LOS SEIS PROYECTOS

La reforma judicial que impulsa la presidenta Cristina Kirchner consiste en seis proyectos de ley:

• Elección por voto directo de los miembros del Consejo de la Magistratura (órgano que selecciona y remueve los jueces): hoy está integrado por 13 miembros: seis legisladores, elegidos por el Congreso; un representante del Ejecutivo; tres jueces, seleccionados por sus colegas; dos abogados, votados por su colectivo profesional; y un académico escogido por los rectores de las universidades públicas. Con la reforma se ampliará el número de 13 a 19. Habrá cinco académicos (en lugar de uno), cinco jueces (en vez de tres) y cuatro abogados (en lugar de dos) y todos ellos serán elegidos en las elecciones generales y deberán postularse a través de los partidos políticos. Los seis nuevos miembros del Consejo se votarán en agosto próximo.

• Creación de tres tribunales de tercera instancia: se formarán las llamadas cámaras de casación en los fueros contencioso administrativo (tratan cuestiones de la administración pública), laboral y civil y comercial. Así, los que queden disconformes con los fallos de segunda instancia en esos fueros, podrán recurrir a esos nuevos tribunales antes de apelar a la Corte, donde se acumulan numerosas causas. El gobierno sostiene que así se agilizará el acceso a sentencias definitivas, pero los críticos creen que alargará los procesos judiciales que después terminarán acabando también en la Corte.

• Limitaciones de las medidas judiciales cautelares contra el Estado: los jueces no podrán disponer medidas cautelares que suspendan normas del Ejecutivo o el Legislativo por periodos mayores a seis meses. En ese lapso deberán adoptar fallos sobre las cuestiones de fondo de las causas judiciales. De este modo, el gobierno alega que se acelerarán los procesos. Toda la reforma que plantea Cristina Fernández surgió precisamente a partir de las medidas cautelares que impiden desde 2009 la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios. Asociaciones afines al kirchnerismo, como “Justicia Legítima” y el CELS, que agrupa a jueces, fiscales y abogados, plantearon la necesidad de modificar este proyecto de ley para eliminar el límite en los casos de medidas cautelares que protejan a personas o colectivos vulnerables de la población. El Gobierno aceptó cambios, aunque aún se desconoce la redacción final de la iniciativa.

• Elección por oposición de los empleados judiciales: hasta ahora los funcionarios del Poder Judicial eran seleccionados por el juez de cada juzgado, muchas veces por amistades o contactos personales, políticos, profesionales o sindicales. A partir de ahora los interesados deberán hacer oposiciones para ingresar en los cargos de mayor nivel o deberán someterse a un examen y un sorteo en los casos de tareas menores.

• Publicidad de los actos del Poder Judicial: todos los tribunales de segunda y tercera instancia y la Corte Suprema deberán ofrecer en Internet la información de las causas que están en sus dependencias. Esta iniciativa ha recibido respaldos. Por ahora, solo la Corte dispone de una página web con muchas noticias sobre la evolución de las causas, aunque no siempre con el acceso a los expedientes o las sentencias.

• Publicidad de los patrimonios de los funcionarios judiciales: hasta ahora solo los altos cargos del Ejecutivo y los legisladores deben hacer públicas la declaración jurada de su patrimonio. Con este proyecto, que cuenta con bastante apoyo, todos los funcionarios del Poder Judicial deberán hacer lo mismo. (Redacción Central)