Magistrados analizan la remoción de Cariatore

ROCA (AR).- Más allá de la contundente sentencia sobre su responsabilidad por la violenta restitución de dos menores a su padre, la destitución del juez de Regina, Alberto Cariatore, hizo emerger en pocas horas fuertes tensiones en ámbito de la Justicia rionegrina. El análisis se ubica ahora sobre el nivel de predisposición que tienen los magistrados y funcionarios de la provincia a ser investigados por sus funciones y el grado de objetividad con el que se desarrollan esos procesos internos.

Comentarios en despachos, comunicaciones telefónicas y la organización formal de una reunión para esta tarde en Roca confirmaron que entre jueces y funcionarios existe mayor intranquilidad desde el martes, cuando el titular del Juzgado 20 de Villa Regina fue removido de su cargo por el Consejo de la Magistratura.

«Hay mar de fondo», sintetizó un afiliado al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro antes de informar que desde las 17 se debatirá el caso Cariatore y su contexto en la sede de la entidad.

La fuente aportó como un dato para avalar su sensación de que «faltan garantías» de imparcialidad en los procesos de revisión interna que «el acta de sentencia del caso Cariatore está fechada el 23 de octubre y el juicio terminó el 24. No está claro qué pasó, pero no es un buen antecedente para afirmar que las decisiones no están tomadas de antemano».

El vocal del STJ y presidente subrogante del Consejo de la Magistratura, Víctor Sodero Nievas, aseguró ayer a «Río Negro» que este incidente se debió a un error de tipeo, que fue advertido en la víspera y subsanado de inmediato, dentro de los plazos y modos legales establecidos.

La visión opuesta a la que expresan -todavía off de record- jueces y funcionarios fue transmitida ayer por el auditor general del Poder Judicial, Gustavo Martínez.

El funcionario fue acusado el martes por el defensor de Cariatore, Jorge García Osella, de llevar adelante una «caza de brujas» en la justicia provincial.

«No sólo no es cierto sino que los magistrados deberían saber que la mayoría de los dictámenes de la Auditoría, por lejos, son para archivar las actuaciones. En pocos casos hay sanciones menores o llamados de atención», explicó Martínez a este diario. No obstante la aclaración, el auditor no desconoció que «estamos tratando de introducir de introducir un concepto que no gusta, que es el de rendir cuentas».

«Seguimos nuevas líneas, como las de Naciones Unidas. El juez debe ser el primer interesado en que se resuelvan las cuestiones vinculadas a su desempeño en el proceso y la posibilidad del descargo es la posibilidad de acrecentar su autoridad. Si no fuera así se ingresa a la sospecha generalizada», consideró Martínez.

El Colegio de Abogados de Roca también se involucró en el debate y recordó que desde antes del caso de Regina advertía al STJ sobre el error de ampliar las facultades de Cariatore hacia el fuero de Familia cuando había sido seleccionado por sus aptitudes para el fuero Penal. «Pareciera que vamos a contramano. En todos lados se brega por la especialidad y nosotros parece que queremos juzgados multifueros. De todas maneras, un juez tiene una investidura y vemos que en el caso particular juzgado también hay responsabilidad del magistrado», dijo Hugo Gatti.