Los servicios públicos, un dolor de cabeza cercano 12-4-03

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las dilaciones en el proceso de renegociación de tarifas y nuevas condiciones en los contratos de servicios públicos «están generando un problema enorme, que le va a explotar en las manos al próximo gobierno». El vaticinio -luego de elegir las palabras para no sonar tremendista- fue formulado aquí por el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Jorge Salomoni. Aseguró también que los usuarios «tienen muchos derechos para ejercer, pero los desconocen», en razón de que en la práctica no se aplican la multitud de derechos incorporados a la Constitución Nacional en la reforma del 94. Salomoni es profesor en la UBA y en la Universidad de La Plata y uno de los mayores especialistas en todo el país en derechos del consumidor. Ayer estuvo en Bariloche para ofrecer una charla en las jornadas organizadas por el Foro Latinoamericano de Derecho Privado, el Foro Patagónico de Tribunales Superiores de Justicia y el Colegio de Abogados de esta ciudad. El jurista cuestionó con severidad la política seguida por el actual gobierno en materia de servicios públicos. Recordó que el proceso de renegociación entablado con las concesionarias fue abierto hace 14 meses y no avanzó casi nada. Aún así el presidente Duhalde dispuso aumentos tarifarios por decreto para el gas y la energía eléctrica «que están vigentes», porque tuvieron fallos judiciales en contra pero fueron apelados. Según Salomoni «la renegociación está paralizada porque no hay decisión política de llevarla adelante». Interpretó que «desde la pesificación hasta ahora» el actual gobierno actuó siempre «al margen de la legalidad, porque cada vez que un juez le dijo éso está mal, dictó una normativa de necesidad y urgencia. Y cuando se la anulaban dictaba otra. Esto es gobernar en una permanente ilegalidad». Consultado por la aparente pasividad de las empresas ante la indefinición de su propio futuro, Salomoni recordó que «todas ellas son de capitales extranjeros y han recurrido a un tribunal arbitral internacional haciendo valer los tratados binacionales de protección recíproca de inversiones firmados por la Argentina». De modo que, «en los próximos seis meses comenzarán a llegar desde Washington los fallos» favorables a las concesionarias y si la Argentina los desconoce, «recibirá duras sanciones y va a entrar en un estado de aislamiento peor que el de Cuba». Más allá del panorama apocalíptico que le espera al próximo gobierno, el especialista dijo que «el usuario tiene muchas herramientas que debe hacer valer» y que hoy no conoce. Aseguró que la Argentina «cuenta hoy con uno de los sistemas de derechos humanos más protectores en todo el mundo», pero que no se aplican a fondo «porque no están incorporados culturalmente». En este cuestionamiento involucró no sólo a la gente de a pie, sino a los jueces, a las asociaciones de defensa del consumidor «y al Estado, que por alguna razón no los da a conocer». Explicó que el usuario cuenta «con mecanismos a través de la Ley de Defensa del Consumidor y el Pacto de San José de Costa Rica para hacer valer sus propios intereses económicos». Agregó, en ese sentido, que «la tarifa de un servicio público debe ser rentable para el concesionario. Pero es esencial que también el usuario tenga la posibilidad económica de pagarla».