Los registros

LA SEMANA EN SAN MARTíN

La Policía neuquina y, con ella, el gobierno provincial, han elegido una estrategia de saturación contra el delito. Más efectivos, más móviles y hasta vecinos involucrados en la vigilancia de sus manzanas, algo que crea expectativas favorables pero también mete un poco de miedo. La idea de organizar a los civiles para controlar su cuadra puede ser valiosa si les anima a estar razonablemente atentos y próximos a su Policía, pero puede ser un paso hacia el desborde si se reacciona ante el mero desalineo de cualquier desconocido, que pase un par de veces por la misma calle. Mientras tanto, San Martín de los Andes trabaja en un plan de prevención del delito que, entre otros, abreva en unos concienzudos documentos avalados por la ONU sobre hábitat, promoción social y seguridad ciudadana. Pero a pesar de lo que más de uno pueda pensar por tratarse de administraciones de distinto signo político, no debería haber necesariamente visiones contrapuestas entre gobierno local y provincial. En verdad, deberían ser complementarias en esta materia. La fuerte presencia que persigue la Policía, alimentada con la reciente ostentación de los nuevos patrulleros, apunta a impactar sobre la percepción de los ciudadanos. Ver pasar el móvil con frecuencia por nuestra calle genera una bienvenida sensación de protección, aunque los criminales también lo ven y conocen sus rutinas. En esta columna ya se ha sostenido que más agentes y móviles, si bien necesarios, no agregan mucho sin una mejor y más capacitada Policía. No son pocos los magistrados que se quejan de algunas torpezas entre miembros de la fuerza de seguridad local, así como hay gente de uniforme que se amarga con las vueltas de la Justicia. Luego, la labor de “inteligencia” asociada a fuerzas de seguridad remite a memorias oscuras en la Argentina, pero aquí se trata de un instrumento admitido en democracia y vital para la prevención: la recolección y análisis de datos para combatir el delito con las herramientas del estado de derecho. Ahora bien, ya sea para trazar un plan de seguridad provincial o su contraparte en lo local, uno de los serios escollos es la escasez de información confiable relacionada con el delito y la violencia urbana, que es otra de las formas inquietantes de la inseguridad. Hay subregistro de la información delictiva por descreimiento de los damnificados en la respuesta del estado o elemental miedo a denunciar, entre otros motivos. El coordinador del plan de seguridad en esta ciudad, Ricardo Mendaña, exhibió una curva que él mismo reputó de rara, aunque conste en las estadísticas oficiales: en los últimos 10 años hubo una caída del 25 por ciento del delito en San Martín de los Andes y un aumento equivalente en la vecina Junín de los Andes. No parece haber explicación razonable para tal comportamiento, pues ni exagerando mucho podría decirse que aquí se intensificó tanto la seguridad que los delincuentes optaron por mudarse 40 kilómetros al noreste. Más bien cabe abrigar dudas sobre los datos. De allí que una de las muchas cuestiones que podrían encararse de forma coordinada entre autoridades provinciales y municipales, es el diseño de protocolos de registro de información sobre el delito y su entorno socioambiental. Dicho de otro modo, fijar criterios sostenidos en el tiempo y, por tanto, comparables, para recoger los datos sobre cada hecho delictivo, su oportunidad, características del lugar, del entorno y de las condiciones de ocurrencia, entre otros factores incidentes para ello. Pero obtener estos datos sería irrelevante si no se realiza una adecuada ponderación para observar tanto las regularidades como la ausencia de ellas en relación con las situaciones de inseguridad, lo cual debería servir para orientar decisiones políticas, operativas y presupuestarias. Por cierto, enhorabuena por los nuevos móviles policiales.

fernando Bravo rionegro@smandes.com.ar