Los rebeldes haitianos preparan su ofensiva final

Aristide, quien perdió apoyo internacional, no renunciará y se dijo "dispuesto a morir". EE. UU. le soltó la mano al presidente, envió una misión militar y ofrece un plan.



PUERTO PRINCIPE (AFP/AP) - El presidente Jean Bertrand Aristide se declaró ayer dispuesto a morir por Haití mientras los rebeldes que buscan derrocarlo anunciaron que están cerca de tomar la capital y otras importantes ciudades.

"Estoy dispuesto a morir si es lo que debo hacer para defender a mi país", declaró Aristide confrontado desde hace dos semanas a una sangrienta insurrección que ha cobrado más 50 muertos y ha dejado al país más pobre de América a un paso de una tragedia humanitaria.

La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, presiona a Aristide a que cumpla con sus promesas de liberar presos políticos y designe un primer ministro aceptado por la oposición tal como se comprometió ante la Comunidad del Caribe (Caricom).

Aristide llamó ayer a la Policía a luchar contra los insurgentes, y calificó de "bluff" las declaraciones amenazantes sobre una inminente toma de Puerto Príncipe y otras importantes ciudades haitianas. "Es una guerra psicológica para desmovilizar, para provocar miedo", dijo a un grupo de policías en momentos en que los uniformados desertan ante las acciones de los rebeldes.

Los rebeldes cuentan desde ayer con un nuevo "comandante en jefe", el ex comisario Guy Philippe, que estaba refugiado en República Dominicana tras un intento de golpe de Estado contra Aristide en diciembre de 2001.

Sus hombres, salidos del ex ejército haitiano disuelto en 1995, se sumaron a los rebeldes que controlan desde hace dos semanas la ciudad de Gonaives (noroeste).

Si Aristide "no renuncia, vamos a liberar Cabo Haitiano, luego el oeste" (con Puerto Príncipe, la capital), declaró Philippe, que se hace llamar "comandante en jefe del Frente Revolucionario Nacional para la Liberación de Haití". "La comunidad internacional debe pedirle que renuncie rápidamente, sino tomaremos el palacio" presidencial, amenazó durante la presentación ante la prensa de unos 300 hombres bien armados y uniformados.

Mientras, milicianos partidarios del presidente Jean Bertrand Aristide patrullaban ayer las calles de Cabo Haití, la segunda ciudad de Haití y prometieron repeler cualquier intento rebelde por controlarla. La mayor parte de los policías de allí se refugió en su comisaría, dejando en evidencia que tenían miedo d patrullar las calles.

Civiles armados custodiaban barricadas construidas con trozos de metal y basura, bloqueando la entrada de esta ciudad portuaria del norte del país que tiene 500.000 habitantes. "Estamos custodiando esta carretera para que nadie pueda atacar'', dijo el alcalde Jean Moise que supervisaba el área con una vieja ametralladora que apuntaba hacia el territorio rebelde.

En tanto, Estados Unidos, reacio a una intervención en Haití, estudia una serie de medidas políticas que presentará -junto a la comunidad internacional- al presidente Aristide y la oposición.

Washington dijo que aceptaría un posible relevo del mandatario siempre y cuando se realice dentro de las normas legales. "De acuerdo a la Constitución, (a Aristide) le resta mandato" hasta febrero de 2006, dijo el secretario de Estado Colin Powell. "Ahora, si se llega a un acuerdo para ir en otra dirección, está bien", subrayó. "No podemos permitir que pillos bajados de las colinas o incluso la oposición, vengan y l pidan dejar el poder de una manera no democrática ", dijo.

Una de las opciones que analizan los funcionarios estadounidenses es la transferencia del poder, con el consentimiento de Aristide, a una junta temporaria de gobierno, hasta que sea elegido un nuevo presidente.

Pero el portavoz gubernamental, Mario Dupuy, dijo que no es aceptable ninguna propuesta que pueda recortar el mandato del presidente de Haití .

Las autoridades norteamericanas temen que la actual crisis empeore. El Pentágono enviará a un equipo militar a Haití para evaluar la seguridad de la embajada estadounidense.

Mientras tanto, agencias internacionales y la vecina República Dominicana se preparan para una enorme crisis humanitaria, con poblaciones bloqueadas, sin alimentos, y miles de refugiados en la frontera.

Cautela en la sede argentina

BUENOS AIRES (AFP) - El gobierno argentino reforzó la seguridad de su embajada en Puerto Príncipe y trabaja en un plan de emergencia por si fuese necesario evacuar a los 26 argentinos que viven en la capital haitiana, informaron ayer a la AFP fuentes de la Cancillería.

"El Gobierno dispuso reforzar la seguridad en la embajada y le está brindando asistencia y contención al grupo de 26 argentinos que están viviendo en Puerto Príncipe", reveló la fuente.

Además indicó que "se están tomando medidas para, si fuese necesario, poner en marcha un plan de emergencia para evacuar al grupo", sostuvo. Precisó que el grupo incluye al personal diplomático que encabeza el embajador Mario José Pino.

Respaldo de la OEA

WASHINGTON (AP) _ La Organización de los Estados Americanos "condenó vehementemente'' los actos de violencia ocurridos en varias regiones de Haití y dio su "firme apoyo'' al presidente Jean Bertrand Aristide en sus esfuerzos para restablecer el orden público por medios constitucionales.

La posición está contenida en una resolución aprobada por unanimidad apenas el embajador haitiano Raymond Valcin terminó una exposición sobre la crisis en su país ante el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de 34 estados miembros de la organización reunidos de emergencia en Washington. "Haití está desde el 5 de febrero acosada por bandas que han ocupado y controlan muchas ciudades'', dijo Valcin.

La sesión fue pedida por Valcin en busca, según dijo, de un pronunciamiento de la comunidad interamericana sobre las violaciones de los derechos humanos en que han incurrido "esas bandas integradas por ex militares y ex paramilitares que han sido desintegrados en 1994''.

Como se había anticipado, la resolución tiene como base el reconocimiento de Aristide como presidente constitucional y que no habrá aceptación internacional de un gobierno que pudiera sucederle por la fuerza. La OEA condenó "los elementos y actividades criminales que están desafiando el estado de derecho y las instituciones gubernamentales establecidas''.


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