Luz verde para la ley de medios

Como era previsto, la Cámara Federal de Salta desestimó un amparo presentado por una diputada. La Corte ya dijo que un legislador no puede frenar la aplicación.

BUENOS AIRES.- La nueva ley que pone límites a la concentración de medios audiovisuales en el país, sancionada en octubre de 2009, podrá ser reglamentada y aplicada tras un fallo judicial que suspendió la última medida cautelar que la frenaba. “La ley está en funcionamiento, en plenitud y la autoridad de medios ejerce su función”, declaró ayer el procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha. Con el nuevo fallo la ley de Servicios Audiovisuales tiene vigencia y podrá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, indicó el sitio oficial del gobierno. La Cámara Federal (apelaciones) de la provincia de Salta levantó ayer un recurso de amparo concedido en primera instancia, la última suspensión que pesaba sobre la totalidad de la ley y que impedía su aplicación en el país. El fallo va en línea con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que diez días atrás había revocado otra medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Mendoza. Ambos recursos habían sido planteados ante justicias provinciales por sendos legisladores opositores, pero la Corte entendió que los diputados no pueden lograr en la justicia lo que no pudieron obtener por mayoría en el Congreso. Al conocerse la decisión de la Corte, la organización Reporteros Sin Fronteras reafirmó en un comunicado su “respaldo a la ley cuyas principales disposiciones van en el sentido de la desconcentración y una democratización del paisaje audiovisual”. “Este texto debe aplicarse”, señaló RSF al recordar que la ley recibió el apoyo de los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y la OEA. Quedan pendientes de resolución judicial, en cambio, dos medidas cautelares parciales que cuestionan un artículo que fuerza a la “desinversión” de los grupos multimediáticos en el plazo de un año. La ley de Servicios Audiovisuales fue sancionada por el Congreso en octubre de 2009, pese a la resistencia de gran parte del arco opositor y los grandes grupos mediáticos, pero con el apoyo de organizaciones sociales y sindicatos de periodistas. La norma rompe con la concentración de los medios audiovisuales en el país al limitar la cantidad de licencias de radio o televisión que puede operar una misma empresa, amplía las regulaciones estatales y define la actividad de los medios como “social y de bien público”. La nueva norma reemplaza a la que estuvo vigente desde la última dictadura (AFP).

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La norma limita la cantidad de licencias de radio o tevé que puede operar una misma empresa.

Levantaron definitivamente la suspensión con un nuevo fallo


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