Manganaro se quitó los fueros y pidió ver la causa

El ex presidente del BPN hizo una presentación ante la Justicia. Se puso a disposición para que lo investiguen, y pidió sumarios por una supuesta filtración de la información.





NEUQUEN (AN)- El ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, se presentó ayer ante la justicia, se despojó de sus fueros y pidió una copia del expediente iniciado a partir de denuncias cruzadas entre el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y un ex empleado, por una presunta defraudación.

NEUQUEN (AN)- El ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, se presentó ayer ante la justicia, se despojó de sus fueros y pidió una copia del expediente iniciado a partir de denuncias cruzadas entre el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y un ex empleado, por una presunta defraudación.

Dijo que el empleado denunciante «presuntamente ha robado dinero al Banco Provincia y pretende cargarme su responsabilidad a mí». En el medio de la maniobra que se investiga está la AFIP-DGI, y el monto superaría el medio millón de pesos.

Dijo que el empleado denunciante «presuntamente ha robado dinero al Banco Provincia y pretende cargarme su responsabilidad a mí». En el medio de la maniobra que se investiga está la AFIP-DGI, y el monto superaría el medio millón de pesos.

«Río Negro» publicó ayer que desde la cámara compensadora, que en la región la administra el BPN, se habrían desviado fondos pertenecientes a la AFIP, por una cifra de hasta 700 mil pesos, a una o dos financieras.

«Río Negro» publicó ayer que desde la cámara compensadora, que en la región la administra el BPN, se habrían desviado fondos pertenecientes a la AFIP, por una cifra de hasta 700 mil pesos, a una o dos financieras.

Ese dato surge de las denuncias cruzadas que hay en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Una fue presentada por la actual conducción del Banco contra un ex empleado, Miguel Sagarzazu, y la otra por el mismo ex agente hacia el Banco, en este caso involucrando al ex titular de la institución y actual ministro de Seguridad, Luis Manganaro, y al gerente de sistemas del Banco, José Luis Rueda.

Ese dato surge de las denuncias cruzadas que hay en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Una fue presentada por la actual conducción del Banco contra un ex empleado, Miguel Sagarzazu, y la otra por el mismo ex agente hacia el Banco, en este caso involucrando al ex titular de la institución y actual ministro de Seguridad, Luis Manganaro, y al gerente de sistemas del Banco, José Luis Rueda.

Manganaro reaccionó ayer con una batería de recursos. Según se supo a través del Boletín de Prensa de la Gobernación, concurrió a la fiscalía General y solicitó «que se investigue a quienes habrían facilitado la difusión» de la causa en trámite. También pidió «que se giren las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que se realice el sumario administrativo que determine la responsabilidad de filtrar la información judicial a los medios de comunicación, incluso antes de que se informe a las partes».

Manganaro reaccionó ayer con una batería de recursos. Según se supo a través del Boletín de Prensa de la Gobernación, concurrió a la fiscalía General y solicitó «que se investigue a quienes habrían facilitado la difusión» de la causa en trámite. También pidió «que se giren las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que se realice el sumario administrativo que determine la responsabilidad de filtrar la información judicial a los medios de comunicación, incluso antes de que se informe a las partes».

El ministro solicitó que «se investigue al diario Río Negro para determinar qué periodista escribió la nota, quien o quienes le brindaron la información y en qué fecha, si existieron reuniones entre periodistas del diario, miembros de la Justicia, el señor (Miguel) Sagarzazu y sus asesores técnicos». También, que «se cite a declarar a los empleados de los órganos del Poder Judicial, que hayan tenido intervención en el trámite». Explicó que el fin de esas declaraciones es determinar «cómo es el procedimiento de entrega de información a la prensa, cuáles son los periodistas que frecuentan las oficinas de estos organismos y en base a qué facultades legales se hace».

El ministro solicitó que «se investigue al diario Río Negro para determinar qué periodista escribió la nota, quien o quienes le brindaron la información y en qué fecha, si existieron reuniones entre periodistas del diario, miembros de la Justicia, el señor (Miguel) Sagarzazu y sus asesores técnicos». También, que «se cite a declarar a los empleados de los órganos del Poder Judicial, que hayan tenido intervención en el trámite». Explicó que el fin de esas declaraciones es determinar «cómo es el procedimiento de entrega de información a la prensa, cuáles son los periodistas que frecuentan las oficinas de estos organismos y en base a qué facultades legales se hace».

