educación). Estas normas de diferente jerarquía garantizaron la obligatoriedad hasta determinada etapa, lo cual le otorga una impronta progresista al sistema educativo neuquino respondiendo a las demandas educativas de la sociedad. Hoy, a raíz de la reforma, la extensión de la obligatoriedad del nivel Inicial, específicamente en su etapa de jardín de infantes (sala de 3, 4 y 5 años), y del nivel Medio completo no sólo se ha ampliado sino que se le ha dado rango constitucional .

Ahora bien, construir un sistema educativo con un tramo de 15 años de recorrido obligatorio implica un gran desafío; una noción a construir, un nuevo proyecto de educación pública básica que forme a niños, adolescentes y jóvenes con una perspectiva de integrar y no seleccionar, con conocimientos, habilidades y valores que les permitan resolver situaciones diferentes para vivir mejor en una sociedad desafiante y cada vez más compleja.

Promover la extensión de obligatoriedad escolar no significa de ningún modo desconocer las condiciones económicas, sociales y pedagógicas que afectan a la escolarización de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Por el contrario, expresa un gran desafío y un fuerte compromiso para superar las dificultades, ya que se sostiene que la universalización de la escolarización básica no sólo es un objetivo de índole económico, sino básicamente un objetivo social y cultural. La expansión de la obligatoriedad implica, entre otros principios educativos, aspirar a democratizar las relaciones de producción y reproducción de las condiciones materiales y culturales de la vida de una sociedad. No hay justicia social si no se realiza una distribución igualitaria del conocimiento.

Desde esta perspectiva, se trata de construir un proyecto educativo en tanto proyecto cultural, que promueva y se comprometa a la contribución de la democratización social y económica reconociendo el derecho de los hombres a la participación de bienes materiales, simbólicos y sociales.

La extensión de la obligatoriedad significa ampliar a otros niveles del sistema educativo los principios de gratuidad, universalidad y laicidad, reservados constitucionalmente hasta ahora para la educación primaria. Principios democráticos que definen a la educación como derecho social y, como tal, implica exigir prestaciones positivas por parte del Estado para que el hombre pueda desarrollarse en plenitud.

Con la introducción de la obligatoriedad de la educación inicial y secundaria se suman dos niveles, con trayectorias históricas diferentes, que en sus inicios tuvieron objetivos y mandatos sociales particulares con tradiciones propias y a veces antagónicas que es necesario repensar.

Extender la obligatoriedad de la educación pública en el nivel Inicial es entender que la educación es el modo como las personas, las instituciones y la sociedad responden a la llegada de los que nacen; es abrir un espacio, una oportunidad a los primeros aprendizajes. Investigaciones actuales e importantes desarrollos interdisciplinarios sobre el valor formativo de los «aprendizajes tempranos», junto a la ampliación de necesidades y expectativas sociales, han ido conformando una fuerte estructura de legitimación para la educación inicial y su concreción institucional en el sistema educativo.

El reto será superar definitivamente las visiones asistencialistas, socializantes y propedéuticas como visiones exclusivas y determinantes de la educación de la primera infancia.

Repensar el nivel Inicial conducirá a reencontrar en lo pedagógico la dimensión política de un espacio donde los aprendizajes infantiles y, por ende, el desarrollo infantil puede y debe experimentar un acelerado ritmo de crecimiento cualitativo y cuantitativo.

Por ello, se hace necesario defender con todo rigor la importancia pedagógica de este nivel y de acreditarlo como el primer espacio educativo en el que se instala la relación del niño con el conocimiento.

Es la etapa en la que se construyen las matrices de aprendizaje y al mismo tiempo representa la primera inserción en un grupo social más amplio luego de la familia, contribuyendo así a la democratización de la educación.

Extender la obligatoriedad de la educación pública en el nivel Medio implica reconocer el cambio de sentido que sucedió con la universalización del mismo. En el momento fundacional, su razón de ser tenía que ver con una racionalidad selectiva. Sólo podían llegar a él los hijos de las clases dominantes y de los sectores medios emergentes que habitaban en las grandes ciudades. Hoy más del 90% de los adolescentes y jóvenes ingresan a la escuela media.

