Magistrado procesado por delitos de lesa humanidad pide asilo

Otilio Romano está prófugo de la Justicia. Desde el 24 de agosto está en Chile donde solicitó refugio político. Fue procesado por presunta participación en 107 casos de secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura. Pedirían su captura internacional.



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Foto archivo

DEREHCOS HUMANOS

Otilio Roque Romano, el suspendido presidente de la Cámara Federal de Mendoza fugitivo de la Justicia tras haber sido procesado por delitos de lesa humanidad en última dictadura, pidió refugio político en Santiago de Chile al gobierno centroderechista del presidente Sebastián Piñera.

Así lo aseguró hoy el portal de noticias mendocino El Sol Online citando fuentes de la Justicia federal de Mendoza, ante la cual Romano tenía de plazo para presentarse hasta el miércoles a las 13, pero no lo hizo y permanecía en el país trasandino, adonde viajó el 24 de agosto pasado.

Ahora en los tribunales locales se daba por descartado que el juez federal a cargo de la causa, Walter Bento, pediría autorización al Consejo de la Magistratura para dictar una orden de captura internacional contra Romano, la que deberá ser ejecutada por Interpol.

En julio último la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de Romano por su supuesta participación en 107 casos de delitos de “lesa humanidad”, la mitad de los cuales está camino al juicio oral y público.

La imputación en su contra lo sindica como presunto “partícipe primario” en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor.

Es que Otilio Romano era fiscal, y eventualmente juez subrogante, en la época de la dictadura y fue denunciado en agosto de 2009 por organismos de derechos humanos por no haber impulsado investigaciones en el marco de los crímenes de la dictadura.

Junto a Romano también fue denunciado Luis Miret, que fue juez durante la última dictadura y se desempeñaba como camarista hasta que fue destituido en marzo pasado.

De acuerdo al procesamiento de la Cámara Federal, Romano habría “facilitado la impunidad de los responsables” en “torturas y privaciones ilegítimas de la libertad” y así “los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones”.

“El método acordado, concordante con el plan sistemático implementado en la llamada lucha antisubversiva, era no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables”, recordaron los camaristas.

Entre los hechos que se le atribuyen figura el caso de una menor de edad, una joven de 17 años llamada Luz Faingold, que fue detenida y llevada a la cárcel de adultos de la D2, y en un juicio reabierto en los últimos años aseguró que había visto a Romano en ese predio.

Sin embargo, Romano gozó de fueros y no fue a la cárcel hasta que el jueves 24 de agosto voló a Santiago en un avión de Lan Chile.

Recién dos días después de ese viaje, el 26, el Consejo de la Magistratura lo suspendió en sus funciones de magistrado, a consecuencia de haber sido procesado por gravísimos crímenes, y lo mandó a juicio político.

Esa resolución fue aprobada por unanimidad de los consejeros Mario Fera, Ada Iturrez, Marcelo Fuentes, Mario Cimadevilla, Carlos Moreno, Oscar Aguad, Alejandro Fargosi, Daniel Ostropolsky, Hernán Ordiales y Manuel Urriza.

Romano fue acusado de “presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”, una fórmula utilizada regularmente para la suspensión de los magistrados y que, en este caso, se vincula con presunta connivencia con las fuerzas represivas que sojuzgaron a la Argentina entre 1976 y 1983.

En octubre de 2010 Romano se defendió a través de una carta titulada “La utilización política de los derechos humanos” que envió al diario Los Andes, en la que denunció que las acusaciones en su contra comenzaron cuando la Sala A de la Cámara Federal falló contra la vigencia de la Ley de Medios.

Según Romano, “tamaña acusación fue presentada luego de más de 30 años contra personas que jamás tuvieron un reproche de tal gravedad y semejante naturaleza”.

“Es un absurdo pensar que durante la dictadura más cruenta, organizada, que ideó un plan clandestino y poderoso de exterminio que no cedió ni ante la presión internacional, pudiese un grupo de funcionarios judiciales de Mendoza evitar su accionar criminal”, dijo en aquel momento Romano.

Agencia DyN


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