Maestros y metalúrgicos, casos testigos a dos puntas

Redacción

Por Redacción

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arnaldo paganetti Agencia Buenos Aires

Son dos los casos testigos en las actuales paritarias. Uno, explosivo y con brotes de violencia, es el de los docentes de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli se plantó en el 30,9% (le reclaman un 35%), denunció “un extraño e irracional trasfondo político” sin dar visibilidad a los instigadores, dispuso el aumento efectivo por decreto y le dio intervención a la justicia para que se abran las aulas para dos millones y medio de alumnos. El otro atañe al ámbito privado y compromete a la Unión Obrera Metalúrgica que, aún alineada con el gobierno, insiste en reclamar un incremento del 30% frente a empresarios, con algún guiño de la cartera laboral, solo están dispuestos a conceder el 25. Aquí el agua no llegó al cuello: hay margen de negociación hasta los primeros días de abril. Por el lado de la CGT rebelde, Hugo Moyano azuza con un paro general pero no le pone fecha, porque es permeable a la recomendación del papa Francisco, de no echar leña a la hoguera. “Pero una huelga en la Argentina no se le niega a nadie”, se deslizó cerca de Luis Barrionuevo, socio del camionero. “La diferencia con los maestros es que, como son estatales, si no se presentan a dar clases, a pesar de las amenazas igual cobran a fin de mes. En cambio, si nosotros paramos, no solo corremos el riesgo de perder el laburo, sino que nos descuentan de los haberes”, se sinceró un colaborador del metalúrgico Antonio Caló. “Vemos comprensión en los gremios grandes. No quieren perder poder de compra pero aceptan que hay que se prudentes para no seguir alimentando el proceso inflacionario”, deslizó anoche una fuente del Ministerio de Economía, concentrada en cuidar que no se disparen los precios. El conflicto estudiantil no se agota en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del territorio. Se extiende peligrosamente a otros distritos. Como el de Río Negro, donde los educadores volvieron a los colegios. Los gobernadores no tienen mucho margen de maniobra. Superar el 30% de aumento desequilibraría la delicada estrategia montada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.


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