Manganaro pidió asimismo que se investigue la presunta vinculación de algunos periodistas neuquinos con la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional (SIDE). Y «la posible maniobra de difamación de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial bajo el 'modus operandi' de hacer denuncias falsas que son luego recogidas durante meses o años por los medios de comunicación, quedando en letra muerta para los presuntos delincuentes el derecho de defensa en juicio y las garantías que a todo ciudadano le brinda la Constitución».

Manganaro pidió asimismo que se investigue la presunta vinculación de algunos periodistas neuquinos con la Secretaría de Inteligencia del Estado Nacional (SIDE). Y «la posible maniobra de difamación de funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial bajo el 'modus operandi' de hacer denuncias falsas que son luego recogidas durante meses o años por los medios de comunicación, quedando en letra muerta para los presuntos delincuentes el derecho de defensa en juicio y las garantías que a todo ciudadano le brinda la Constitución».

Pidió además que «se investiguen casos similares que hayan terminado con absoluciones en la Justicia y abultadas injurias en los medios de comunicación». En el mismo sentido, citó el caso de la cámara oculta y afirmó que «fue notoriamente publicado por el diario 'Río Negro', por los mismos abogados que hoy patrocinan a quien presuntamente ha robado dinero al Banco Provincia y pretende cargarme su responsabilidad a mí».

Pidió además que «se investiguen casos similares que hayan terminado con absoluciones en la Justicia y abultadas injurias en los medios de comunicación». En el mismo sentido, citó el caso de la cámara oculta y afirmó que «fue notoriamente publicado por el diario 'Río Negro', por los mismos abogados que hoy patrocinan a quien presuntamente ha robado dinero al Banco Provincia y pretende cargarme su responsabilidad a mí».

Trascendió además que el ministro presentó un escrito en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, donde están radicadas las denuncias cruzadas, poniéndose a disposición de los investigadores, despojándose de sus fueros y solicitando fotocopia del expediente.

Trascendió además que el ministro presentó un escrito en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, donde están radicadas las denuncias cruzadas, poniéndose a disposición de los investigadores, despojándose de sus fueros y solicitando fotocopia del expediente.

 

El perjuicio habría sido para el BPN

NEUQUEN (AN)- La maniobra que investiga la justicia a partir de las denuncias cruzadas entre el Banco Provincia de Neuquén y un ex empleado habría perjudicado a la casa crediticia provincial y no a la AFIP-DGI.

Un periodista de este diario intentó conectarse ayer en seis oportunidades con el presidente del BPN, Félix Racco, pero el funcionario estuvo permanentemente ocupado, o al menos así respondió ante cada requisitoria su secretaria, que se identificó como Marcela.

Tampoco el gobernador Jorge Sobisch quiso referirse al tema, y cuando fue consultado dijo que desconocía la existencia de las denuncias.

Por otro lado se supo que funcionarios de la delegación regional de la AFIP-DGI estuvieron en la fiscalía y también se pusieron en contacto con el juez Federal, Guillermo Labate. «Estuvimos reunidos con ellos y tuvimos otras muchas reuniones», dijeron las fuentes consultadas en el organismo nacional.

De acuerdo con la información obtenida por este diario, el organismo recaudador no presentó denuncia ni se consideró damnificado por la maniobra investigada. De allí se infiere que si existió perjuicio, fue para el Banco Provincia.

La primera denuncia a la fiscalía la llevó el BPN a mediados de mayo, como consecuencia de un supuesto faltante en la cuenta de la AFIP.

Racco señaló en el escrito que el control de esa cuenta estaba a cargo de Sagarzazu.

Pocos días después, Sagarzazu presentó un escrito mediante el que apuntó contra Manganaro.

El ex agente llegó a la justicia en carácter de arrepentido y aseguró en su denuncia, a la que este diario accedió a través de sus abogados, que el ex titular del BPN le dijo que para lograr un contrato laboral definitivo debía obedecer ciertas órdenes, específicamente una que consistía en la transferencia de cheques de la DGI a cuentas que pertenecían a las firmas San Benito Financiera e Invexport.

Al menos una de esas financieras es de Guillermo Aspe al que Sagarzazu conoció a través de Manganaro en un café del centro, según la denuncia judicial del arrepentido.

Aspe también se presentó en la causa con un escrito en el que asegura que fue el ex empleado el que le pidió depositar cheques en la cuenta de Invexport SRL a los efectos de poder monetizarlos.

 


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