Mantienen límites a los pedidos de informes

NEUQUEN (AN).- El derecho de los ciudadanos a recibir información municipal en Neuquén depende de la voluntad de los funcionarios de turno, y por decisión política de la sociedad UCR-MPN, esta restricción se extiende a los concejales.

El acceso a la información es una facultad prevista en la Carta Orgánica de la ciudad, sancionada en 1995, pero para ser aplicado necesita ser reglamentado por ordenanza. Desde entonces, hace ya siete años, este derecho ha sido sistemáticamente resistido por los gobernantes.

En la misma sesión, el matrimonio político rechazó la aplicación de declaraciones juradas patrimoniales bianuales obligatorias a funcionarios, políticos y empleados de planta permanente. Se adujo que se «burocratiza» un trámite que la Carta Orgánica establece al inicio y al final de cada gestión. No se mencionó que la mayoría de los ediles ingresantes el año pasado no cumple este requisito.

La recordación de pedidos de informes nunca contestados no pudo con la decisión de los representantes del intendente Horacio Quiroga y del gobernador Jorge Sobisch de no apoyar el proyecto del socialista Humberto Zambón. Desde hace seis años Zambón hace intentos de reglamentar esta atribución y en esta ocasión contó con el apoyo del arco opositor.

La Carta Fundacional consagra el derecho de la información como un derecho de la comunidad a acceder a aquella relativa a hechos y actos que afecten su destino y a la relacionada a la gestión de gobierno, así como una obligación del Estado Municipal. Y especifica que debe ser reglamentado por ordenanza.

«Acompañamos desde lo ideológico» este derecho «pero no podemos engañarnos en su contenido», abrió el debate el emepenista Ernesto Michelutti.

Sostuvo que la Constitución y la Carta Orgánica bastan para garantizar esta facultad a los neuquinos. «Basta recordar los pedidos de informes elevados al Ejecutivo por los concejales, periodistas y particulares que nunca tuvieron respuesta», contrapuso el socialista. Urgió sobre la obligación que tienen las autoridades de «democratizar la información, que es de todo el pueblo porque la paga».

Desde el oficialismo, el radical Carlos Vidal aseveró que «la información está suficientemente garantizada» por el municipio, aunque se mostró proclive a buscar el modo de que el gobierno conteste los informes.

En el debate por imprimir carácter bianaual a las declaraciones patrimoniales -impulsado por el ARI como un elemento más de «transparencia» y de «freno a posibles enriquecimientos ilícitos»- el peronista Segundo Záccar, aludiendo al MPN y a la UCR, dijo que «hay que ser honesto y parecerlo».

El presidente del cuerpo, Néstor Burgos, bajó a la banca para retrucar que «no sólo hay que ser transparente, parecerlo sino hacer todo para hacerlo». Recriminó entonces que apenas un puñado de concejales y funcionarios adhirieron al descuento automático de tasas. «Este es el país de la hipocresía», señaló a la oposición, «quiero recordarles algunos ejemplos que surgen de la sociedad, como mentir las valuaciones fiscales de las propiedades, en el que intervienen inmobiliarias y escribanos, o no pagar los servicios retributivos».