Los senadores les demostraron su fuerza a «Chacho» y al juez

Los senadores, en una clara demostración corporativa contra las andanadas que les viene lanzando el vicepresidente «Chacho» Alvarez para sanear la Cámara Alta, sesionaron ayer sin tratar el pedido de desafueros solicitado por el juez Liporaci a 11 de sus integrantes y aprobaron por abrumadora mayoría la ley antievasión, reclamada con urgencia por el presidente De la Rúa. El debate por la emergencia económica pasó para hoy.

Antes de que los senadores bajarán al recinto, Alvarez, en ejercicio de la Presidencia, les advirtió por la demora en tratar los pedidos de desafuero y dijo que mientras no decidan al respecto, toda ley podría «carecer de validez o de legitimidad».

La respuesta desafiante se la enviaron desde el recinto.

Los senadores, quienes en todo momento trataron de mostrarse activos en la aprobación de leyes como una falsa señal superadora de la crisis, criticaron con dureza al vicepresidente y al juez Liporaci. Pero esa celeridad se transformó en bloqueo en lo que respecta a los desafueros, ya que postergaron el tratamiento del tema para hoy.

A su vez, con la aprobación de la ley antievasión, los senadores quebraron la estrategia del gobierno de recurrir a la vía de los decretos y mientras se dilate el tema de los desafueros, el PJ seguirá gozando de la mayoría.

El intento de debate de los desafueros de los 11 senadores sospechados por recibir coimas, elevó la temperatura cuando fue recuperado por el frepasista Pedro Del Piero, quien planteó que los senadores que deben prestar declaración indagatoria se «abstuvieran» de votar, por considerar que el pronunciamiento del cuerpo «podría quedar viciado» de legitimidad.

El primero en responderle con dureza fue el justicialista disidente Héctor Maya, quien le reprochó su dependencia política del vicepresidente Carlos Alvarez. «No creo que sea una decisión autónoma, sino que obedece a una estrategia del Frepaso. El vicepresidente marca una línea de desprestigio, dañino, diabólico y perverso. Pretende surfear sobre la ira de la gente y sacar rédito de estas cuestiones», expuso enfervorizado Maya.

Después lo siguió el radical Javier Meneghini, uno de los reclamados por el juez para que preste declaración indagatoria.

El hombre de Santiago del Estero presentó una cuestión de privilegio contra Del Piero porque «nos ha juzgado anticipadamente,violando el principio de inocencia y de defensa en juicio».

En medio de la polémica, el senador radical formoseño Roberto Maglietti puso el foco en el juez Liporaci. Lo acusó de «inmoral, deshonesto y corrupto» y de integrar una «mafia judicial»,

En un encendido discurso, al plantear una cuestión de privilegio, calificó a Liporaci como «el juez más corrupto que tiene el país» y le atribuyó estar «haciendo vedetismo y prejuzgando», por lo que reclamó no hacer lugar a los pedidos de desafuero que planteó el magistrado «ya que no tiene autoridad moral para juzgar a ningún senador».

Maglietti salió en defensa de los senadores, ante las presunciones de que corrieron sobornos para la aprobación de la reforma laboral, y dijo que no tiene ninguna verguenza «hasta que no nos traigan las pruebas» de presuntas irregularidades.

Maglietti es uno de los senadores que, según versiones, habrían sido incluídos a última hora en la lista de legisladores cuyo desafuero reclamó el juez para ser sometidos a indagatoria.

Otro justicialista que llevó la voz cantante fue Eduardo Menem, quien consideró que la afirmación de Alvarez respecto de que los senadores no pueden legislar hasta que no se traten los desafueros «está caminando al borde de la ruptura institucional».

Después le recordó a Del Piero que «su jefe político» tuvo un pedido de desafuero librado por el juez de San Isidro Roberto Marquevich ante una denuncia del ex presidente Carlos Menem por calumnias e injurias. «El juez le reiteró el pedido siete veces y Alvarez ignoró olímpicamente el pedido y siguió votando leyes», contraatacó Menem.

Posteriormente, el justicialista disidente Daniel Varizat se sumó a la moción de Del Piero, por considerar que «existe un pacto de dilación» sobre los desafueros entre las bancadas mayoritarias. Pero para entonces, la mayoría del cuerpo manifestó su voluntad de continuar con el tratamiento de la ley antievasión.

