Luis Sapag, Rúa y Russo van a juicio por el caso TCI

NEUQUEN (AN).- El juez José Luis Cartolano elevó a juicio la causa TCI en la que el hijo del ex gobernador Felipe Sapag, Luis Sapag, y el ex miembro del Tribunal Superior de Justicia, Federico Rúa, entre otros, están imputados del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada y por el cual podrían recibir penas de hasta seis años de prisión.

Siete meses después de que el fiscal Pedro Telleriarte efectuara su requerimiento de elevación a juicio, Cartolano hizo lugar al pedido al considerar responsables de la maniobra fraudulenta a los propietarios de la firma Técnicas Constructivas Industrializadas (TCI) Juan José Tosello, Diego Sapag y Luis Sapag; al apoderado de la firma, Federico Rúa; al presidente de la empresa, Jorge López; al ex titular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, Julio Russo, y al asesor legal del organismo Omar Fava.

De todos los imputados, sólo a Russo el fiscal lo encontró responsable en calidad de partícipe necesario en su requerimiento. A los demás, los consideró autores de la maniobra. Sin embargo el juez entendió que Russo es el autor y el resto de los imputados partícipes necesarios. De todos modos, a los fines de una posible condena a todos les cabría la misma pena.

A fines de 1995 y sólo pocos días después de que asumiera el gobierno Felipe Sapag, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual se le ordenaba al IPVU llegar a un acuerdo con TCI ante el reclamo de la empresa por diferencias en pago de certificados de obras, que surgieron como consecuencia del período hiperinflacionario de fines de los «80.

Por un acuerdo transaccional a la firma se le reconocieron créditos por 3.307.438 pesos y luego por 750.000 pesos. El primer crédito, según el juez, se otorgó «deliberada e injustificadamente con el carácter de certificado parcial de obra» con el fin de que no fuera embargado por reclamos de terceros contra la empresa. El segundo crédito fue para hacer frente a embargos que pudiera tener la firma.

El ex diputado provincial por el Frepaso, Oscar Massei, denunció en una sesión de la Legislatura el pago que se le había hecho a TCI. Esto motivó que Noemí Rosemberg, ex empleada de la firma que había ganado un juicio laboral contra sus ex patrones, formulara una denuncia penal.

A partir de la presentación de Rosemberg hubo dos «causas TCI» en la justicia. Una que tramitaba el juez Daniel Geloni a raíz de una denuncia de Juan José Tosello contra Jorge Sobisch, Alfredo Pujante, Jorge Lara, Horacio Angiorama, entre otros, por el supuesto delito de hacer desaparecer de un expediente del IPVU una resolución que le reconocía a TCI acreencias por asincronía en el pago de certificado de obras. La otra la formulada por Rosemberg en contra de TCI.

Quienes se presentaron como demandantes, sin embargo, terminaron como demandados y ahora deberán enfrentar cargos en un juicio oral y público. En la denuncia formulada por TCI en tanto, el fiscal Felipe Cía solicitó la absolución de todos los involucrados (ver aparte).

Por la condición de los involucrados las causas TCI no sólo tuvieron un origen económico sino también político. Ambas formaron y aún forman parte de la feroz interna entre los sectores blanco y amarillo del Movimiento Popular Neuquino.

El gobierno neuquino en 1992 había rescindido los contratos de TCI por culpa de la empresa. El decreto del Poder Ejecutivo de fines de 1995 que le ordenaba al IPVU resolver los diferendos con la firma, decía en su artículo tercero que debía revocarse todo acto administrativo «que se oponga a la presente (el decreto), que reconozca como causa la rescisión culposa de la recurrente».

Este decreto habilitó a Julio Russo anular las resoluciones en contra de TCI y llegar a un acuerdo transaccional que le permitió a la firma cobrar el dinero previsto en esos acuerdos.

Interna política y dinero

NEUQUEN (AN).- Las causas penales derivadas del vínculo contractual entre la empresa TCI y el Estado fueron durante los últimos años el símbolo de la interna entre distintos sectores del MPN. Pero detrás de las diferencias políticas, hubo millones de pesos en juego.

Sin embargo, tanto en el requerimiento fiscal como en el dictamen de elevación a juicio, los funcionarios judiciales no hacen referencia a la legalidad o no del cobro de acreencias por parte de TCI sino que centran su acusación en el hecho de que «deliberada e injustificadamente» se le otorgó a los créditos a favor de la firma el carácter de «certificados parciales del obras» con lo cual se eludía la responsabilidad de hacer frente con estas sumas a los embargos en contra de TCI. La única valoración en cuanto a estos reclamos está referida al pago de los 750.000 pesos.

El que emitió juicio de valor sobre los fondos cobrados por TCI fue en su momento el fiscal Felipe Cía cuando debió pronunciarse por la situación procesal de los imputados en la denuncia de Juan José Tosello, es decir, en la primera causa penal que ventiló la relación TCI-Estado.

El fiscal aseveró no sólo que en toda la causa no había elementos para imputar a Jorge Sobisch, Alfredo Pujante, Jorge Lara y el resto de los involucrados, sino que además toda la causa había servido para que TCI tuviera argumentos para su reclamo de dinero al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Esta afirmación y el pedido de absolución de todos los imputados le generó al fiscal un conflicto con el juez Daniel Geloni, y le valió un pedido de juicio político por parte de un empresario de la construcción. De ambas controversias el fiscal salió airoso. Pese a esto, en la primera «Causa TCI» aún no existe pronunciamiento.

Un solo imputado se opuso a la elevación

NEUQUEN (AN).- El único de los defensores que se opuso a la elevación a juicio e insistió en el pedido de sobreseimiento, fue Ricardo Cancela, en nombre de Omar Horacio Fava, ex asesor letrado del IPVU. El resto de lo imputados no formuló oposición.

A Fava el fiscal le atribuye haber favorecido, con un dictamen, que se le reconozca a TCI el pago de 750.000 pesos en concepto de indemnización por el atraso en el pago de lo estipulado en el acuerdo transaccional. Para el fiscal no hubo razones jurídicas que avalaran esa indemnización. Además cita que en otras actuaciones -un reclamo en el mismo sentido hecho por la firma Cimalco- el asesor legal se pronunció en sentido contrario.

Para el defensor, sin embargo, el dictamen del asesor legal no era vinculante para el pago de esos fondos. Señala además que no participó del acuerdo transaccional inicial, antecedente que le sirvió a la empresa constructora para reclamar los 750.000.

La defensa destacó también que el dictamen no fue parcial sino que en él se vertieron los distintos criterios legales que podían ser expuestos en un reclamo como del que se le pedía asesoramiento. También que el pedido, formulado por la presidencia del IPVU, debía ser resuelto de manera urgente.

Para el juez, sin embargo, Fava no desconocía los antecedentes -es decir el convenio transaccional- ni tampoco podía desconocer la existencia de un pronunciamiento del entonces Fiscal de Estado en contra de reconocerle a TCI acreencias por 750.000.

De las 20 carillas que tiene el texto de elevación a juicio, el juez Cartolano dedicó 13 a resolver la oposición planteada por Ricardo Cancela.