Los penitenciarios, blanqueados después de la solicitud del PJ

VIEDMA (AV)- Los agentes penitenciarios rionegrinos tuvieron un «blanqueo» salarial recién a mitad del año, según se pudo constatar en informes oficiales brindados por la Secretaría de Seguridad, luego de que el PJ presentara un pedido de informes sobre el tema.

La cuestión salió a la luz al conocerse la respuesta al pedido de informes impulsado por el bloque de legisladores justicialistas a raíz de supuestos pagos con un sistema de becas, sin recibo de sueldo, y la falta de seguro en prácticas laborales. Carlos Peralta hizo el planteo en mayo, y posteriormente -el 13 de junio- se difundió un esquema salarial con haberes bruto y de bolsillo mediante el decreto N° 756 del Ejecutivo provincial.

«Tenemos la sospecha de que por el tenor de la presentación, luego se 'blanqueó' al personal», afirmó el legislador.

El pedido de informes fue respondido recién el 28 de noviembre. Durante ese lapso se conoció la batería legal, por lo tanto para el Poder Ejecutivo -la forma de contratación salarial- se hizo sobre la base de los decretos Nº 756/07 y Nº 3/06 de naturaleza legislativa.

La directora general del Servicio Penitenciario provincial, en representación de la Secretaría de Seguridad, negó que los ingresantes estuvieran bajo un sistema de becas. Sin embargo, la reglamentación del decreto 3 vinculado al tema salarial surge con el Nº 756 recién en junio de este año.

Este último pondera que la asignación básica remunerativa fue establecida de acuerdo al nivel escalafonario en el que reviste el agente. El personal asignado al primer nivel obtiene 215 puntos, lo que a razón de 10 pesos el punto, alcanza una asignación básica de 2.150 pesos. El mínimo es el nivel 7º con 52 puntos y 520 pesos de básico.

El mismo decreto determinó un adicional de grado que fue calculado como un porcentaje de la asignación básica, con carácter remunerativo. La normativa prevé que se abone una suma de carácter no remunerativo cuando se trate de suplementos de acuerdo a la función que desempeñen. Una función directiva se paga hasta un 60%, las dedicaciones exclusivas un 40 por ciento y el mínimo es la bonificación por productividad con un 5 por ciento.

La Secretaría de Seguridad respondió que hubo 80 inscriptos entre los aspirantes a agentes en los períodos 2006 y 2007 en General Roca y 60 en Bariloche. En ambos establecimientos penales se dictaron cursos específicos de formación, y al parecer, no todos habrían podido reunir los requisitos para acceder al cargo. No obstante, Seguridad informó que de los 140 aspirantes pudieron incorporarse al servicio activo sólo 90 por «razones presupuestarias».

Ruiz negó que los cursantes hayan tenido pasantías laborales «sino que se trató de prácticas que formaban parte de las mismas asignaturas aprobadas para acreditar el curso, contando con el correspondiente seguro de vida». En el pedido de informes se había trasladado la preocupación sobre la ausencia de esa cobertura.

En cuanto a las preguntas trasladadas desde la oposición por la falta de equipamiento, Ruiz precisó que para el penal de Viedma se entregaron 38 camisas y 21 pantalones para el personal de seguridad, a Bariloche fueron 25 camisas y 22 pantalones, a General Roca 30 camisas y 20 pantalones. También se envió indumentaria a Pomona y Choele Choel.

Todos los remitos aparecen con fecha posterior a la presentación de la solicitud de explicaciones por parte de la oposición.