Mientras el tema se instalaba en el recinto, la comisión de Asuntos Constitucionales informaba que los senadores tendrán tiempo hasta mañana para revisar el expediente del caso, que se encuentra en el Salón de Lectura del Senado, a disposición de los miembros de la comisión.

Durante todo el día concurrieron varios senadores a consultar el expediente que, pese a que estaba considerado bajo secreto de sumario, fue requerido por los legisladores para dictaminar si corresponde o no el desafuero de los senadores reclamados por Liporaci. (DyN/Infosic y AR)

Storani insinúa cambios en el gobierno

El ministro de Interior, Federico Storani, aseguró ayer que «sin duda» los cambios que se produjeron en el Senado nacional producto de las sospechas de sobornos, «a lo mejor tienen un correlato en el Poder Ejecutivo».

«Sin duda la oxigenación que se produjo en el Senado con algunos cambios, a lo mejor tienen un correlato en el Poder Ejecutivo», manifestó anoche el funcionario.

De esta manera el funcionario dejó traslucir la posibilidad de que se produzcan recambios en los principales ministerios, luego del regreso del presidente Fernando de la Rúa de su gira por el exterior.

«El Presidente ha dicho algo que es claramente sugestivo. Que tenía a disposición de él la renuncia de los funcionarios, en general. Que él dio instrucciones de que se presentaran espontáneamente ante la Justicia y que luego resolvería», sostuvo Storani.

«Seguramente que por estos días que ha estado en el exterior se ha tomado el tiempo para saber y para ver cómo evolucionan las cosas para saber si produce o no produce cambios», continuó el ministro de Interior.

Por otra parte, el funcionario también se ocupó de criticar duramente la labor del juez que investiga los presuntos actos de corrupción en la Cámara Alta, Carlos Liporaci, a quien aconsejó «actuar sin hacer declaraciones públicas».

«El juez tiene que investigar si hubo un ilícito sobre base de pruebas y no de indicios», manifestó Storani, al tiempo que reiteró que «el juez no debe hablar tanto, no puede ser que un juez diga que uno de los que ya declaró no está diciendo todo lo que sabe», aseveró el ministro. (DyN)

Menem no quiso ir al Congreso

La reunión entre las flamantes autoridades del bloque de senadores justicialistas y el titular del Consejo Nacional partidario, Carlos Menem, finalmente no se concretó ayer, como se había anticipado. La idea que tenía Gioja y quienes lo secundan al frente del bloque, Carlos De la Rosa, Eduardo Arnold y Beatríz Raijer, era que Menem concurriera al Senado para reunirse con ellos esta tarde.

Pero mientras se esperaba la celebración de la reunión en la Cámara Alta, desde el mismo bloque se informó que se llevaría a cabo en la sede partidaria de Matheu 130, sin dar detalles de los motivos que desembocaron en el cambio.

Según informaron fuentes legislativas, la reunión la había pedido el miércoles a Menem que neutralice la influencia de Ruckauf sobre Gioja y para ganar terreno en la nueva conducción. La gestión se hizo a través de Bauzá y, en menor medida, Tell. La conducción del bloque aceptó que fuera al Senado.

(DyN)

Jorge Castro y un libro que costó demasiado caro

Buenos Aires.- La Oficina Anticorrupción del gobierno presentó dos denuncias por presunta tentativa de fraude a la administración pública contra el ex funcionario menemista Jorge Castro. La presentación cuestiona los gastos requeridos por quien se desempeñó como secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia durante la gestión de Carlos Menem para la organización de un seminario y la impresión de un libro, que fueron aprobados por la Jefatura de Gabinete, por entonces a cargo de Jorge Rodríguez.

Una de las denuncias está referida a los 47.150 pesos que gastó el Estado en la realización de un seminario sobre la alfabetización informática». Según la auditoría, para organizar el evento se presentó «documentación apócrifa» en los presupuestos de dos empresas «con idénticos titulares y distintos precios de cotización» y que el seminario se realizó en el hotel Caesar Park pero no fue financiado por la Secretaría encabezada por Castro sino por la empresa Microsoft.

«Se puede afirmar que Castro solicitó al jefe de Gabinete de Ministros el pago de servicios a una empresa que nunca los prestó, presentando documentación falsa para apoyar dicho pedido, lo que constituyó el despliegue de un ardid idóneo para engañar y obtener una disposición patrimonial perjudicial».