Mano a mano



–¿Lo tomó por sorpresa la decisión del gobernador de postularlo para el TSJ?

–No, hace unos días el gobernador me convocó a una entrevista. Me manifestó su intención de nominar a un penalista. La búsqueda estaba orientada hacia alguien del Poder Judicial, y en ese marco me dijo que se había inclinado por mí.

–Usted adoptó decisiones judiciales que para algunos lo ubican como “garantista”. ¿Coincide con esa calificación?

El juez que no es garantista no puede ser juez. Las garantías están en la Constitución y es la primera ley que hay que respetar. Hay una forma peyorativa de referirse al garantismo, algo así como “los jueces sacapresos”. Las garantías están ahí para respetarlas.

–Hace dos años que se desempeña como juez del Tribunal de Impugnación ¿Qué aporte cree que puede hacer para consolidar la reforma procesal desde el TSJ?

–El Código Procesal Penal ha sido un gran avance, hay mejoras notables. Los procedimientos son mucho más rápidos. Pueden haber algunas cuestiones que se pueden perfeccionar, ya sea desde la jurisprudencia o en el futuro o con alguna reforma menor.

–Escribió un libro sobre los cortes de ruta en el que planteaba que no existen dos cortes de ruta iguales y que la acción de quien corta puede o no recibir reproche penal. ¿Sigue pensando lo mismo?

–Sí, no todos los cortes de ruta son iguales. Lo que se produjo fue un cambio sustancial con la reforma procesal. Hoy quien tiene la facultad de decidir el desalojo de una ruta, si el corte de ruta se criminaliza, es la fiscalía. Rige el principio de oportunidad, la fiscalía lleva su política de persecución pública de acuerdo a sus lineamientos.

A tener en cuenta


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