Lucca se lanzó contra «la mafia de la evasión»

NEUQUEN (AN).- «El 99% de los choferes de taxis neuquinos está en negro porque los propietarios argumentan que no pueden afrontar el gasto. Es mentira y no lo toleramos más», aseguró ayer el titular del sindicato de Peones de Taxis, Darío Lucca. El gremialista tildó a los responsables de «mafias organizadas de evasión fiscal», estimó en 300.000 pesos la licuación impositiva y anticipó que desde el lunes, los inspectores aplicarán multas a los taxistas que mantengan empleados por fuera de la ley.

Según Lucca en esta ciudad sólo 29 de los más de 730 choferes que trabajan en el sistema están «en blanco» aunque advirtió que esta irregularidad se extiende a los aproximadamente 3.000 trabajadores afectados a este servicio público en la provincia.

Pronosticó acciones legales inminentes y paros sorpresivos si la normalización a cargo de la provincia exced este mes.

Los choferes apostaban a que la regularización llegaría con la suba en la tarifa que marca el reloj del taxi, que comenzó a aplicarse en enero. Recordaron que con esa promesa apoyaron a sus patrones con movilizaciones y presiones contra la municipalidad en diciembre de 2004.

«Las conciliaciones fracasaron y por eso, a partir de la semana que viene acompañaremos a los inspectores de la subsecretaría de Trabajo en los controles», manifestó Lucca. Los operativos que se desarrollarán en los tres turnos -mañana, tarde y noche- castigarán punitivamente a los titulares de las licencias que no efectúan los aportes.

Desde el gremio fueron desmentidos tajantemente los argumentos de la Asociación de Propietarios acerca de que sus miembros no están en condiciones económicas d «blanquear» al personal. Los peones estiman que cada coche genera un ingreso mensual de entre 6.000 y 8.000 pesos y legalizarlos cuesta unos 330 pesos al mes, lo cual «nos permitiría percibir beneficios, entre otros aportes los familiares, jubilatorios y escolares», dicen.

Lucca insistió con que «los propietarios de taxis evaden cerca de 300.000 pesos» al fisco en concepto del aporte, base sobre la cual fundamentó su caracterización de «mafias organizadas de evasión fiscal» a los titulares del servicio de autos de alquiler.

No economizó epítetos para fustigar el comportamiento de los concesionarios, sobre todo porque de los 330 pesos del aporte, 130 paga el chofer.

En paralelo Lucca mantendrá esta semana una reunión con autoridades municipales para definir el plazo de la instalación obligatoria del sistema de seguimiento satelital en cada unidad. Muchos propietarios están en contra: unos dudan sobre su eficacia, otros alegan falta de recursos económicos. Más allá de todo, la medida llega a un mes de reglamentada la ordenanza aprobada en la gestión anterior.

«Es una muy buena noticia para nosotros porque constituye una herramienta fundamental para la seguridad de los choferes que en estas últimas semanas han tenido varios asaltos», dijo.

El monitoreo satelital permitiría conocer la ubicación de cada taxi en una emergencia a través de un sistema computarizado conectado a la policía. No evita la delincuencia pero es un elemento disuasivo. El costo del equipo ascendería a 1.800 pesos, de los cuales 500 pesos financiaría el Ejecutivo con una suspensión del pago de tributos.