Esta concurrencia masiva ha provocado una profunda crisis en la función selectiva de antaño. Los problemas ya no pueden ser resueltos con los mismos mecanismos y el cambio de los dispositivos selectivos es una condición indispensable para la escolarización de los alumnos y para convertir a la educación media en el último piso de la educación básica, situación ésta que obliga inexorablemente a repensar el modelo pedagógico que la sustenta. Un modelo que deberá comprometerse con la calidad educativa, pero también con la construcción del «proyecto de vida» de los jóvenes.

Por otro lado, a los problemas producidos por la masificación del nivel, se le agregan los efectos de las demandas contradictorias que las transformaciones económicas y sociales dirigen al sistema educativo. Mientras que algunos pretenden que el sistema educativo desarrolle nuevas competencias, otros requieren el modelo de enseñanza de oficios. Sobre este terreno se despliega la vieja dicotomía entre formación general y formación especializada o profesional, además de que, para muchos, la educación media sigue siendo la vía de acceso a la universidad. Mas allá del carácter contradictorio de las demandas y expectativas, todas encuentran puntos de sustentación en la realidad y el debate sobre este tema es una materia pendiente.

Con respecto a la otra modificación mencionada en la introducción, que propicia avanzar hacia una escuela inclusiva respetando la diversidad cultural y reconociendo el derecho a la educación de las personas con necesidades educativas especiales, son dos propuestas que cambiaron los artículos Nº 260 y Nº 262 de la Constitución. El paradigma de la escuela inclusiva pone énfasis en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo humano, y plantea que aceptar las diferencias es construir sobre el reconocimiento de que hay algo en común, un escenario donde convivir y objetivos para alcanzar.

Por un lado, se establece el reconocimiento de la diversidad cultural y el rechazo a toda discriminación ,y por el otro, el derecho a aprender en contextos institucionales apropiados a las personas con necesidades educativas especiales.

Este es el desafío.

La aprobación por mayoría de los Convencionales del proyecto de reforma educativa presentado por el MPN pone a la educación en el centro de las políticas públicas. Esta situación se puede evaluar como muy optimista teniendo en cuenta que en esta provincia, que ocupa el tercer puesto en los índices de inversión educativa en relación al resto del país, se consolidó la modalidad de «demonizar» a cada una de las propuestas que sostenían alguna modificación por parte de los actores que tienen a su cargo la conducción y la representación dentro del sistema educativo. Como consecuencia han sido escasas las oportunidades en las que se pudo encarar una discusión seria y racional sobre la marcha y el futuro de la educación neuquina.

Cuestión pendiente ahora más que nunca, porque los retos son grandes e involucran a miles de niños, adolescentes y jóvenes de la provincia y existe una carga cada vez mas pesada de expectativas por parte de la sociedad.

Si bien «la educación es un problema de todos», el Estado es el principal responsable de las políticas públicas y, si bien en la Convención Constituyente se estuvo a la altura de las circunstancias, hubiéramos preferido que todos los convencionales nos acompañaran en esta propuesta, dado que en el momento del debate en comisión era posible y totalmente factible sugerir y aportar mejoras en el texto.

Debemos reconocer que hay cuestiones que nos obligan a discutir con más responsabilidad y compromiso. Decimos esto, especialmente, porque el acompañamiento al proyecto presentado no sucedió por parte de algunos convencionales que son docentes de larga data, conocedores de la implicancia del proyecto de reforma presentado y aprobado.

Sin embargo, el gran respaldo que la propuesta de reforma del MPN tuvo en su tratamiento en particular, en el plenario de la Convención Constituyente del día 9 de febrero, es un inicio auspicioso e impregnado de oportunidades que no debemos dejar pasar.

Por esto, estamos convencidas de que no hay más tiempo para dilatar decisiones y es menester iniciar un fecundo debate educativo que se encuentre a la altura de los nuevos desafíos planteados.

Creemos que el escenario propicio para una propuesta educativa basada en el consenso es la Honorable Legislatura del Neuquén.

(*) Profesora, Diputada y Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la provincia del Neuquén.

(**) Profesora, Asesora de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la provincia del Neuquén.

(***) Profesora, Técnica Profesional de la Dirección Gral. de Planeamiento Educativo del Consejo Provincial de Educación, Adscripta a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la provincia del Neuquén.