Mantienen la suspensión de cortes a carenciados

VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobó ayer una prórroga de 150 días de la ley 3.720 por la que se prohíbe el corte de los servicios de agua potable, luz y gas a personas carenciadas.

La legisladora de ARI, Magdalena Odarda, fundamentó la extensión del beneficio recordando que se mantienen las causas socio-económicas que dieron origen al proyecto inicial.

Informó durante la sesión que las empresas prestatarias tendrán que establecer planes de pago a los usuarios que se acojan al régimen y que deberán concretar reconexiones en forma gratuita a quienes se les hubiere cortado. Recordó que los incumplimientos de las empresas habrá multas de 200 y 2.000 pesos.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera vuelta lo cual genera algunos inconvenientes de aplicación. El 11 de abril próximo vencerá un decreto-ley que había ampliado un plazo anterior y como resultará difícil que el Parlamento rionegrino lo apruebe en segunda vuelta confirmatoria para que quede vigente, no se descarta que el Poder Ejecutivo emita un nuevo decreto.

De esta manera, se podría salvar un bache legal y los beneficiarios tendrían plena cobertura de este recurso.

La postergación de cortes beneficia a trabajadores desocupados siempre que se trate de suministros domiciliarios de gas natural, energía eléctrica y agua potable y desagües cloacales.

Se trata de usuarios cuya situación de desempleo o condición socioeconómica impida el cumplimiento de sus obligaciones en término.

Los beneficiarios deberán presentar certificados emitidos por la Secretaría de Trabajo, en caso de que hayan acreditado la condición de desocupados en sus registros o encuestas socio-económicas expedidas por autoridad competente.

Quedan comprendidos en el beneficio los jubilados con discapacitados a cargo, madres solteras jefas de familia, jefes o jefas de familia con incapacidad laboral permanente superior al 50% y pasivos que perciban el haber mínimo.

Con el objeto de acreditar dichos extremos, las empresas prestadoras requerirán una declaración jurada a tal efecto, a efectuarse ante la misma empresa prestataria, la cual deberá ser remitida a la autoridad de aplicación para su empadronamiento.

Las mencionadas circunstancias también podrán acreditarse por encuesta socio-económica de las empresas prestadoras o por la autoridad municipal.

Cuando los solicitantes no sean titulares del servicio deberán acreditar su carácter de ocupantes de la vivienda mediante declaración jurada ante la misma empresa prestataria del servicio público.

Quedarán también alcanzados aquellos usuarios que se encuentren afectados por los atrasos salariales de los sectores público nacional, provincial o municipal.

Este tipo de norma no suspende la obligación de pago ni invalida el reconocimiento de deuda que fue generada en el período de referencia.

Registro de Comercio pasa a Personas Jurídicas

VIEDMA (AV).- El Registro Público de Comercio pasará del ámbito judicial al área de Personas Jurídicas, según un proyecto tratado en única vuelta por el Parlamento rionegrino.

Una vez que quede firme, en 90 días, la justicia deberá trasladar los expedientes de trámites en curso y pendientes de resolución en los juzgados a cargo de los registros.

Las modificaciones prevén que de aquí en adelante el organismo tenga rango de Inspectoría General de Personas Jurídicas.

Junto con el registro, el nuevo organismo deberá inscribir en la matrícula a comerciantes, auxiliares de comercio, martilleros y corredores públicos.

El radicalismo gobernante defendió la iniciativa por medio de la legisladora Ana Piccinnini sosteniendo que «desagotará la tarea de juzgados civiles» y «agilizará» los trámites.

El peronista Mario Colonna rechazó la iniciativa argumentando que no será de utilidad ya que Personas Jurídicas tiene expedientes atrasados. Sin embargo, después de un cuarto intermedio, el peronismo cambió el voto y sus legisladores levantaron la mano.

Antes de llegar a esta instancia, Piccinnini reprendió a Claudio Lueiro del Partido Provincial Rionegrino (PPR) por haber firmado el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en favor y en disidencia.