Los presos exigen a la Justicia que los dejen trabajar en la cárcel

NEUQUEN (AN)- Quince personas detenidas en la Unidad 11 pidieron a la Justicia que los dejen trabajar, tal como dispone la Ley Penitenciaria. Aclararon que no quieren salir en libertad sino realizar tareas remuneradas en la cárcel, para no estar condenados «al ocio forzado».

Los presos pretenden que la cárcel deje de ser una escuela de delincuentes para convertirse en una escuela de trabajo, donde se fomente otra cultura que les permita reinsertarse en la sociedad cuando queden libres. Es decir, tratan de revertir ese fatalismo de que salen de la prisión peor de cómo entraron.

Hay un precedente que juega a su favor: hace poco más de dos meses, la Cámara Criminal Primera reconoció ese derecho para un preso. Sin embargo el Poder Ejecutivo no cumplió su parte y ahora podrían aplicarle una multa (ver aparte).

En una presentación realizada ante la misma Cámara Primera, los quince detenidos con condena invocaron la ley 24.660 que reconoce a toda persona privada de libertad el efectivo derecho a trabajar. Deben proveerle las herramientas y materias primas necesarias para el desarrollo de actividades laborales y ocuparse de la comercialización de los productos elaborados.

Un derecho y una obligación

Los condenados, cuyas identidades se preservan, dijeron en su escrito que en ninguna unidad de detención se han implementado lugares apropiados para cumplir con el mandato legal de darles trabajo. «Esto trae aparejado graves consecuencias, afectándonos física y emocionalmente toda vez que a la condena de encierro, se suma la condena del ocio forzado».

«El trabajo (en las cárceles) no sólo constituye un derecho sino también una obligación para el interno, porque su negativa a trabajar será considerada una falta y repercutirá desfavorablemente en los informes de concepto», recordaron en el hábeas corpus y amparo que considera la justicia.

También remarcaron que en la actual situación «se afecta en forma irreparable el derecho de nuestras familias, terceros inocentes, de recibir el sustento económico necesario, agravando su difícil situación socioeconómica». De esta manera, dijeron, «se trasladan los efectos de la condena a nuestros familiares directos».

La ley establece que la pena no puede trascender de la persona del delincuente.

Los detenidos se manifestaron conscientes «de lo difícil que resulta implementar en breve lapso los talleres para actividades laborales». Por eso proponen que mientras tanto «el Estado nos abone el peculio correspondiente por las tareas de limpieza». Algo que también está contemplado por la ley penitenciaria.

«Con esta demanda -dijeron- no se intenta solamente el reconocimiento de un salario al que tenemos derecho los detenidos, sino que de mucha mayor importancia resulta el reconocimiento de un derecho inalienable: el de realizarnos como personas, aun bajo el estado de encierro».

Bajo las actuales condiciones de detención «se nos aparta de la sociedad y se nos humilla haciéndonos sentir improductivos para esa misma sociedad a la que debemos reinsertarnos al concluir las condenas». «Según la ley penitenciaria -señalaron por último- el Estado está obligado a inculcar a los detenidos hábitos de trabajo si no los tuvieran. En la práctica pareciera que se busca lo contrario: quitarnos los hábitos de trabajo que pudiéramos tener, condenándonos al ocio forzado. Por ese camino lo único que se logrará con plena seguridad es el total y absoluto deterioro de nuestra persona».

«Tienen todo el derecho a reclamar»

NEUQUEN (AN)- «Los internos tienen todo el derecho a presentar el reclamo. Estamos trabajando para cumplir con lo que piden, pero se necesita una infraestructura que no tenemos», dijo la subsecretaria de Seguridad, Alicia Comelli.

La funcionaria reconoció que las personas detenidas con condena tienen derecho a trabajar, «y estamos ocupados en satisfacer ésa y otras demandas reales». Pero aclaró que «primero tenemos que darles alguna capacitación, para que tengan una salida en un marco de producción».

Recordó que tiempo atrás presentaron un proyecto para que las personas privadas de libertad construyan viviendas económicas. «Eso está en marcha, la semana próxima habrá definiciones. Nosotros trabajamos en el tema más allá de la sentencia judicial, lo hacemos por convicción».

Comelli puso el énfasis en capacitar a los internos. Las estadísticas demuestran que la mayoría de los presos a disposición de la provincia -que superan las 500 personas- no tienen un oficio o profesión.

De acuerdo con un relevamiento, se trata de personas jóvenes con instrucción primaria incompleta que antes de ser detenidos cumplían trabajos ocasionales como jornaleros, ayudantes en la construcción o similares.

Un condenado a muerte busca fondos por Internet

JASPER, EE. UU. (Reuters).- Un ciudadano del estado norteamericano de Texas condenado a muerte por el asesinato de un hombre negro, decidió usar Internet para pedir dinero, una iniciativa que ha enfurecido a la familia de la víctima.

John William King, un abierto defensor de la supremacía blanca fue sentenciado a morir por inyección letal por su participación en el asesinato de James Byrd, de 49 años, el 7 de junio de 1998 en Jasper, Texas. James fue arrastrado a lo largo de varios kilómetros atado al parachoques de una camioneta, en un crimen racista que recordó los linchamientos del pasado en el sur del país.

El site proclama la inocencia de King y pide que las donaciones para el Fondo de Defensa de John King sean enviadas a un banco de Jasper. Los miembros de la familia Byrd se declararon sorprendidos por la iniciativa de King.

«Nos hemos quedado sin voz», declaró una de sus hermanas, Betty Boatner. «Es chocante. Haré todo lo que pueda para que fracase», declaró otra hermana, Louvon Harris, al diario Houston Chronicle.

Ganó, no le cumplieron y ahora pide una multa

El 21 de setiembre pasado, la Justicia le reconoció a Roberto Jara su derecho a trabajar en su lugar de detención. Y le dio un plazo de dos meses al gobierno provincial para que le posibilite la realización de actividades laborales. El plazo venció, el mandato judicial no se cumplió y ahora Jara pide que le apliquen una multa al gobierno. La presentación de Jara fue formulada esta semana ante la Cámara Primera. Solicitó que «se imponga una multa de 20 pesos por cada día de incumplimiento», y que el fiscal de turno investigue «el posible delito de desobediencia a una orden judicial».

Jara hizo una presentación idéntica a la que realizaron 15 presos (ver nota central). Su escrito fue elaborado por estudiantes de la Clínica Jurídica de la cátedra de derecho penal por casos, a cargo de Andrés Repetto.

La justicia le dio la razón. «El grado de madurez de una sociedad, más que por la ausencia de delitos, se mide por la cualidad de sus actitudes e instituciones resocializadoras», dijo el fallo que impuso al gobierno la obligación de darle trabajo al interno. «El derecho de trabajo intramuros es uno de los modos esenciales para que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social». El gobierno no cumplió su parte. Vencidos los dos meses, Jara sigue sin trabajar. Por eso ahora solicitó que le cobren una multa diaria al Ejecutivo. (AN)