Mañana debutarán los nuevos fiscales anticorrupción

NEUQUEN (AN)- Los nuevos adjuntos de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública harán su debut oficial mañana, justo el día en que se cumple el plazo de 15 días para resolver si se sigue adelante con la investigación de varios hechos de presunta corrupción o envían las causas al archivo.

Los nuevos colaboradores de Pablo Vignaroli son Facundo Trova y Oscar Silva. Ambos acaban de ingresar al Poder Judicial neuquino, y harán su primera experiencia en la fiscalía que maneja las causas más complicadas de la provincia y las que más le interesan al poder político.

Reemplazarán a los cuatro fiscales adjuntos que durante años se dedicaron a investiga presuntos casos de corrupción, y que fueron desplazados de sus cargos por pedido de Vignaroli menos de una semana después de asumir. Entre otros argumentos, dijo que «no tiene química» con ellos, que existe «frialdad en el trato» y «desconfianza mutua».

El desplazamiento y los reemplazos los decidió el Tribunal Superior de Justicia, pese a que el jefe de todos los fiscales, Alberto Tribug, había pedido tiempo para resolver, y contra la opinión de uno de los fiscales de Cámara que desaconsejó la brusca rotación (ver aparte).

Los cuatro adjuntos que venían trabajando en Delitos contra la Administración Pública fueron reubicados e otras áreas: Miriam Pazos pasó a la fiscalía de Cámara, Cristina Beute y Raúl Caffera a Delitos Complejos, y Mauricio Zabala a Delitos Violentos contra la Propiedad.

Antes de dejar sus cargos, los adjuntos completaron todas las investigaciones en marcha que pudieron y le dejaron a la firma de Vignaroli una serie de pedidos de indagatoria. El titular de la fiscalía debe decidir si envía esas causas a los juzgados para dar inicio formal a una causa penal.

Como se sabe, el TSJ impuso un máximo de 15 días a los fiscales para que completen las investigaciones y decidan si hay delito o no. Ese plazo, de acuerdo con la cuenta que sacan algunas fuentes, vence mañana.

Entre otros expedientes que Vignaroli tiene sobre la mesa de su despacho para examinar hay por lo menos dos que involucran al ex presidente del Banco Provincia y actual ministro de Seguridad, Luis Manganaro.

Uno está referido a su presunto enriquecimiento ilícito, y el otro a la violación de un secreto de sumario, cuando ventiló en la Legislatura los detalles del abuso sexual que sufrió una menor. En esa causa también está involucrado el fiscal de Cutral Co, Santiago Terán.

Vignaroli es un ex deudor incobrable del BPN.

«Desalientan la cooperación de la sociedad»

NEUQUEN (AN)- El fiscal de Cámara Ricardo Mendaña desaconsejó el traslado de los adjuntos porque «compromete el accionar de la fiscalía anticorrupción en su actividad investigativa» y «desalienta la cooperación de la sociedad civil para denunciar este tipo de delitos».

El jefe de todos los fiscales, Alberto Tribug, le pidió una opinión a los dos fiscales de Cámara sobre los traslados. Mendaña le respondió mediante un escrito, pero Alfredo Velasco Copello no.

Mendaña fijó su oposición en cuatro puntos. Primero, «falta de fundamentos», ya que Vignaroli «se limita a señalar que ha notado una actitud de indiferencia, que genera un clima de desconfianza mutua que le hace imposible construir un equipo de trabajo». Pero «no indica ningún hecho objetivo y de peso».

En segundo lugar, la medida ocasiona «graves perjuicios para el servicio» pues «compromete el accionar de la fiscalía. Prescindir del aporte de los adjuntos, cuando recién se asume el cargo, tiene entidad para comprometer las más de 150 investigaciones que tiene a su cargo la Agencia».

Como tercer punto menciona «la debida transparencia que debe guiar la actividad del Ministerio Público. En esa Agencia Fiscal se encuentran las causas con mayor trascendencia pública y esto impone la necesidad de transparentar las medidas que se tomen, para evitar que se instale o se refuerce en la opinión pública una imagen que le reste credibilidad al organismo y al Ministerio Público en su conjunto».

Por último, señala que «al carecer de fundamentos serios, la medida constituye una expresión descalificatoria de las aptitudes profesionales de los funcionarios afectados, que también debe considerarse al examinar la petición».