Luego de nueve años la causa Flavors se cerró sin culpables

Caso cerrado para la causa Flavors y nadie irá preso. Tras nueve años de proceso, el Tribunal presidido por Marcelo Chironi e integrado por María Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi absolvió a los tres empresarios y a los tres ex ministros imputados.

Fue como consecuencia de la decisión del fiscal Hernán Trejo de no acusar al considerar que en la distribución de los alimentos preelaborados en el marco del Plan Comer en Familia no se hubiera podido probar la configuración de un delito penal.

En el mismo sentido, la querella, con la Fiscalía de Estado en representación de la Provincia de Río Negro como damnificada, adhirió en aquella audiencia del 27 de noviembre y sostuvo que no quedó acreditado la existencia del fraude al erario público.

En a sentencia dada a a conocer el viernes, los magistrados concluyeron sobre la base de la doctrina de la Corte Suprema de la Nación que debía absolverse a los acusados ante la falta de imputación del fiscal y la querella.

Así, los exministros Alfredo Pega, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez y los empresarios Daniel Fernández, Javier Matas y Máximo Vicchi quedaron libres de culpa.

En tanto, la entrega de alimentos con baja calidad nutricional elaborados por una empresa altamente beneficiada por el Estado con exenciones impositivas contratada por montos millonarios en el marco del programa Comer en Familia destinado a familias vulnerables y a comedores escolares, con un manifiesto y probado interés proselitista, quedó impune.

La denunciante del caso fue la entonces defensora del Pueblo Ana Piccinini consideró que la causa Flavors “significa el paradigma de la impunidad en esta provincia”.

Agregó que los ministros y empresarios “fueron absueltos pero tendrán que vivir con la vergüenza de saber que le dieron de comer basura a los chicos pobres de Río Negro”. Insistió con que existía prueba que ella misma había recolectado y aportado a la Justicia mientras ejerció el cargo de Defensora, y apuntó sus cañones al actual Fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, quien fue su mano derecha en la Defensoría, colaboró con la investigación. “Era mi persona de confianza. La peor puñalada me la llevé de su parte”.

Concluyó que “el descubrimiento que hicimos de que se le daba una porquería de comer a los niños fue desgarrante, podíamos sospechar que se robara con obra pública, pero ya meterse con la comida de las personas pobres es imperdonable”.

Fernández se defendió de las críticas

El actual fiscal de Estado y ex colaborador de Piccinini en la Defensoría del Pueblo Julian Fernández Eguía negó haber instruido al abogado de su organismo, Cosme Nacci, para que no acusara. “Los letrados actuaron con total libertad y su propio criterio técnico y jurídico”, sostuvo Fernández Eguía.

“Por lo que yo vi, desde lo personal considero que pudo haber corrupción en la causa Flavors, pero los abogados comprobaron que la instrucción judicial y la prueba recolectada no alcanzó para acusar”, expresó.

Además descartó apelar la decisión del Tribunal ya que no sería coherente con la posición de no haber acusado. “Cuando nosotros buscamos testimonios en la defensoría, los maestros, los trabajadores de Flavors, las madres y los beneficiarios nos decían una cosa, pero al declarar en la Justicia dijeron otra”, indicó.

Tras nueve años de proceso judicial, por la distribución de alimentos en mal estado a sectores vulnerables de la sociedad, la causa quedó impune.